Anulada la licitación y los pliegos del contrato de basuras de Santander

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado la licitación y los pliegos del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras del Ayuntamiento de Santander, tras estimar un recurso interpuesto por UGT, porque los costes laborales se habían calculado con el antiguo convenio colectivo que expiró en 2021 y no con el que está en vigor.

Ahora, el Ayuntamiento deberá elaborar nuevos pliegos que respeten la normativa vigente y volver a licitar el contrato. La resolución, fechada el 27 de abril y que ha dado a conocer este viernes UGT, ordena “la anulación del PCAP (Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) y la retroacción del procedimiento de contratación al momento anterior a su aprobación”, tras detectar un “error en la determinación de los costes laborales”.

En este sentido el Tribunal Administrativo Central recuerda que “en el cálculo del valor estimado, el órgano de contratación ha de utilizar los costes derivados de la normativa laboral vigente” y en este caso se ha aplicación un convenio colectivo que no era el vigente, lo que conlleva un error en la determinación de los costes laborales, por lo que el organismo levanta la suspensión cautelar del procedimiento de licitación y lo anula.

De hecho, el tribunal precisa que entre la fecha de aprobación de la licitación por la Junta de Gobierno local --el 20 de febrero de 2023-- y la fecha de aprobación del nuevo convenio colectivo --16 de agosto de 2022-- hay un periodo de seis meses. Y señala que “desde que se aprobó el convenio hasta que se aprobó la licitación, existió un tiempo más que prudencial para que el órgano de Contratación pudiese conocer y aplicar el nuevo convenio, con lo que su no aplicación supone una vulneración de lo dispuesto en la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público”.

Y subraya que aunque el órgano de Contratación alegue que se refleja en el contrato la subida correspondiente al año 2022, “no se refleja la subida anterior de un 2% del 1 de enero al 31 de agosto de 2022”. Por estas razones, el TACRC considera que el motivo alegado por UGT ser estimado puesto que “el órgano de Contratación ha de respetar la normativa laboral convencional vigente en el momento de elaborar los pliegos y acordar el inicio del expediente de licitación”.

La Federación UGT-Servicios Públicos impugnó el pasado mes de marzo los pliegos y la licitación del contrato porque el cálculo con los costes laborales del convenio antiguo de Ascan-Geaser (2017-2021) implicaría un déficit de más de seis millones de euros en los tres primeros años de ejecución si se compara con el convenio colectivo vigente. Según estimación del sindicato, el déficit económico sería de 6.186.863 euros distribuidos en 1.165.776 euros en 2024, 2.210.696 euros en 2025 y 2.810.391 euros en 2026.

El propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales advierte que su resolución es definitiva en la vía administrativa, aunque contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. El TACRC ya había suspendido en marzo, de manera cautelar, el proceso de licitación del servicio municipal hasta resolver el recurso de UGT. La Junta de Gobierno local aprobó el 20 de febrero los pliegos de prescripciones técnicas para la licitación del nuevo contrato, por un importe anual de 22,7 millones de euros y un plazo máximo de 10 años.

El Ayuntamiento adaptará los pliegos

Horas más tarde de conocerse la anulación de la licitación, el Ayuntamiento de Santander ha manifestado que atenderá las indicaciones de las resoluciones para realizar las modificaciones pertinentes en los pliegos y proceder, lo antes posible, a su aprobación en la Junta de Gobierno local. En estos momentos, según explica, se ha dado traslado de las resoluciones al servicio de contratación y los servicios técnicos del Ayuntamiento, que serán los encargados de valorar la documentación para incorporar las observaciones realizadas por el Tribunal.

“Explorar la gestión directa”

A esta situación ha reaccionado la coalición Podemos-Izquierda Unida asegurando que supone una “oportunidad” para “explorar la gestión directa” de este servicio. El candidato a la Alcaldía de la coalición, Keruin Martínez, ha explicado en un comunicado que esta gestión directa es la principal propuesta de IU-Podemos sobre los servicios públicos.

A su juicio, el Partido Popular “no sabe ni quiere gobernar, y ya lleva tiempo fallando en lo que ha sido su práctica de gobierno habitual, es decir, las privatizaciones de los servicios públicos”. Sobre la resolución, ha afirmado que es de “puro sentido común”. “No nos sorprende, ya cuando conocimos la querella del sindicato UGT consideramos que podríamos vernos en esta situación”, ha dicho.

Para Martínez, es “bochornoso” que en el PP “no sepan siquiera redactar unos pliegos”, aunque recuerda que “no es la primera vez que redactan licitan contratos engañosos” e inciden en la “mala práxis” de los populares que “siempre tiene en vilo” a los trabajadores. “Es la enésima barbaridad que tiene que soportar el contrato de basuras, después de que en esta legislatura hayan trabajado más en obstruir la comisión de investigación que en hacer cumplir el contrato”, ha lamentado.

“La guinda al despropósito” del PP

El PRC de Santander considera que la anulación de la licitación del contrato de basuras de la ciudad viene a poner la “guinda al despropósito” originado por el PP con este servicio.

Así se ha pronunciado su portavoz en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, que ha opinado que lo ocurrido es una “chapuza más dentro del desaguisado que el PP ha creado con dicha contrata desde que decidió extinguir el contrato con las concesionaria Ascan”.

Para el regionalista, a la alcaldesa y candidata del PP a la reelección, Gema Igual, “las prisas” por llegar a las elecciones con el nuevo pliego “le han jugado una mala pasada” y --dice-- “una vez más ha dejado claro la nula y nefasta gestión” del equipo de Gobierno, al que ha acusado de llevar a “una notoria y palpable decadencia de los servicios públicos esenciales”.