ANPE alerta del aumento de la conflictividad en los centros educativos de Cantabria

El Servicio del Defensor del Profesor de ANPE ha incrementado sus actuaciones en Cantabria un 69,2 por ciento en el curso 2023/2024, con 22 casos atendidos de docentes en situación de conflicto frente a los 13 del anterior periodo escolar, lo que “refleja una creciente complejidad de los problemas en los centros educativos”, y destaca el cambio en la distribución de éstos en las etapas educativas, con un aumento “preocupante” en Primaria.

Así se desprende del informe de este servicio correspondiente al curso pasado que han presentado este jueves la presidenta de ANPE, Rus Trueba; el vicepresidente, Federico de los Ríos, y la defensora del profesor en Cantabria, Blanca Rivero. En rueda de prensa, han denunciado que los principales problemas que sufren los docentes tienen que ver, entre otros, con las “falsas acusaciones” por parte de las familias o el exceso de burocracia que soportan.

Este incremento de la conflictividad en Cantabria se corresponde con la tendencia estatal, ya que el documento de este servicio --ofrecido por el sindicato para apoyar psicológicamente y legalmente a los profesores--, recoge un aumento “significativo” en el número de casos atendidos: 2.101 intervenciones, 153 más que el curso anterior en España. Este dato, concentrado principalmente en las etapas de Secundaria (44,6%) y Primaria (36,6%), refleja un “preocupante deterioro de la convivencia escolar y el impacto de estas situaciones en la salud mental del profesorado”, ha destacado Rivero.

En Cantabria, concretamente, este dato muestra un cambio en la distribución de los casos en las etapas educativas. Si bien los incidentes en Secundaria disminuyeron del 46,2% al 31,8%, en Primaria aumentaron del 23,2% al 31,8%. A juicio de la sindicalista, los casos son “pocos” pero “fuertes y potentes”, algo “preocupante” ya que se da en una etapa “muy temprana”.

Por otra parte, los principales problemas detectados por el sindicato reflejan un aumento de las “falsas” acusaciones de las familias, las amenazas y daños a la propiedad por parte del alumnado y a dificultades “constantes” para impartir clase debido a “falta” de recursos y protocolos efectivos. Respecto a esto último, Rivero ha denunciado la “falta” del apoyo institucional a los docentes. Así, ha detallado que “solo” un 22,7% del profesorado atendido contó con el respaldo de la inspección, mientras que el 27,3% declaró no haber recibido ningún apoyo.

Además de esto, ha profundizado en los problemas derivados del exceso de burocracia que soportan los profesores que en el último curso escolar se “disparó” del 27,3% al 46,2% y que, principalmente, vienen derivados de tareas como la gestión de fondos europeos, la implantación de normativas cambiantes y la “excesiva” burocracia, lo que están generando un ambiente “de estrés y desmotivación”.

Al respecto, la sindicalista ha hecho hincapié en el “alarmante” impacto que los problemas de conflictividad tienen en la salud mental de los docentes. De los casos atendidos por el servicio el 45% sufrieron ansiedad, el 18,2% se corresponde a bajas médicas para afrontar la situación y un 9,1% fueron diagnosticados con depresión.

Por ello, desde ANPE reivindican que la Administración “asuma su responsabilidad” y adopte medidas “efectivas para garantizar el bienestar del profesorado”, con un apoyo “real” a la figura del coordinador de bienestar, dotándole de los recursos y formación necesarios. Asimismo, exige una legislación de un Estatuto Docente que contemple “derechos, deberes y medidas para dignificar la labor del profesorado”. Igualmente, han solicitado un reconocimiento de las enfermedades profesionales del profesorado, incluyendo aquellas relacionadas con la salud mental, y la simplificación de la burocracia, que actualmente “sobrecarga” al personal docente.

Al respecto, la coordinadora del Servicio del Defensor del Profesor ha criticado que los marcos normativos existentes para mejorar la convivencia escolar, “no son efectivos sin el compromiso de las administraciones y los equipos directivos”. Asimismo, ha abogado por la “democratización” de los claustros de profesores, en el sentido de que los docentes participen más en la toma de decisiones y no así “una norma o una inspección educativa”.

Por otro lado, Rivero ha destacado que la vía telefónica sigue siendo el canal más utilizado por los docentes para ponerse en contacto con el servicio, si bien han aumentado las entrevistas personales, lo que refleja la necesidad de una atención “más directa en casos complejos”.