El día después

Las consecuencias de la pandemia van a alterar sustancialmente nuestras vidas y buena parte de las normas que regían hasta ahora. Desde el punto de vista político, no es probable que la llegada de tiempos mejores sirva para apaciguar los ánimos; si la crispación no se ha reducido ni en los peores momentos, cuando el conteo de muertos era difícilmente soportable, no parece factible que la vuelta a la relativa normalidad mejore el panorama. Por ello, es bueno pensar en formas susceptibles de purificar el ambiente, sin que en esta ocasión sea necesario el confinamiento para conseguirlo. Una buena guía puede ser analizar los hechos y las decisiones en función de ellos mismos y no de quien los ejecuta.

Se ha repetido insistentemente que los políticos no han estado en esta crisis a la altura de una sociedad ejemplar en sus comportamientos. No hay tampoco mucha objetividad en esta consideración: en la sociedad hemos visto comportamientos de todo tipo. Si es verdad que la población ha cumplido muchos días de confinamiento con una disciplina admirable, también es cierto que se han producido comportamientos poco solidarios, como vimos con los desplazamientos a las segundas residencias. Se dice que en las situaciones extremas aflora lo mejor y lo peor del ser humano, y en esta crisis lo hemos podido comprobar. Pero si es bueno analizar con la mayor objetividad posible los comportamientos sociales, igualmente debemos hacerlo con los comportamientos políticos. Hay una responsabilidad evidente en aquellos líderes políticos que han utilizado la tragedia para obtener réditos políticos. Y habría que pedírsela. Y también ha habido políticos que han sufrido y luchado como aquellos médicos, enfermeros, policías…, a quienes aplaudimos y reconocemos como merecen.

La pandemia no puede utilizarse como pretexto para disparar al de enfrente, haga lo que haga y pase lo que pase. Es evidente que el gobierno ha cometido errores (muchos más de los que está dispuesto a reconocer), y graves, pero no lo es menos que nadie estaba preparado para una crisis así, y que la gran mayoría de los gobiernos europeos se han visto igualmente sorprendidos y desbordados por la situación. Explicar a los ciudadanos los procesos de toma de decisiones, explicar por qué lo que hoy parece obvio (la adopción de medidas de precaución antes de pasar en un minuto de la nada al confinamiento total de 47 millones de personas) no se hizo debería ser materia obligada. Pero aún más debería evitarse el ataque sistemático y gratuito a quien tiene que tomar decisiones muy difíciles y muy complejas, con el solo objetivo de erosionar políticamente al Gobierno y facilitar el acceso al poder de la actual oposición. Son actitudes que vienen a demostrar, en este caso de manera particularmente lamentable, la falta de cultura democrática, de hábitos de respeto y humanidad que deberían ser previos a cualquier pronunciamiento. Si es importante no establecer una fractura artificial entre ciudadanía y 'clase política', sí hay que insistir en que la responsabilidad de los líderes políticos, obviamente, es muy superior a la del común de los ciudadanos, porque su grado de influencia y de poder es mucho mayor, y también porque su condición de representantes les obliga más.

La importancia de identificar los principios ideológicos que están detrás de la toma de decisiones trascendentales forma parte del deseable bagaje social de una ciudadanía activa y crítica; las medidas necesarias para, al menos, paliar los efectos devastadores de la recesión no pueden ser neutrales. Van a implicar opciones que de ningún modo pueden pretender contentar a todos. Si hay que ayudar a los grupos sociales más débiles será imprescindible obtener recursos de los poderosos. En este sentido, un gobierno de izquierdas debe llevar adelante políticas progresistas e igualitarias; es un gobierno legítimo y tiene mayoría para hacerlo. El llamamiento para alcanzar acuerdos generales destinados a favorecer la recuperación no está de más, pero en ningún caso debe ser paralizante. En una democracia los acuerdos amplios son deseables, pero el mecanismo de toma de decisiones se basa en las mayorías parlamentarias. Y este es el momento de poner en práctica políticas sociales de amplio alcance. Se ha aludido estas semanas a precedentes históricos (New Deal, Plan Marshall, construcción de los estados del bienestar en la segunda posguerra europea…) que marcan el camino si se quiere que a la tragedia sanitaria no le siga la tragedia social: no hay otra alternativa que la de una intervención masiva del Estado, que debe ir desde la inyección de liquidez a una economía paralizada bruscamente y con muchos damnificados necesitados de ayuda inmediata, pero sin olvidar la perspectiva a medio y largo plazo. Y es también, como se ha puesto de manifiesto desde responsables gubernamentales, el momento de replantearse la necesidad de una sanidad mejor dotada, de poner los recursos al servicio de la ciudadanía, lo que incluye cuestionar privatizaciones en el terreno sanitario y sobre todo en el de las residencias de ancianos. No pueden estar la salud y la vida, como por desgracia ha sucedido en esta crisis, subordinadas a los intereses de negocios privados, a la lógica del beneficio.

No parece probable que si se proponen políticas en esta línea los partidos de derecha estén dispuestos a apoyarlas, y es legítimo que mantengan esa posición. Está bien proponer acuerdos amplios, pero no está bien utilizarlos para entrar en un pugilato absurdo que solo sirva para enfangar el terreno. Un intento de acuerdo amplio debería pasar por un llamamiento igualmente amplio a organizaciones políticas y sociales, por una campaña de información y consulta con transparencia y predisposición a escuchar a todos. Y abriendo un gran debate social y político con la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. No hay política progresista sin participación real, sin transparencia y sin democracia. La deliberación pública sobre políticas concretas tiene además la virtud de dificultar la identificación sumisa con opciones predeterminadas. El cierre de filas incondicional sustentado en la demonización del contrario solo genera polarización estéril, polémicas (no debates) inútiles, y un estado de crispación del que solo se benefician líderes sin escrúpulos.

Todos los manuales apuntan que las crisis, la inseguridad y la pérdida de referentes son el caldo de cultivo en el que la ultraderecha avanza con sus soluciones falaces pero sencillas de difundir y entender. Frente a las turbulencias que las dificultades sanitarias, sociales, económicas van a trasladar probablemente al ámbito político no hay otra vacuna que las políticas sociales, defender realmente a los más precarios y practicar una honestidad que pasa por tratar a la ciudadanía con respeto y con las actitudes democráticas que corresponden a la mayoría de edad política. Este es el camino para que España pueda salir de esta crisis con los mínimos daños posibles; si el objetivo principal que anima a los responsables políticos, del nivel territorial y la adscripción política que sea, es quedar bien ante el espejo, seguir insistiendo en la propaganda y en dar prioridad a la construcción del discurso sobre la realidad, la deriva será simplemente insoportable. A la extrema derecha, que constituye un peligro real para la democracia, para la igualdad y para los más débiles, se le combate con las ideas y con la denuncia, pero sobre todo con el ejemplo y con medidas políticas reales, no con propaganda ni con insultos. Todo lo demás contribuye a su crecimiento y a convertir el ambiente en irrespirable. Y sin necesidad de virus.