Cantabria desarrolla su Ley de Transparencia y refuerza el acceso a la información pública

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves el decreto del Gobierno regional que desarrolla la Ley autonómica de Transparencia aprobada en 2018, que crea unidades de información en todas las consejerías, se “agilizan” las peticiones, tipifica las infracciones previstas en la norma y supone la renovación y ampliación de contenidos del portal de transparencia que ya existe.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), y la directora general de Servicios y Participación Ciudadana, Alicia Solar, han informado del alcance de las “mejoras” de acceso a la información pública que ofrece el Gobierno de Cantabria como herramienta de consulta ciudadana, gobierno abierto y contra las malas prácticas en la Administración pública.

Entre las principales novedades del nuevo reglamento, aprobado el pasado jueves, se incluye una regulación específica de la organización administrativa del Gobierno de Cantabria y de su sector público para facilitar el cumplimiento de la ley.

Para ello, se ponen en marcha de unidades de información de transparencia, dependientes de las secretarías generales, como “interlocutores” entre el órgano competente en materia de transparencia, que es la Dirección de Servicios y Participación Ciudadana, y las consejerías, así como sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas.

Han explicado que estas unidades, que “ya están funcionando”, están integradas por empleados públicos. En unos casos se han creado puestos específicos y en otros se han atribuido sus tareas a personal funcionario ya existente.

Solicitudes de información pública

Igualmente, se refuerzan las garantías de la ciudadanía en su derecho al acceso a la información pública, dado que se detallan y se aclaran los plazos y las causas de inadmisión previstas en la ley, además de los sujetos que deben facilitar la información.

Solo por unas causas previstas legalmente en este decreto se puede limitar total o parcialmente el derecho de acceso a la información (por ejemplo, procedimientos que están en curso, que requieran una previa reelaboración, que sean peticiones repetitivas, abusivas), pero, “todas ellas deberán quedar debidamente motivadas y justificadas”, según el Ejecutivo.

Por otro lado, el reglamento simplifica y agiliza el procedimiento de acceso a la información pública, que, como norma general, es de un mes desde la presentación de la solicitud.

Ahora, en el nuevo reglamento se concreta cómo solicitar la información, ante quién y los plazos estipulados en cada caso, así como el modo de recurrir ante una denegación o inadmisión de la información solicitada ante el Consejo de Transparencia estatal. Según la información aportada por el Gobierno regional, en lo que va de año el número de peticiones de información al Ejecutivo ha sido de 43.

Y el número de reclamaciones interpuestas ante el Consejo de Transparencia Estatal ante resoluciones de todas las Administraciones de Cantabria --incluidas también las locales, la Universidad de Cantabria y el Parlamento-- han ascendido también a 43, de las que ya están resueltas 25. Del total de reclamaciones ante el Consejo 16 han sido relativas a resoluciones del Gobierno regional, de las cuales todas menos una ya están resueltas.

Este órgano estatal se ocupa de esta cuestión en base a un convenio que tiene suscrito con el Gobierno regional, cuyo coste varía según el número de reclamaciones ingresadas, aunque Fernández ha señalado que suele oscilar entre los 10.000 y los 12.000 euros anuales. En los años anteriores, el número de resoluciones interpuestas ante el Consejo a resoluciones de todas las Administraciones regionales fueron 68 en 2019; 82 en 2018 y 47 en 2017, todas ellas ya resueltas.

Sanciones

En cuanto al régimen sancionador, el nuevo decreto determina los órganos competentes para la instrucción y la imposición de sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. La tipificación de las infracciones y las sanciones se incluyen en la ley de transparencia autonómica, que supuso un importante avance dado que la norma estatal no prevé ningún régimen sancionador.

Lo que introduce este reglamento en el ámbito sancionador son los criterios de aplicación de las infracciones en materia de transparencia y acceso a la información pública, por ejemplo, lo que se entiende por falta de colaboración y veracidad de la documentación pública, entre otros, de cara a facilitar su aplicación.

Además, se identifican los órganos competentes para la incoación e instrucción de los expedientes sancionadores, por ejemplo, en el caso de los altos cargos del Gobierno regional, la Inspección General de Servicios; así como la competencia para la imposición de las sanciones: el Consejo de Gobierno en caso de faltas muy graves o, en todo caso, cuando el alto cargo tenga condición de miembro del Gobierno, director o secretario general.

Renovación del portal de transparencia

Por otro lado, la entrada en vigor de este decreto supondrá introducir importantes mejoras en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria, con el objetivo de ampliar la información pública y mejorar las posibilidades de consulta de la ciudadanía. En concreto, en los próximos tres meses, que es plazo demorado en el que entrará en vigor la norma, el Portal se adaptará a las nuevas obligaciones de publicidad activa. Hasta el momento, se han introducido mejoras de diseño y de estructura, pero, sobre todo, de simplificación de su uso.

En líneas generales, lo que se amplía es el alcance de la información. El Portal ampliará la información respecto a apartados que ya figuraban anteriormente, como es el caso del registro público de contratos, cuentas bancarias, solicitudes de información más frecuentes, bienes inmuebles en propiedad o sobre los que se tiene algún derecho real, gestión del empleo público y convenios laborales, junto al inventario de entidades del sector público institucional.

Además, el Portal de Transparencia incrementará sus contenidos, como, por ejemplo, con los estudios demoscópicos, sociológicos y de opinión que se realicen, información estadística en formatos accesibles y reutilizables e información sobre políticas sociales y de discapacidad. Por último, se ha rediseñado su estructura para hacerla más directa y accesible.

Valoración de la consejera

La consejera ha afirmado que, con la publicación del decreto, “Cantabria da un paso más en los parámetros de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, criterios totalmente exigibles a cualquier responsable político y cada vez más extendidos fruto de una mayor y mejor conciencia ciudadana”.

“El Gobierno, y su presidente a la cabeza, se encuentran totalmente comprometidos con ello. En 2018 se aprobó la ley, hoy se publica el decreto que lo desarrolla, además se actualiza este por la de transparencia para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información”, ha señalado.

Fernández ha indicado que “en cuestión de semanas” se va a tramitar el ya anunciado decreto que regula el buzón de denuncias contra la corrupción, “garantizando la confidencialidad de la identidad del denunciante” y también ha recordado que en 2021 se tramitará la primera ley de participación ciudadana de la comunidad autónoma.

“Son planes y acciones de un Gobierno abierto, transparente y participativo. La publicidad, la información y la participación institucional son las piedras angulares en la mejora democrática de esta comunidad autónoma así como la recuperación del prestigio de las instituciones, todo ello desde la profunda convicción de que a mayor transparencia y participación social protegemos más a nuestras instituciones frente a quienes accedan a ellas con diferentes fines que no sean exclusivamente trabajar para Cantabria y sus gentes”, ha subrayado.