Media arremete contra los colectivos que cuestionan la Ley del Suelo: “Toda esa gente que se pone detrás de una pancarta no representa a nadie”
“Toda esa gente que se pone detrás de una pancarta es tan poca que casi no pueden aguantarla entre ellos y no representan a nadie. Cuando dicen que vamos a llenar de hormigón Cantabria, mienten y lo saben, saben que es mentira porque han participado en la elaboración de la ley, mienten y piensan que así pueden sacar algún voto más. No estaría de más que los que han mentido a sabiendas durante meses pidan disculpas a los cántabros”.
Con estas palabras, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), se ha despachado contra las movilizaciones que están llevándose a cabo estos meses contra la legislación del suelo de Cantabria y diversos planes de desarrollo urbanísticos como los de Loredo. También contra los socialistas cántabros que cuestionan la constitucionalidad de la reforma de la Ley del Suelo que ha visto aprobada el PP a final de año. El reciente acuerdo en la comisión bilateral Estado-Cantabria, en donde se ha introducido un cambio mínimo, ha hecho que el Gobierno de Cantabria muestre su “contento” y pida a los críticos que se disculpen ante los cántabros.
Cerca de un millar de personas se ha manifestado este domingo en Puente San Miguel para reivindicar un cambio de modelo turístico que proteja el territorio y ponga solución al problema de acceso a la vivienda. La movilización estaba convocada por la plataforma 'Cantabria para Vivir', creada recientemente e integrada por una veintena de colectivos entre movimientos sociales, asociaciones vecinales, feministas y culturales, partidos políticos y sindicatos. El “contento” de Media es por partida doble ya que, además, acaba de autorizarse el desarrollo completo del proyecto eólico de El Escudo.
“La gente que el otro día protestaba porque le molesta el teleférico, los turistas, la Ley del Suelo... son los mismos que protestan por la energía eólica -ha dicho este martes en rueda de prensa-. Cambian de pancarta, ponen demandas y piden cautelares y las pierden todas. El Consejo de Ministros ha autorizado la totalidad del parque de El Escudo con todos los parabienes para que se acabe cuanto antes. Y hay un ayuntamiento [por San Miguel de Aguayo] que se inventa unas vueltas y unas asociaciones que no ponen un euro de su bolsillo y que deberían apechugar cuando no tengan razón, pero, como tienen derecho a justicia gratuita, ahí los tenemos todos los días”.
“Los que se manifestaron en Puente San Miguel son los mismos año tras año. Están haciendo un flaco favor a Cantabria y saben que es mentira lo que dicen. Lo triste es que haya grupos parlamentarios que se pongan detrás de esa pancarta. Hay alcaldes que me decían 'no des un paso atrás', incluso del PSOE. Si algún ayuntamiento socialista no lo quiere [la aplicación de la Ley del Suelo] que lo lleve al pleno y lo vote. Es bonito predicar y no dar trigo”, ha expresado el titular de Fomento.
Acuerdo con el Estado
El acuerdo alcanzado en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma sobre la Ley del Suelo es de reducido calado. Según el relato del consejero cántabro, de las siete discrepancias que tenía el Estado, todo ha quedado reducido a una modificación, que se tramitará vía Ley de Acompañamiento presupuestaria, y que concierne al artículo 43a del texto reformado. La redacción final contemplará “la demolición sin indemnización” cuando ahora se habla de “renuncia expresa a su valor de expropiación”.
El artículo reformado hace referencia a la construcción en suelo rústico a falta de plan parcial y ahora dice así: “Usar, disfrutar y disponer de los terrenos conforme a su estricta naturaleza rústica, debiendo destinarlos a los fines agrícolas, forestales, ganaderos o similares propios de los mismos, mientras no se apruebe el Plan Parcial. Durante ese tiempo, se aplicará para este tipo de suelo el régimen establecido en el artículo 50 de esta ley para el suelo rústico de protección ordinaria, con la excepción de las viviendas unifamiliares a que se refiere el artículo 51, en todo caso con renuncia expresa a su valor de expropiación en el supuesto de incompatibilidad con el desarrollo del Plan Parcial”.
Del resto de reparos, nada, según Media. Este ha valorado así que “el Estado ha avalado que se puede construir en suelo rústico en las condiciones de la ley, pero teniendo en cuenta valores ambientales, culturales y riesgos ambientales. Y es la fórmula que la CROTU [Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo] ya aplica para la ley. Se hace análisis caso por caso, parcela por parcela, para evitar riesgos. Tiene que justificarse que la parcela para construir no tiene una especial protección”.
Asimismo, ha reiterado que la actual legislación “no permite construir viviendas en suelo rústico de forma indiscriminada” y que adopta cautelas “para evitar la construcción en suelo con algún valor”. “El Estado entiende que la ley ya salvaguarda la protección del suelo”, ha sentenciado el consejero.
El Estado entiende que la ley ya salvaguarda la protección del suelo
La lectura política de este acuerdo va dirigida desde el PP al PSOE y los colectivos sociales críticos. Media ha reiterado que, al participar en los procesos de elaboración de la ley, conocían que no habría una “construcción indiscriminada en suelo rústico” y, por lo tanto, han estado mintiendo a sabiendas. “Muchas de las cosas dichas eran falsas -ha señalado-: No se llenará de cemento Cantabria”.
Para ilustrar el supuesto alcance limitado de la legislación, Media ha traído a colación el resultado de 10 años de aplicación de la ley, entre 2012 y 2022: 1.300 viviendas unifamiliares, una por ayuntamiento y año, ha ejemplificado, añadiendo que “nadie puso repaso a las 1.300 viviendas unifamiliares construidas desde el 2012 al 2022”.
Media ha recriminado al secretario general socialista y portavoz, Pablo Zuloaga, así como a miembros del Gobierno central, haber dudado de la constitucionalidad de la norma y acusado a María José Sáenz de Buruaga de “presidir un gobierno antisistema”. “Ha intentado agitar a una sociedad por el único interés del rédito electoral”, ha valorado el consejero.
“La ley permite construir a un máximo de 200 metros de los entornos urbanos y el resto estará protegido. La ley no es obligatoria para ningún ayuntamiento. Todos los alcaldes que no quieran aplicarla en su municipio pueden llevarlo a pleno y anularlo, a ver qué les dicen sus vecinos”, ha insistido Media. Alcanzado el acuerdo, la propuesta de la comisión bilateral se aprobará este jueves en Consejo de Gobierno y posteriormente en el Ministerio de Política Territorial. Luego, se comunicará al Tribunal Constitucional y se publicará en BOE y BOC.
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