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Un mercado eléctrico que ‘es un delito’
![Los molinos de un parque eólico ubicado en una zona montañosa.](https://static.eldiario.es/clip/a676f9d2-3db7-4cf7-b025-1391e9564f23_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
En la factura de la luz hay un componente que raya lo delictivo… y no es solo que nuestro gasto sea criminal en comparación con nuestros sueldos, que también. No se cansan de decirnos que la subida es consecuencia de los elevados costes del gas y los derechos de emisión de CO2 en Europa, —aunque el gas y los otros combustibles fósiles están detrás de apenas el 9% de toda la generación eléctrica en España— pero lo que no nos dicen es que el precio de la electricidad lo fijan especulaciones sobre futuros totalmente desmadradas, un sistema de pago por generación que no tiene ni pies ni cabeza, pero que se entiende mejor con el factor puertas giratorias.
Mientras nuestra factura subía sin cesar el pasado año, las cifras del monopolio eran otras: Naturgy ganó 1.214 millones disparando sus ingresos un 44%; Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.408 millones de euros y Endesa 1.459 millones en los primeros nueve meses del año; EDP, 510 millones de euros entre enero y septiembre de 2021, un crecimiento del 21%; y Repsol volvió a los beneficios pre-pandemia alcanzando los 1.939 millones, un 32% más, según explicaba Josu Jon Imaz, antiguo peneuvista y ahora su consejero delegado, con una nómina, por cierto, que asciende a 3,4 millones de nada. Del resto no comento sueldos, por no enardecer de más al personal, pero es, por resumir, obsceno lo que ganan por dificultarnos la vida a los demás.
No es suficiente con que estemos pagando cantidades indecentes por un producto de un mercado que tiene clientes cautivos, porque nadie puede prescindir de la luz y menos en invierno. Es que ya está avisando a las pymes de subidas de hasta el doble, así que, a la subida que ya soportamos de los precios habrá que sumarle más de modo indirecto. Hablamos de que suba más una inflación del 3,1%, tras la subida más alta en los diez últimos años, con la consecuente pérdida del valor de nuestro dinero, y con un Índice de Precios al Consumo —el dichoso IPC, esto es, el coste de productos y servicios—disparado al 6,7% en diciembre, escalando al máximo de las tres últimas décadas. El principal componente en la subida de los precios al consumo proviene del sector eléctrico, seguido de los combustibles, y en los dos sectores la inflación se traduce en gigantescos beneficios oligopolistas.
La alternativa sostenible a este indecoroso panorama son las energías renovables en sistema de autoconsumo y en comunidades locales, no en parques eólicos descontrolados que ponen los intereses empresariales por delante de la naturaleza y la gente
Nuestro sistema energético, en el que la energía más barata es la renovable junto con la nuclear, se paga a todos los generadores de electricidad el precio del último proveedor en entrar en la oferta, es decir, al precio más caro de todos. Se trata de los llamados “beneficios caídos del cielo”, sobrerretribución que ha llenado los bolsillos de las eléctricas y que, en junio pasado, PSOE y Podemos pretendieron controlar, pero no modificaron el sistema de fijación de precios, que permanece intocable desde su creación en tiempos de Aznar.
Los intereses del oligopolio eléctrico siguen por delante de los de la ciudadanía, aunque estemos hablando de un recurso estratégico para la supervivencia. Por ello, no se trata de una subida de la luz debida, solamente, al aumento del precio del gas y al pago las emisiones contaminantes, como nos vienen contando la mayoría de medios con machacona cantinela, es también que, en España, la tarta de la electricidad se la reparten cinco empresas —Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol controlan el 70% de la producción de electricidad y el 90% de las ventas finales— que actúan como lobby, que repercuten negativamente en nuestras vidas y les importan un bledo todo coste social, por ejemplo si la pobreza crece de modo galopante.
Y ‘tiene delito’ —debería— la lista de cargos políticos que han ocupado y ocupan sillones en los consejos de administración de estas empresas eléctricas y energéticas. De hecho, se calcula que tres de cada diez ministros de los gobiernos de González, Aznar y Zapatero encontraron acomodo en empresas privadas tras su paso por el Ejecutivo. Es sabido que Endesa fichó en 2014 al expresidente del Gobierno José María Aznar como asesor con un salario de 200.000 euros, pero, además, por sus puertas —giratorias— han pasado Pedro Solbes (PSOE) o Luis de Guindos (PP), entre muchos otros. En Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, estuvo Felipe González de 2011 a 2014 acompañado de exministros socialistas, como su vicepresidente Narcís Serra, o Cristina Garmendia, mientras otro ‘vice’, Pedro Solbes, fichaba por Enel. En Iberdrola, encontramos al popular Ángel Acebes o al peneuvista Juan María Atutxa, así como al socialista Javier Solana en Acciona o a la también popular Ana Palacio en HC Energía. Súmese que algunas, como Iberdrola, podrían haber contratado incluso al presunto ‘capo’ de las cloacas del Estado: se investigan sus encargos a Villarejo para investigar a la competencia y a accionistas díscolos.
Y en este repaso somero, no se puede olvidar el trato que estas empresas dan, allá donde aterrizan, a las poblaciones indígenas y los territorios, desde destrozos medioambientales y precios abusivos hasta prácticas denunciadas como mafiosas, de sabotaje y amenazas por medio de sicarios a líderes comunitarios: Unión Fenosa —hoy Naturgy— en Guatemala, Repsol en Colombia, Argentina, Ecuador o Bolivia, Iberdrola en México y Brasil… Y, pronto en Cantabria, si no lo paramos, Iberdrola y EDP, entre otras, destrozarán espacios protegidos y/o de gran valor medioambiental o social si alguna escaramuza legal o política se lo permite. La responsabilidad social se convierte en sus manos en una mera estrategia de marketing, porque lo que importa es incrementar los beneficios económicos: da igual afectar a la flora y la fauna con el vaciado de embalses, lo importante es lavarse la cara llamándose “Naturgy”.
La alternativa sostenible a este indecoroso panorama son las energías renovables en sistema de autoconsumo y en comunidades energéticas locales, no en parques eólicos descontrolados que vuelvan a poner los intereses empresariales por delante de la naturaleza y la gente. Frente a estos gigantes de dudosa moralidad, otras empresas, pequeñas y concienciadas, tratan de abrirse camino y democratizar el sector. Cooperativas como Solabria, Ecoo o Som Energía cuentan con el apoyo inestimable de sus socios cooperativistas, algo a lo que deben corresponder con una intachable responsabilidad que no les permite disponer de puertas giratorias ni apoyar macroproyectos poco respetuosos con el medio ambiente o con las comunidades donde se emplazan. Para ello necesitan, más ahora que la situación se complica extraordinariamente con facturas indecentes derivadas de un mercado indecente, no solo que nadie abandone el barco, si no que muchos y muchas más se suban a él. Eso, y que salgamos a la calle y apretemos allá donde podamos para exigir a nuestros responsables políticos que no consientan que nos sigan vapuleando así… aunque, para que pudiésemos creer que algún cambio es posible, tendrían que prohibir, de entrada, las puertas giratorias en sus partidos.
Si siguen apretándonos con facturas desorbitadas, llegará un momento en que empiecen los actos de insumisión y hasta de sabotaje, las medidas de acción directa de quienes no tengan ya nada que perder. Si no quieren un escenario de caos, más vale que pongan medidas: les trae cuenta y para eso les votamos.
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