Cantabria aprueba una nueva normativa para las residencias que busca favorecer un ambiente “lo más parecido a un hogar” con una atención más personalizada

Cantabria ha aprobado una nueva normativa para sus residencias que avanza hacia un modelo de atención más personalizado favoreciendo un ambiente “lo más parecido a un hogar”. Así, en la Orden publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Gobierno limita los centros a un máximo de 120 usuarios distribuidos en módulos de hasta un límite de 30 personas.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), ha ofrecido este jueves los detalles de esta norma -“consensuada”, según ha subrayado, con el sector-, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada del director general de Políticas Sociales, Julio Soto.

La Orden regula los requisitos estructurales, funcionales y de acreditación de los centros, y tiene por objetivo que “las personas usuarias reciban los servicios con un elevado nivel de seguridad, confort y calidad en la atención y que se protejan de forma eficaz los derechos que les asisten como personas y como usuarios de servicios púbicos”. Así pues, esta norma homogeniza e iguala requisitos y exigencias de personal entre los centros públicos, concertados y privados.

Respecto a la citada “concepción modular” de las residencias, Álvarez ha explicado que deberán contemplar una zona de servicios generales -en la que se engloban todas las dependencias destinadas a la gestión y funcionamiento del centro-, una zona de espacios comunes -utilizados por todas las personas usuarias para sus actividades de relación social y otras específicas-, y una zona residencial, destinada al alojamiento y desarrollo de la vida cotidiana de los residentes. 

En este sentido, en cada módulo se ubicarán los espacios más privados de los usuarios, como dormitorios y cuartos de baño, y contarán también con áreas reservadas a salas de estar comunes y comedor.  “De esta forma, la vida cotidiana se desarrollará de forma más 'familiar', en un ambiente menos masificado donde las personas usuarias podrán convivir en un ambiente más parecido a un hogar y donde sus necesidades e interesas se puedan atender de forma más personalizada”, ha expuesto la titular de Políticas Sociales.

La consejera ha remarcado que esta organización por módulos más reducidos, que ya estaba prevista en el proyecto inicial de la Orden, se ha mostrado, una vez sobrevenida la actual situación de emergencia sanitaria, como “uno de los instrumentos más idóneos para preservar y proteger la seguridad de los usuarios y limitar la expansión de riesgos para la salud de usuarios y trabajadores”.

En cuanto a los requisitos funcionales, Soto ha apuntado que la novedad más relevante es la unificación en los centros de atención a la dependencia de las diferentes exigencias de personal que anteriormente se hacían para el funcionamiento del centro y para su acreditación. De esta forma, todos los centros de la misma tipología tendrán el mismo requerimiento de personal para su funcionamiento.

De igual manera, a todos los centros se les exigirán la ejecución de los programas de atención que anteriormente se consideraban exclusivamente como criterio de calidad para la acreditación del centro. Desaparece así la distinción entre centros autorizados y centros acreditados, por entender que el derecho a una atención integral, en la que son esenciales la ratio de personal y los programas en que se traduce la atención especializada, asiste por igual a todos los usuarios de los centros.

En este sentido, Soto ha destacado que los requisitos de calidad se incrementan y se extienden a todos los centros. “La exigencia de calidad en la prestación de los servicios de atención social es una necesidad demandada por la sociedad que no puede limitarse, como venía sucediendo hasta ahora, tan solo a los centros públicos”, ha dicho el director general de Políticas Sociales. A partir de ahora, los condicionantes de calidad se exigirán a todos los centros para su funcionamiento y para la atención general de los usuarios, de forma que la igualdad de trato se haga extensiva a todo el sistema de atención.

Otra de las cuestiones más relevantes es que desaparece la determinación del personal de atención directa diferenciada por grados de dependencia en residencias de personas mayores.

Soto ha defendido que la constante variación del perfil de las personas usuarias obliga a un continuo recálculo y modificación de la plantilla de trabajadores y a que no siempre hay una relación directa entre el grado de dependencia y las necesidades de cuidado y, por tanto de profesionales de atención directa, lo cual hace que no exista una garantía real de que cada persona usuaria tenga el nivel de atención que precisa en atención a su dependencia.

Además, con la finalidad ya expresada de extender el concepto de calidad más allá del cumplimiento de determinados estándares preestablecidos, Soto ha resaltado que la Orden establece que los centros residenciales deberán incorporar planes de calidad con “un sistema de valoración y análisis constante basado en la evidencia, que permitan una mejora continua tanto en los servicios que presta a las personas usuarias como en la gestión de los mismos”.

A este respecto, la norma contempla igualmente la elaboración de unos estándares de calidad de ámbito regional que, junto a otros instrumentos, servirán de referencia para la evaluación de la misma en cada centro.

Adaptación

Soto ha aclarado que, fundamentalmente, la nueva normativa -sobre todo en cuanto a criterios estructurales- está dirigida a los nuevos centros que se creen en la comunidad, aunque los ya existentes tendrán que “adaptarse”, si bien se establecen ciertas “excepciones” ante la imposibilidad de algunos de ellos para hacerlo completamente.

Para la adaptación a la normativa, la Consejería ha establecido “distintos plazos” para cada aspecto, que pueden ir desde los cinco años hasta unos pocos meses. Así, la aplicación de los requisitos funcionales de la orden serán prácticamente inmediatos para los centros.

En Cantabria, hay 82 residencias, en las que todas las públicas y concertadas están acreditadas. Solo hay cuatro centros que no tienen concierto con el Gobierno de Cantabria, algo que, según ha precisado Soto, no es porque no cumplan los requisitos sino porque “no quieren” y prefieren optar por la vía privada.

Esta normativa sustituye a dos órdenes anteriores de la pasada legislatura, en la que la titular de este departamento fue la también socialista Eva Díaz Tezanos. Según ha reconocido la actual consejera, su publicación provocó “cierta tensión” por parte de sector de atención a personas mayores o con discapacidad, lo que llevó a la Consejería, al principio de este mandato, a revisar las misma, aunque, tal y como ha precisado, “sin abandonar el planteamiento de base anterior” con el objetivo de lograr un consenso.

Un consenso que el director general de Políticas Sociales ha asegurado que se ha alcanzado, pese a que, como en toda negociación, “a nadie le gusta completamente el acuerdo”, pero “supone un avance”.

Ambos han destacado que el “intenso” proceso de consulta y trabajo con las entidades del sector para el desarrollo de la Orden se ha visto condicionado a la aparición de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, que ha tenido especial incidencia en los centros de atención residencial. “Esta emergencia sanitaria, ha hecho que durante un tiempo se haya desviado el foco de atención y de trabajo en la atención a las consecuencias de la pandemia en los centros”, ha concluido la consejera.