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Cantabria estudia con la Seguridad Social que los perceptores de renta social que vivan solos cobren el Ingreso Mínimo Vital de oficio

Pobreza infantil en España. |

Javier Fernández Rubio

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El Gobierno de Cantabria, por medio de su Consejería de Política Social, está en contacto con la Seguridad Social para dar forma al pase de los perceptores cántabros de renta social como perceptores del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), que depende del Estado. Con este fin, la Dirección General de Políticas Sociales, cuyo titular es Julio Soto, es partidaria de que el mayor grupo de los perceptores de renta, aquellos que no conviven con nadie, es decir, que no se integran en unidades familiares con otras personas, puedan ser dados de alta de oficio, como ya lo están siendo los perceptores de renta que tienen hijos a su cargo.

Los 5.800 perceptores de renta mínima que actualmente hay en Cantabria, que implican a un número de personas beneficiadas del doble dado que buena parte de ellos conviven con otras personas, se pueden agrupar en tres tipos: aquellos que viven solos, los que tienen algún hijo a cargo, y los que forman con otras personas una unidad de convivencia.

Ya en su totalidad, el Gobierno de Cantabria complementó sus ingresos con motivo de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 estos meses, como una medida para contribuir a que no se deteriorara esta bolsa de población en riesgo de exclusión social o en el umbral del pobreza, pero la aprobación del Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un salto cualitativo al incrementar ligeramente el dinero que perciben, por su vocación de permanencia y por pasar a depender de la Seguridad Social.

Cada autonomía está arbitrando sus procesos y Cantabria también. Este proceso puede durar meses, pero desde la Consejería se informa que se aplicarán con efectos retroactivos los Ingresos Mínimos que se aprueben y, mientras, no se dejará de percibir la renta cántabra. Es ahora un momento de incertidumbre de los beneficiarios que no saben si tienen que solicitar o no las ayudas, si corren riesgo de perder lo que tienen o simplemente qué va a pasar con ellos.

Desde el Gobierno de Cantabria, y teniendo en cuenta que se trata de una iniciativa de otra Administración, se va a colaborar todo lo posible para que el trasvase se produzca rápido y de la manera más sencilla.

Quienes más fácil lo tendrán serán los cántabros beneficiarios con algún hijo a cargo. Al contar la Seguridad Social con datos de los mismos se está procediendo a autorizar el Ingreso Mínimo de oficio, por lo que cerca de un millar de beneficiarios recibirán una notificación de la misma por escrito y solo tendrán que manifestar su acuerdo por aceptarla o su interés por seguir como están.

El hecho de que estas personas pasen a cobrar el IMV no les eximirá de ser fiscalizados por el Estado. La Seguridad Social va a cruzar datos con el Catastro y Hacienda, como hará en el resto de casos. Asimismo, estarán sujetos como perceptores de la obligación de participar en programas de acompañamiento para inserción en el mercado laboral o de cualquier otro tipo ya que el IMV no es incompatible con realizar algún trabajo. Este proceso está muy adelantado, según se informó, y este mes los perceptores ya podrían empezar a ingresar su IMV.

El grupo más nutrido es el de beneficiarios que no tienen hijos a cargo y viven solos. Son 3.000 aproximadamente y la Dirección General está abordando con la Seguridad Social la manera más rápida y efectiva para que den el paso. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social puede tener conocimiento de que una persona cobra una ayuda en Cantabria pero no tiene detalles de sus circunstancias: si vive sola o no, por ejemplo.

Y en este contexto entra en juego la Administración autonómica. Las gestiones pueden encaminarse en este sentido a que las unidades familiares de un único adulto puedan incorporarse también al Ingreso Mínimo Vital de oficio, es decir, recibiendo un escrito en que se les consulta su parecer para hacerlo. La Consejería, previamente, sí que les mandará una carta para pedirles autorización para prestar sus datos a otra administración (Seguridad Social) e incluso presentar en su nombre la solicitud.

Quedarían en torno a 1.700 perceptores de renta social a los que dar una solución. Serían aquellos que estaría integrados en una unidad de convivencia de más de un adulto y sin hijos. Estos no van a tener más remedio que solicitar su pase al IMV. Tendrán tres maneras de hacerlo: bien presencialmente en una oficina del INSS (cuando abran el 1 de julio, ya que ahora están cerradas); bien telemáticamente, a través de su página web; bien por correo postal. Hay otra opción y es hacerlo a través de un intermediario como son los trabajadores sociales, que tramitarían la solicitud en su nombre.

Actualmente la renta social básica oscila entre los 430 euros mensuales que cobra un adulto solo hasta los 672 euros que puede ingresar una unidad familiar compuesta por cuatro adultos y un niño. El IMV incrementará estas ayudas: el mínimo se sitúa en 462 euros y el tope máximo en 1.015 euros.

“Nadie quiere vivir en la pobreza”

El director general de Políticas Sociales, Julio Soto, es un firme defensor del Ingreso Mínimo Vital y no comparte las críticas que acentúan el supuesto efecto desincentivador del empleo. A su juicio, el IMV “es una cuestión de justicia social, de reparto de la riqueza”, asegura. “En un Estado ideal se garantiza el empleo, pero la tecnificación hace que el empleo sea cada vez más un bien escaso. Nadie toma la decisión de ser pobre y esta ayuda va dirigida a personas que no tienen lo elemental”.

El Ingreso Mínimo Vital “no va a desincentivar la búsqueda de empleo ya que por sí sola no resuelve nada, pero puede ser una ayuda para buscar más ingresos”, añade Julio Soto, quien se muestra sorprendido de que las críticas se ceben habitualmente con las personas más vulnerables y no se produzcan cuando se propone la reducción de impuestos o en casos de ayudas a sectores productivos como la automoción. “Entonces parece no haber problema”, señala.

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