La Justicia archiva la denuncia contra Pedro Casares y certifica que no hubo falsificación de firmas en la UC

La Justicia ha eliminado de un plumazo las dudas que pendían sobre la carrera política de Pedro Casares, el secretario general del PSOE en Santander, portavoz municipal y diputado en el Congreso por Cantabria desde las pasadas elecciones del 10 de noviembre. El dirigente socialista se vio envuelto en medio de un caso de supuesta falsificación de firmas que estalló en plena precampaña electoral cuando aspiraba a la Alcaldía de la ciudad y tuvo que afrontar desde entonces un largo camino en los tribunales que parece que ahora llega a su fin.

Y es que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander acaba de declarar el archivo de la causa abierta tras la denuncia de su excompañero y exprofesor de la Universidad de Cantabria (UC) Manuel Agüeros por la supuesta falsificación de firmas en una contratación hecha en 2012 a una persona del entorno de Casares, tras las conclusiones de un informe caligráfico al que ha tenido acceso eldiario.es y que concluye que las anotaciones manuscritas “corresponden al denunciante” y que “no existen indicios de delito de falsedad documental”.

Tal y como adelantó en exclusiva este periódico, las supuestas firmas falsas en este proceso de adjudicación de becas en la UC en el año 2012 con las que se pretendía implicar al secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía en un posible trato de favor tenían como objetivo ser utilizadas por parte del denunciante en una campaña de “chantaje y extorsión” a diversos cargos de la institución académica a cambio de “beneficios personales” y mejoras en su actividad profesional.

Así se desprendía de la grabación de la conversación completa, de cerca de hora y media, a la que tuvo acceso eldiario.es, y en la que se podía escuchar el diálogo íntegro y sin cortes o alteraciones mantenido entre el catedrático y actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC, Pablo Coto, con el profesor asociado Manuel Agüeros, el 18 de diciembre de 2015, en la que este último realizaba una serie de peticiones a cambio de no provocar un escándalo mediático a través de una campaña de difamación como la que se produjo finalmente.

En la conversación íntegra entre Coto y Agüeros, -de la que se habían filtrado solo algunos fragmentos editados o distorsionados hasta que eldiario.es accedió al audio completo-, el decano acusaba directamente al profesor de “falsificar” su propia firma de manera intencionada, haciendo una rúbrica que no era la suya para intentar aprovechar esos documentos a posteriori a través de la “fabricación de pruebas” para su beneficio personal.

Según esta versión, que Agüeros no negaba en ningún momento, los documentos habrían estado varios años “en un cajón” a la espera de una ocasión para “coaccionar” y “chantajear” tanto a Coto como a Casares, que sufrió estas acusaciones a solo seis meses de las elecciones municipales en las que concurrió como cabeza de cartel del PSOE.

Cuando el caso saltó a opinión pública, lo hizo a través de estos audios que se filtraron a un medio de comunicación que pretendía vincular a Casares en la supuesta falsificación de firmas para beneficiar a una persona de su entorno, unos audios que quedó demostrado que fueron manipulados, editados, recortados y sacados de contexto con el objeto de inducir a la confusión e implicar al líder socialista en una presunta trama a menos de seis meses de las elecciones municipales.

Archivado por segunda vez

El auto, fechado este pasado jueves 9 de enero, señala que el informe pericial caligráfico concluye que las anotaciones manuscritas bajo las firmas de las actas de reunión, cuya autoría se negaba por el denunciante, “han sido realizadas por este, por lo que no existen indicios de delito de falsedad documental y procede el sobreseimiento provisional”. Contra el auto cabe recurso de reforma ante el propio juez o de apelación ante la Audiencia Provincial.

Sin embargo, es la segunda vez que el magistrado Fernando Vegas archiva esta causa. Hace algo más de un año, el 20 de diciembre de 2018, acordó su sobreseimiento provisional por falta de autor conocido de las firmas supuestamente falsificadas. Poco después, el 25 de enero de 2019, reabrió la causa tras estimar parcialmente los recursos de reforma de la Fiscalía y el denunciante, miembro del tribunal seleccionador en esa contratación, del que también formó parte el propio Casares y el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, Pablo Coto.

El juez citó entonces a Manuel Agüeros a declarar y le requirió para que aportase el audio al que se refería en su denuncia y realizase una prueba caligráfica. Asimismo, requirió a la Universidad de Cantabria que aportara las actas de las reuniones de la comisión de selección de personal investigador en las que Agüero dice que se falsificó su firma, y con las que la Brigada Provincial de la Policía Científica de Santander ha extraído una conclusión clara: las firmas atribuidas a Manuel Agüeros fueron realizadas por él mismo.