A menos de tres meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas en Cantabria, diversas personalidades importantes del PP llevan semanas encuadrando su discurso alrededor de dos ideas-fuerza principales: “la estabilidad” y “la recuperación”, situándose a sí mismos como garantes de la primera e impulsores de la segunda frente a “experimentos que generan inestabilidad”, palabras pronunciadas por Íñigo de la Serna aludiendo claramente a Podemos.
No es casual. Los dirigentes del PP en Cantabria, que actualmente gobierna en mayoría absoluta tanto en la comunidad como en Santander, saben que vivimos un momento de excepcionalidad en el que los lazos que tradicionalmente mantenían los ciudadanos con los partidos viejos, el suyo incluido, están tambaleándose. Una parte cada vez mayor de la ciudadanía cántabra se siente alejada de los partidos a los que tradicionalmente les concedió su confianza e ilusionada con que las próximas elecciones autonómicas sean el primer paso para un cambio político tan necesario tanto en nuestra tierra como en España.
Ante esta tesitura, conscientes como son de su creciente incapacidad para seducir a la ciudadanía, necesitan presentarse como guardianes del orden e interpelar a su electorado en base al miedo respecto a lo nuevo, expresado en alternativas políticas que pretenden convertir en mayoría política a la mayoría social heterogénea en procedencia y posicionamiento ideológico que comparte la demanda de un cambio político en sentido democrático. Como ya no tienen legitimidad para ilusionar, tan solo les queda tratar de asustar a los cántabros con la posible llegada de “nuevas amenazas” que “pongan fin al proceso de recuperación y creación de empleo” que está teniendo lugar en Cantabria gracias al Gobierno de Ignacio Diego, según palabras del diputado Íñigo Fernández.
Sin embargo, al hablar de estabilidad y de recuperación convendría precisar a qué se están refiriendo los dirigentes del PP en Cantabria para entender a qué clase de sociedad están construyendo. Cuando cualquiera de ellos haga alusión a estos dos términos habría que aclarar que su modelo económico ha institucionalizado el empleo temporal, poco productivo y con baja remuneración como marco laboral para Cantabria. Que de las contrataciones sucedidas en el pasado mes de febrero de las que tan orgullosos se muestran, tan solo un 7% corresponden a contratos indefinidos y el número de personas desempleadas ronda aún las 49.000, estando alrededor de la mitad de las mismas sin percibir ninguna prestación.
Podemos recordarles también que desde que Ignacio Diego es presidente de Cantabria la afiliación a la Seguridad Social en la comunidad autónoma ha descendido en alrededor de 16.000 personas. Un dato alarmante que, sin embargo, no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta que desde el comienzo de la crisis casi 20.000 cántabros se han visto obligados a emigrar ante la incapacidad de poder proyectar una vida digna en su tierra.
Así mismo debemos sacar a relucir que, según el cuarto informe sobre 'El Estado de la Pobreza en España' presentado el mes pasado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), desde 2009 hasta el día de hoy Cantabria ha sido la comunidad autónoma en la que más ha crecido el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión (un 8%), alcanzado la escandalosa cifra del 25,3% de los cántabros, casi 150.000 personas.
Y tampoco debemos olvidar la situación en la que se encuentra nuestra educación pública, con devolución de conciertos a centros religiosos, situación precaria de los interinos, aumento de tasas y disminución del presupuesto en la Universidad de Cantabria o devaluación de la calidad de la educación infantil. Así como la realidad de la sanidad en Cantabria, con el paradigmático ejemplo del proceso de privatización encubierta del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Mientras tanto, la ciudadanía de Cantabria asiste al grotesco espectáculo de ver cómo su presidente disfruta de descansos en balnearios pagados por una empresa a la que concedió el servicio de aguas de Astillero cuando ocupaba el cargo de alcalde del municipio; como se continúa entregando millones de euros públicos a empresas privadas sin instaurar ningún tipo de control ciudadano sobre el dinero cedido o cómo el alcalde y los concejales de Santander disponen de más de 200 euros al día de dietas sin obligación a justificar.
Ante este escenario, los dirigentes del PP saben perfectamente que solo invocando fantasmas pasados pueden tratar de paliar un derrumbe del que sus políticas anticiudadanas son responsables. Por esta razón, intentan situar a Podemos –mayor exponente político de la ola de ilusión ciudadana por el cambio– como opción “inestable” y de “izquierda radical”. Sin embargo, tratar de colocarnos como sinónimo de inestabilidad siendo ellos los responsables directos de la actual situación en la que se encuentra Cantabria y como opción “radical” cuando las ideas y propuestas que lanzamos entroncan con el sentido común general existente en la sociedad cántabra al pretender, a corto plazo, recuperar los derechos que las élites viejas han vaciado de contenido rompiendo el pacto social del 78, resulta una operación política poco creíble y poco democrática.
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, afirmó el pasado verano que los ciudadanos que votaron a Podemos en las elecciones europeas cometieron una “frivolidad”. Para ellos, cuando irrumpe una fuerza nueva que no se debe a los intereses de ningún gran grupo empresarial o financiero y que pone en el centro del debate la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, hay que estar prestos para advertir sobre la “frivolidad” que supone depositar la confianza en esta opción.
Con estas declaraciones, probablemente sin querer, mostró hasta qué punto tiene interiorizado el concepto neoliberal de democracia que durante las últimas décadas ha sido hegemónico en Europa.La democracia entendida como “consenso al centro”, parafraseando a la politóloga belga Chantal Mouffe. Como negación de la dimensión conflictual inherente a la política. Democracia en donde las diferencias entre los actores políticos “responsables” son casi inexistentes y en la que cualquiera que se salga del citado consenso se convierte en una opción “radical e inestable” lo que hace que la gente no pueda realmente escoger entre proyectos distintos, capacidad que debería de ser uno de los criterios fundamentales para medir si una sociedad es más o menos democrática.
Frente a eso, nosotros entendemos que los conflictos son específicos a la política y que estos no siempre pueden resolverse de manera racional, poniéndose de acuerdo los sectores con intereses enfrentados. El objetivo de una sociedad democrática no debe ser intentar poner a todo el mundo de acuerdo tapando los disensos existentes y estrechando el margen de lo que puede ser decidido, sino edificar una arquitectura institucional que permita que los conflictos se expresen dentro de un marco democrático y pluralista.
Por eso, sí hay una afirmación del diputado del PP Íñigo Fernández con la que estoy de acuerdo, la de que en los comicios de mayo los ciudadanos “solo” tendrán “dos opciones”: o continuar el proceso de estrechamiento de la democracia y secuestro de la soberanía popular protagonizado por las viejas élites o apostar por una fuerza política que, por primera vez en décadas en Cantabria, se presenta como claramente diferenciada del resto, con el objetivo de enriquecer la democracia recuperando y ampliando los derechos sociales de la ciudadanía y ensanchando la capacidad de decisión de la gente sobre los asuntos que repercuten en su vida cotidiana.
Sobre este blog
Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
