El Gobierno de Cantabria aprueba el proyecto de Ley de Participación Ciudadana

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto de la Administración de Cantabria, que regula por primera vez en la comunidad el derecho de participación ciudadana de modo individual o colectivo y establece cinco instrumentos: los procesos de deliberación participativa, la iniciativa ciudadana para proponer políticas y servicios públicos, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas, junto al seguimiento y la evaluación de las políticas y servicios públicos.

Su ámbito de aplicación se circunscribe al diseño, planificación, propuesta, ejecución y evaluación de las políticas y servicios del Gobierno cántabro y su sector público institucional. Este derecho podrán ejercerlo tanto las personas físicas como las entidades: asociaciones, federaciones, entidades sin ánimo de lucro, plataformas o foros ciudadanos sin personalidad jurídica, sindicatos, organizaciones empresariales, colegios profesionales, etcétera.

Además de la promoción e impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos que son competencia del Ejecutivo regional, la norma tiene como finalidad implantar el gobierno abierto en los planes de acción de la Administración para optimizar la toma de decisiones, mejorar la comunicación con los ciudadanos, facilitar la presentación de propuestas de políticas públicas y establecer instrumentos de rendición de cuentas en la prestación de los servicios públicos.

Igualmente, pretende extender una cultura participativa con estrategias de formación y sensibilización desde la infancia, fortalecer la vertebración de la sociedad civil y la colaboración entre administraciones locales en este ámbito. Los principios rectores de la participación ciudadana se basan en la universalidad y diversidad, transversalidad, accesibilidad universal, no discriminación por cuestiones de género, trasparencia, facilitad y comprensión, gratuidad y buena fe.

El proyecto de ley establece una serie de obligaciones a la Administración autonómica, como integrar la participación ciudadana en su actuación, realizar acciones de comunicación y difusión, medidas de fomento del asociacionismo y promoción del derecho de participación a través de las tecnologías de la información, entre otras.

El Portal de Participación Ciudadana será el espacio institucional destinado a facilitar la participación en las políticas públicas y el Gobierno redactará un documento estratégico que contendrá los asuntos públicos que serán objeto de los procesos de participación previstos en la ley. El denominado Programa de Participación Ciudadana tendrá carácter bienal y se aprobará por el Consejo de Gobierno.

Como límites a este derecho, los procesos de participación no podrán promocionar intereses individuales y otras materias que no sean competencia del Gobierno y no se realizarán en tiempos o circunstancias que pudieran interferir en la actividad del Parlamento de Cantabria, así como durante los periodos electorales, la tramitación de mociones de censura o cuestiones de confianza. Con el fin de asegurar la eficacia de la norma, el Gobierno deberá dictar una resolución motivada en los que casos en los que decida no iniciar el proceso de participación, no concluya el mismo o cuando sus conclusiones no sean aceptadas total o parcialmente.

Los procesos de participación ciudadana se iniciarán de oficio a iniciativa del Gobierno o bien a solicitud de una parte interesada. En este último caso, la Administración deberá pronunciarse en un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se dará por estimada. La resolución de inicio se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria y el Portal de Participación Ciudadana y, en su caso, se notificará al solicitante.

Además, se recoge la organización en esta materia en el ámbito de la Administración autonómica con un órgano directivo, órganos gestores de procesos de participación ciudadana y unidades responsables en cada una de las consejerías. Para fomentar la participación, se detallan una serie de medidas como programas de formación para los ciudadanos y la edición de guías didácticas para divulgar el alcance de esta norma, la difusión de los procesos participativos a través del Portal y campañas de sensibilización, formación de los empleados públicos y la promoción de la participación ciudadana desde el ámbito educativo. Por último, el Gobierno impulsará la firma de convenios de colaboración con las entidades locales de Cantabria para el fomento de la participación ciudadana dentro de las administraciones locales.