Cantabria rechaza los juzgados Covid, de los que sólo le correspondería uno

El Gobierno de Cantabria prefiere tener más capacidad de movilidad del personal de la Administración de Justicia para reforzar los juzgados que lo precisen por la entrada de asuntos relacionados con la epidemia de coronavirus, que “encorsetarse” en los juzgados Covid, máxime teniendo en cuenta que a la comunidad autónoma sólo le correspondería “proporcionalmente un órgano” de este tipo.

La consejera de Justicia, Paula Fernández, ha señalado que la idea del Ministerio sobre los juzgados Covid “aún no está madura”, ha defendido que la propuesta de los refuerzos y ampliaciones de jornada que ha planteado el Gobierno de Cantabria va a ser “más eficiente”, y ha vuelto a reclamar apoyo económico del Gobierno central para acometer “un verdadero plan de choque”.

Así lo ha señalado este martes durante su participación en la mesa redonda sobre 'Propuestas para la reactivación de la Justicia tras el COVID-19' organizada por el Colegio de Abogados de Cantabria, en la que también han participado Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; José Luis López del Moral, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; Pilar Jiménez Bados, fiscal superior; Rosaura Díez, decana del Colegio de Procuradores; y Andrés de Diego, decano del Colegio de Abogados.

La consejera ha detallado las medidas preventivas de seguridad individual y colectivas implantadas en las sedes judiciales, así como las medidas de impulso organizativo, procesal y tecnológico sobre las que está pivotando el plan de desescalada en la Administración de Justicia de Cantabria, que según ha asegurado, “está preparada para volver a la normalidad” a partir de este jueves 4 de junio -fecha en la que se levanta la suspensión de plazos y actuaciones que acompañó a la declaración del estado de alarma-.

Así, ha explicado que se han instalado mamparas, webcam, scanners para digitalizar los expedientes, se ha hecho un análisis de cada puesto de trabajo y un estudio de aforos de las sedes judiciales. A la vez, se ha adelantado el plan de liberación de espacios previsto para el complejo judicial de Las Salesas, de forma que ya se ha sacado el servicio de informática, el equipo psicosocial de familia se reubicará el 17 de junio y se han iniciado los trámites para trasladar el Instituto de Medicina Forense.

La consejera ha asegurado también que está todo preparado para que el próximo 30 de junio entre en funcionamiento el nuevo juzgado de Santander. Por su parte, el director general de Justicia, Pablo , ha señalado que la mayoría de los juzgados van a poder desarrollar su trabajo en horario de mañana, y ha precisado que si se llega a habitar el turno de tarde será por razones sanitarias.

PROPUESTAS PARA LA REACTIVACIÓN

Tanto la consejera como el resto de ponentes de la mesa redonda han recalcado la importancia de la coordinación y colaboración de todos los operadores jurídicos para lograr un funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia tras casi tres meses de suspensión.También han coincidido en otras ideas como en la necesidad de dotar a la Justicia de medios humanos y materiales y de sacar provecho a las herramientas telemáticas.

“No podemos abandonar una vez más a la Justicia a su suerte”, ha dicho el decano del Colegio de Abogados, quien ha afirmado que los letrados “están dispuestos a esfuerzos añadidos, a trabajar mañana y tarde”, pero pide que se escuche a este colectivo, y que la necesaria agilización de la Administración de Justicia no suponga una limitación de derechos y garantías.

“No caigamos en esa tentación”, ha añadido en la misma línea la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, para quien la pandemia de coronavirus ha dejado claro que la Justicia “arrastra toda una serie de carencias” que no sólo le ha impedido prestar sus servicios durante el estado de alarma, sino que “probablemente no esté preparada para amortiguar el impacto de la suspensión y para poder recuperar su funcionalidad en plazos razonables”.

Por ello, ha defendido que “por más que busquemos soluciones imaginativas”, lo que hace falta es “una ayuda presupuestaria”. La decana del Colegio de Procuradores también considera que la pandemia ha evidenciado las “grandísimas carencias” de la Administración de Justicia, y se ha mostrado en desacuerdo con las fases de la desescalada, que se ha diseñado “sin consenso”.

TRES MESES PARADA

“No se puede entender que la Justicia haya estado parada estos tres meses”, ha dicho, a la vez que ha agradecido a la consejera de Presidencia y Justicia su “gestión personal” para que los abogados y procuradores puedan acogerse al “cheque autónomos” de Sodercan después de “tres meses sin ingresos y con una gran incertidumbre”.

También ha agradecido a los jueces cántabros que “han sido generosos a la hora de planificar sus vacaciones” y las han concentrado en agosto tras la polémica decisión del Ministerio de Justicia de habilitar este mes como hábil.

El presidente del TSJC ha defendido que la sala de gobierno ha acogido todas las alegaciones de los operadores jurídicos al plan de desescalada, cuya fase 3 comienza el próximo martes 9 de junio, y ha detallado toda la actividad judicial realizada durante el estado de alarma pese a la suspensión de plazos y actuaciones.

Ha añadido que la vía telemática está dando “muy buenos resultados” y “yendo de menos a más” en su aplicación “será útil”. De hecho, ha opinado que si en octubre o noviembre se produce otro rebrote de coronavirus, “la respuesta judicial puede ser proactiva y evitar estar otros tres meses paralizada aunque haya medidas restrictivas”, por lo que “todos debemos ir entrenándonos en ella e intentando sacar frutos”.

Por su parte, la fiscal superior ha afirmado que “el mejor activo” en estas semanas ha sido la “fluidez en la comunicación” y la “implicación total” de todos los operadores jurídicos. “Ahora hay que añadir grandes dosis de coordinación y consenso” para dar una respuesta coordinada al ciudadano, ha dicho la fiscal, quien considera que al mismo tiempo que se intensifica la actividad, se deben “sacar conclusiones de esta fase que hemos pasado” por si hay un rebrote.

LA POLÉMICA DE AGOSTO

Jiménez ha reiterado la “máxima disposición de la Fiscalía para aumentar los señalamientos y potenciar las conformidades, a la vez que ha pedido una regulación ”rigurosa y garantista“ de las actuaciones telemáticas y la digitalización de los expedientes judiciales completos. Por otro lado, no cree que habilitar agosto como mes hábil ”vaya a resolver los problemas de la Justicia“ y opina que ”debe primar el respeto al derecho de todos los colectivos“.

Por su parte, la representante de los letrados de la Administración de Justicia ha explicado que el Ministerio “va a obligar a un número elevado de letrados y funcionarios a trabajar en agosto”, por lo que “no sé cómo vamos a coordinarlo con las vacaciones de abogados y procuradores”.

La consejera ha precisado que la decisión sobre el mes de agosto la tomó el Ministerio y que Cantabria hizo propuestas alternativas que no se tuvieron en cuenta.