El PRC da alas a la falsa alarma de los okupas y aprueba con PP, Cs y Vox pedir que se endurezcan penas

Da igual que los datos reflejen claramente que el debate sobre la okupación de viviendas está sobredimensionado y que la proliferación de esta práctica es un bulo. Las derechas lo siguen avivando con mentiras y medias verdades, apoyadas por las empresas de seguridad y por el falso alarmismo proyectado por algunos medios.

Y en esta ocasión, el PRC ha decidido dar alas a esa falsa alarma del problema de los okupas a través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Parlamento de Cantabria y que ha salido adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox.

Así pues, la formación de Miguel Ángel Revilla se ha descolgado esta vez de su socio de Gobierno, el PSOE, quien ha defendido con datos regionalizados que la “okupación no supone una alarma social”. Pese a la abstención socialista, la Cámara autonómica ha aprobado instar a las Cortes Generales a modificar la ley y endurecer las penas a los okupas para que dejen de ser “impunes”.

No obstante, la realidad es que, según datos de la consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, la incidencia de la okupación es “muy baja”, y así lo ha manifestado la diputada del PSOE Carmen Algorri, quien ha considerado “innecesario” cambiar la ley, defendiendo que las fuerzas de seguridad ya intervienen de forma “inmediata” en casos de “flagrante delito”.

En este sentido, ha recordado los datos del Ministerio de Interior que ofreció la semana pasada la consejera, que señalan que Cantabria ha registrado 49 denuncias por okupaciones de viviendas entre enero y julio de este año sin diferenciar entre usurpaciones o allanamientos de morada -por lo que algunas pueden ser por robos-, de las que 23 han derivado en procedimientos judiciales, lo que supone una tasa de 1,4 por cada 100.000 habitantes.

“Reconocemos el problema, pero el dato les mata el relato”, ha sentenciado Algorri, aclarando que los socialistas “compartimos la preocupación que provocan estos casos a los vecinos del inmueble ocupado, y que es importante resolver con celeridad”, pero “nos preocupa que se genere una sensación de inseguridad aunque no venga avalada con datos”.

Sin embargo, con esta PNL, el Parlamento manifiesta su preocupación ante la okupación e insta a endurecer las penas, incluir nuevas medidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para mejorar la protección de los propietarios, proceder al desalojo de la vivienda okupada en 24 horas, habilitar a las comunidades de propietarios como personas jurídicas para que puedan iniciar los procesos de recuperación de la vivienda, evitar la inscripción de los okupas en el padrón municipal y modificar la Ley del Tribunal del Jurado para eliminar el delito de allanamiento de la lista de los sometidos a este procedimiento y así agilizar los conflictos.

La iniciativa ha sido defendida por la diputada regionalista Rosa Díaz, también alcaldesa de Polanco, uno de los municipios donde se han dado recientes casos de okupación. Según ha dicho, la intención es “buscar soluciones ante un fenómeno que está al alza corrigiendo el actual vacío legal y la legislación obsoleta”, pese a que los propios expertos y magistrados reconocen que “hay una alarma infundada en torno a las ocupaciones” y que “en España desde el punto de vista jurídico-legal tenemos las herramientas para ponerles fin”.

Aunque PP y Vox habían presentado enmiendas de modificación a la iniciativa, el PRC las ha rechazado argumentando, entre otras cosas, que no se quiere usar la PNL como “arma arrojadiza” contra la Consejería de Políticas Sociales.

Así pues, los portavoces de los grupos que han votado a favor de esta iniciativa han coincidido en que la mayoría de okupas “no saben convivir” y generan problemas a todo su entorno, ya que no respetan los horarios y no contribuyen a los gastos de la comunidad. También han reconocido que algunos okupan las viviendas por su situación de vulnerabilidad, pero son las “excepciones”.

“Además, los vecinos se quejan de que la Justicia y las fuerzas de seguridad no hacen nada, pero es por las leyes que tienen”, ha insistido Díaz, que ha puesto el ejemplo de un okupa que está construyendo un porche sin licencia en Polanco. “Lo más triste es que abres el expediente y da lo mismo, porque son impunes”, ha lamentado.

Sin embargo, según los expertos, la ocupación se da principalmente en las viviendas y los locales comerciales vacíos, a menudo propiedad de bancos o fondos buitre. “Que te ocupen la casa mientras estás de vacaciones, o a una abuela que regresa a su hogar al salir de un hospital… Eso apenas ocurre. Un caso entre un millón. Y si sucede, la respuesta para que abandonen la casa es inmediata”, sostiene el juez Diego Álvarez de Juan, titular del juzgado de instrucción nº 3 de Reus, durante una entrevista.

“Discurso podemita”

Frente a ello, las derechas han azuzado el discurso habitual en el que tachan de “radical” al Gobierno central. El diputado del PP Iñigo Fernández ha dicho que ve un “consuelo” que el PRC también considere la okupación un problema en Cantabria a diferencia de su socio de Gobierno, al que ha pedido que “abandone su discurso podemita”. Y es que, para el popular, el origen del problema es un PSOE 'podemizado' y su “acomplejamiento respecto a su socio radical en el Gobierno central”.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos (Cs) Diego Marañón, ha visto con buenos ojos la iniciativa la regionalista frente a un problema que la Consejería “trata de minimizar” pero, según ha dicho, ha echado “en falta que ponga deberes al Gobierno de Cantabria”.