La alcaldesa de Santander nombra representantes para la reactivación de la Comisión Mixta del Cabildo de Arriba

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha firmado el decreto que establece los integrantes de la representación de Santander en la Comisión Mixta para recuperar el Cabildo de Arriba, una mesa a la que se sientan las administraciones implicadas en el urbanismo de la ciudad y que lleva años sin actividad.

El Ayuntamiento de Santander de este modo convocará en próximos días una reunión de este órgano en el que se integraron en el pasado el Gobierno de Cantabria y el Gobierno central con el fin de recuperar un barrio que, pese a estar a escasas decenas de metros de la Casa Consistorial, lleva décadas literalmente viniéndose abajo.

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha mostrado su satisfacción por “la activación” de la Comisión Mixta del Cabildo, tras anunciar la alcaldesa durante la sesión plenaria de este jueves el decreto por el que se han modificado los integrantes de dicha comisión.

Los regionalistas están actualmente alineados con la tesis del Partido Popular, partidario de recuperar la fórmula de la comisión mixta que el resto de partidos, incluido el socio del equipo de gobierno, Ciudadanos, considera periclitada desde hace años, máxime cuando el Plan General de 2012 quedó anulado en 2016 por la Justicia. Con él, decayó también el Plan Especial, PEPRI, que era el gran instrumento para la recuperación del barrio. Ahora se pretende reaprovechar, incrustándolo en una reforma puntual del Plan vigente, que data de 1997.

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha calificado de “vital” que se haya activado dicha comisión, que es donde se puede estudiar “cómo se puede intervenir, dónde se puede rehabilitar y de qué manera se pueden llegar a acuerdos público-privados”, tras venir exigiendo durante todo este tiempo que se diese cumplimiento a dos acuerdos plenarios adoptados en 2020 y 2021.

En dichos acuerdos, según recuerda en nota de prensa, se aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cobertura al Plan Especial de Protección y Reforma Integral (PEPRI) del Cabildo de Arriba y la convocatoria inmediata de dicha Comisión Mixta.

Una postura que han venido defendiendo los regionalistas como la opción “más rápida” de llegar a una solución para el Cabildo en lo que se refiere a una intervención en un corto intervalo de tiempo, ya que consideran que la planteada por la Concejalía de Urbanismo, de la que es titular Javier Ceruti (Cs), “es de nuevo, una hoja en blanco que demoraría cualquier posible actuación y seguir dejando en el olvido este barrio”.

Por ello, defienden que su posición de modificar puntualmente el Plan vigente, el de 1997, y adaptar el PEPRI de 2013 para “encajarlo” en el plan, es la vía que permitirá activar “con mayor inmediatez la recuperación de este barrio”.

Según Fuentes-Pila, una vez que se ha hecho efectiva la renovación de los miembros que conforman dicha comisión, la convocatoria de la misma, y la puesta en marcha de un plan de trabajo y un cronograma de actuaciones “son los pasos a continuar a partir de ahora”.

Comisión de basuras

El Pleno del Ayuntamiento de Santander no ha respaldado el criterio del Servicio Jurídico municipal de allanarse a la posición del Grupo Popular en su recurso contra la comisión de investigación de basuras.

Los grupos de la oposición -PSOE, PRC, Unidas por Santander (UxS) y Vox- además de Ciudadanos -en el equipo de Gobierno- han vuelto a reclamar el derecho para defender el acuerdo del Pleno del pasado diciembre para la creación de comisiones de investigación y han subrayado que es “perfectamente legal” acudir a la contratación de letrados externos para ello, al tiempo que han acusado al PP de tratar de llevar este asunto a un “punto de no retorno”.

Los populares han insistido en que no van a permitir “una ilegalidad” y han reiterado que tomar un acuerdo con informes jurídicos que advierten que es nulo de pleno derecho “tiene un nombre, delito”.

Una acusación que ha elevado el tono del debate al afirmar la oposición que lo que “apesta a delictivo” es que se haya consentido el incumplimiento del contrato de basuras durante años, cuando había informes advirtiendo de este hecho. “Eso tiene un nombre en el Derecho Penal”, han subrayado.

Asimismo, PP y oposición se ha recriminado mutuamente “electoralismo”, el primero apuntando que a los segundos solo les mueven los intereses políticos, que aumentan a medida que se acercan las elecciones; y el resto de grupos asegurando que “no hay nada de política en querer que se conozcan la verdad” del contrato de basuras “antes de las elecciones”, y recordando que la primera moción para la creación de comisiones de investigación se presentó en 2020.

