Cortina se muestra solvente aunque deja algunas lagunas en su declaración como imputado

El alcalde y candidato del PP en Astillero, Carlos Cortina, ha declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por la contratación supuestamente irregular de una persona próxima a su partido entre los años 2007 y 2010. En concreto, se trata de Rosa Nozal, hermana de la responsable de Personal del Consistorio.

Ha sido una declaración muy larga, por espacio de casi tres horas, en las que Cortina ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y a las de los abogadas de la acusación particular -PSOE e IU-, del denunciante -el secretario municipal del Ayuntamiento- y del suyo propio, que curiosamente es el mismo que el de las hermanas Nozal. También ha intervenido la letrada del Consistorio.

Según han relatado fuentes judiciales a este diario, el alcalde ha llegado con la lección muy bien aprendida. Ha sido muy exhaustivo en las respuestas y ha estado 'suelto', tanto que en alguna ocasión ha sido llamado al orden por el magistrado al desviarse del caso, especialmente en los momentos más peliagudos.

Durante su intervención, Cortina no ha negado que Rosa Nozal actuara como interventora del PP en las elecciones del año 2011, y tampoco ha aclarado si ésta persona ha seguido trabajando para el Ayuntamiento o alguna entidad del mismo después de que en el año 2010 fuera cesada tras los reparos formulados por el interventor.

Respecto a su relación con el secretario municipal, de quien partió la denuncia, el alcalde ha afirmado que mantienen una relación cordial, algo que choca con las declaraciones que había hecho públicas 24 horas después de conocerse su imputación. En un comunicado enviado a los medios, el regidor cargó duramente contra el funcionario, al que acusó de haber “manipulado” documentos y de “tergiversar los hechos”.

El momento más farragoso para el 'popular' ha llegado cuando ha tenido que explicar por qué tras el cese de Rosa Nozal no se inició un procedimiento formal de contratación si el trabajo para el que había sido contratada no había concluido y era tan importante para el Ayuntamiento. En este sentido, fuentes judiciales afirman que no ha sabido explicar los cerca de 100.000 euros que se han pagado a Nozal y que “no han servido para nada”.

En su defensa, Cortina ha insistido en que no ha firmado ningún documento susceptible de ser prevaricador, alegando que los interventores anteriores no habían puesto reparos a la contratación de esta persona.

Al acabar el interrogatorio, el abogado del candidato del PP ha anunciado que solicitará el sobreseimiento de las actuaciones. Incluso, ha llegado a pedir expresamente al juez que por razones de tipo electoral, “en lo que pudiera” archivase la causa antes de la celebración de los comicios autonómicos y municipales, que tendrán lugar el próximo 24 de mayo.

El plazo para que las partes presenten alegaciones es de cinco días. A partir de entonces todo quedará en manos del juez, que puede dictar auto de continuación o auto de sobreseimiento, ambos recurribles.

“Clientelismo político”

Para el alcalde, su declaración ha sido “clarificadora” y ha servido para “desmontar” el “despropósito” que, en su opinión, ha supuesto su imputación. Así lo ha manifestado al término del interrogatorio, al que ha respondido “con naturalidad”. “No he dejado ninguna pregunta sin responder”, ha dicho.

Así, Cortina ha insistido en que “lo único” que hay en este asunto son “manipulaciones de datos y falsedades”. “No cometí ningún error”, subraya.

Desde la oposición destacan que los hechos son irrefutables: se ha pagado a una persona más de 100.000 euros por un trabajo que en tres años y medio no ha completado. Y, además, su contratación se realizó “sin cobertura legal” y ha estado motivada por su vinculación con el Partido Popular y no por sus méritos profesionales como, a su juicio, ha quedado sobradamente demostrado.

“Es un caso clarísimo de clientelismo político. Se mete a la hermana de una persona que lleva once años trabajando en el Ayuntamiento, simpatizante del PP, con una licenciatura en Sociología y mínima experiencia profesional para realizar la relación de los puestos de trabajo de un Ayuntamiento, una tarea propia de consultores y especialistas en administración y organización empresarial. Y ello a través de reiterados contratos menores para no tener que hacer un concurso público”, concluye una fuente cercana al caso, que cree que el gasto hubiera permanecido en el tiempo si el secretario y la oposición no lo hubieran denunciado.