“El equipo de Gobierno (PP) nos está tomando el pelo y engañando”

Lo que pase en El Pilón será responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Santander. En concreto, del equipo de Gobierno municipal (PP). Éste es el mensaje que han traslado los vecinos afectados por la operación urbanística que se prevé desarrollar en el barrio y que supondrá la expropiación de una veintena de familias y de dos negocios en activo. La “única” solución para evitar que esto suceda es aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Y eso es precisamente lo que demandan a los populares.

Los vecinos no están dispuestos a que el equipo de Gobierno traslade la responsabilidad de su caso hacia otras administraciones. Cada vez que se les pregunta por el caso, el alcalde, Íñigo de la Serna, y el concejal de Obras, César Díaz, responden que han enviado una propuesta al Gobierno de Cantabria para que modifique la Ley del Suelo y se incluya en la misma la garantía de realojo para quienes se enfrenten a situaciones de este tipo.

Sin embargo, dicha modificación no afectaría en el caso de El Pilón porque su unidad de actuación ya está en marcha y el cambio de la normativa no tendría carácter retroactivo. “Es una patraña”, ha aseverado la portavoz de los vecinos, Belén Madrazo, en una rueda de prensa celebrada este martes en la plaza del consistorio santanderino. En su opinión, el equipo de Gobierno les está “tomando el pelo y engañando” y, en este sentido, los vecinos exigen que “dejen de echar balones fuera”. “El único que puede hacer algo es el Ayuntamiento”, destacan.

En esta línea, han denunciado el agravio comparativo con el propietario del chiringuito Rema, ubicado en El Sardinero, para el cual se acaba de aprobar una modificación puntual del PGOU. “Este señor es empresario, puede reformar su restaurante y el próximo verano empezar a trabajar, de lo cual me alegro, pero no entiendo porque eso mismo no se puede hacer con las viviendas y los dos negocios de El Pilón”, se pregunta Madrazo.

Además de los afectados, han respaldado la convocatoria varios concejales de la oposición, como Daniel Fernández (PSOE), Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) y Miguel Saro (IU), así como vecinos de la Plataforma Salvemos Prado San Roque, de la Asociación Antonio Cabezón y Francisco Ginés y Marco Santamaría, el nieto de Amparo Pérez. Igualmente, han acudido representantes de la Plataforma DEBA.

“Están para ganar dinero”

Una promotora privada -Costa Verde Hábitat- ha comprado el 55% de los terrenos incluidos en el Área Específica 3B del PGOU y ha puesto en marcha el desarrollo urbanístico de esta unidad de actuación, en la que se proyecta la construcción de dos bloques de 70 viviendas cada uno y más de 200 garajes. El resto de vecinos serán expropiados mediante una Junta de Compensación, controlada también por la constructora.

Ante las denuncias realizadas por los afectados, que se ven en la calle por “cuatro duros”, y los grupos municipales de la oposición, el equipo de Gobierno acordó el pasado 21 de septiembre la suspensión temporal del procedimiento durante un plazo de tres meses, con el ánimo de que los vecinos negociaran una solución consensuada con la promotora que, según César Díaz, estaba “dispuesta a hablar”.

A este respecto, Madrazo ha señalado que al no producirse ningún contacto, uno de los vecinos llamó a la empresa y le comunicaron que “en ningún momento habían tenido intención de ponerse en contacto con nosotros ni de negociar”, una postura que los afectados entienden porque “no es su problema. Ellos están para ganar dinero”. Por el contrario, critican que en este tiempo “no ha habido más que mentiras” por parte del PP.

“Quién tiene que solucionar la situación es quien la generó, es decir, el equipo de Gobierno que fue quién redactó y aprobó el PGOU”, subrayan los vecinos de El Pilón, que advierten que no están dispuestos a “quedarse en el sofá” sino que “vamos a luchar por nuestras viviendas”. “Si no queda otra, tendremos que acudir a los tribunales”, concluyen.

Respuesta PP

Desde las filas populares, César Díaz ha insistido en que la forma de resolver este problema, no solo para los vecinos de El Pilón sino para cualquier otro ciudadano de Cantabria cuya vivienda esté afectada por un desarrollo urbanístico, es regular el derecho de realojo en la Ley del Suelo autonómica “y el único que tiene competencias para llevar a cabo esta modificación legislativa es el Gobierno regional”.

En un comunicado enviado tras la rueda de prensa de los vecinos, el edil de Obras asegura que una modificación puntual del PGOU “en ningún caso” paralizaría la aprobación de las bases y estatutos que está llevando a cabo el propietario mayoritario.

Díaz también ha aprovechado para lanzar una pulla tanto a los afectados como a la oposición, a quienes reprocha no haber presentado una alternativa. “A pesar de que la modificación puntual del PGOU no supone poder paralizar las bases y estatutos, hemos dejado claro siempre que estamos dispuestos a analizar cualquier propuesta que se quiera plantear en este sentido pero, hasta la fecha, no hemos recibido ninguna”, sentencia.