El portavoz socialista, Daniel Fernández, ha denunciado que la asesoría jurídica del Ayuntamiento “se ha posicionado en contra de lo que debería defender, los interese del Pleno”, por lo que la oposición pide contratar abogados externos, “como ya se ha hecho” en otros asuntos por parte del PP, al que ha acusado de hacer “todo lo posible para la indefensión del Pleno”.

También ha echado en cara a los populares haber “tramitado mal a sabiendas un acuerdo, lo que puede ser delito”, y no “hacer nada, por política, para que no se conozca la verdad del contrato de basuras antes de las elecciones”. “Han tratado de forzar la nulidad de un acuerdo para evitar que se celebre la comisión”, ha censurado. “Les pedimos que nos permitan tener la defensa que ha elegido el Pleno y que se acabe de secuestrar la voluntad del Pleno”, ha insistido.

Además, ha lamentado la falta de transparencia del Partido Popular, que “oculta sistemáticamente” las 10 sentencias sobre las detracciones del contrato de basuras, que elevan a más de 1,5 millones lo que deberá devolver el Ayuntamiento por la “huida adelante” de la alcaldesa, Gema Igual (PP).

El portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ha acusado al PP de haber “pervertido la legalidad del Pleno” y de llevar “14 meses de silencio para evitar la comisión de investigación, negando la transparencia con sus actos”, algo que “avergüenza a la ciudad”.

“Ustedes son juez y parte de este circo”, que comenzó por no haber fiscalizado el contrato, con lo que “se han puesto bajo sospecha”, ha sostenido el concejal, que ha pedido más respeto al Pleno y más “dignidad democrática”, al tiempo que ha lamentado que el problema de las basuras “se ha cronificado”.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, ha subrayado que el PP, pese a ser advertido de los incumplimientos de contrato de basuras, ha firmado “factura tras factura, como si se cumpliera todo perfectamente. Eso sí apesta a delictual”, ha declarado. Y ha abundado en que todo este asunto se desprende de que el PP ha permitido el incumplimiento “sabiendo que se estaba produciendo durante cinco años. Y eso tiene un nombre en Derecho Penal”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha denunciado que en el Servicio Jurídico municipal se recurre “constantemente a contratos de terceros” pero se niega al Pleno el derecho de hacerlo para defenderse, así como que “la única finalidad, jurídica y no jurídica” del PP es “evitar a toda cosa la comisión de investigación”.

Y su homólogo de Unidas por Santander, Miguel Saro, ha remarcado que es “perfectamente legal” recurrir a letrados externos a través de contratos menores “y no hay más debate”. Y ha denunciado que el Servicio Jurídico municipal tiene “una presión tal (del PP) que tiene que acudir a terceros para su trabajo habitual”, un hecho “preocupante”, ha dicho.

El portavoz del PP, César Díaz, ha insistido en que este partido “no cometerá una ilegalidad”, y que todo lo que ha pasado con la comisión es “responsabilidad” del resto de grupos por no haber “planteando bien las cosas, como les advirtieron”. Y se ha remitido al informe de los cuatro letrados municipales que dice que el acuerdo que el resto de grupos votaron a favor no se ajusta la legalidad “y no tenemos capacidad para defender eso”.

Ha subrayado que el PP comenzó a tomar medidas respecto al contrato de basuras en 2019 y ha acusado a la oposición de “manipulación permanente”, señalando que el PSOE habla de pérdidas por las sentencias sobre detracciones cuando “no son sobrecostes”.

Otras mociones

El Pleno ha aprobado por unanimidad la moción regionalista para cubrir la zona infantil del parque de Las Llamas; y sin ningún voto en contra, la iniciativa del PSOE para impulsar en Santander políticas y campañas de sensibilización en contra de la explotación sexual; y la del PP para garantizar los servicios de Atención Primaria.

Respecto a esta última, los socialistas han explicado que en el consultorio de Castilla-Hermida se han amortizado dos plazas en 2020 y 2022 y se une otra por jubilación, si bien en este caso se conservará la plaza.

Por otra parte, se han rechazado las mociones de Vox para bajar la presión fiscal de la Ordenanza de Vehículos y para no elaborar planes de ordenación que integren Zonas de Bajas Emisiones, además de una del PSOE para impulsar un plan de adaptación a la nueva movilidad y otra de Unidas por Santander para celebrar, con periodicidad semanal, un día sin coches en el eje Cuatro Caminos-Puerto Chico.