“Sin el acuerdo con Podemos, hubiéramos ido a unas elecciones anticipadas”

A escasos días de que comience el Debate sobre el Estado de la Región en Castilla-La Mancha y bajo un contexto muy diferente al del año pasado, cuando se rompió el acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos, Nacho Hernando realiza para eldiarioclm.es un balance de situación y repasa alguna de las cuestiones de mayor actualidad en un año complicado para esta comunidad autónoma. El portavoz de la Junta mantiene su confianza en que el acuerdo presupuestario al que se llegó con la formación morada  y mediante el cual este partido pasó a formar parte del Ejecutivo regional, persista en el tiempo y puedan llevarse a cabo las medidas puestas en marcha hace más de dos años para la recuperación social y económica de la región tras los recortes del Gobierno de María Dolores de Cospedal. Para ello, adelanta, harán falta dos legislaturas.

¿Cuál es el balance que realiza el Gobierno de Emiliano García-Page en la antesala del Debate sobre el Estado de la Región?

Ha sido una legislatura que no tiene nada que ver con los últimos 40 años. Es la primera vez que el Gobierno no tiene mayoría absoluta y ha habido un Gobierno de España interino, por lo que durante mucho tiempo no ha habido Presupuestos Generales del Estado, lo que también ha condicionado lo que se podía hacer o no. Incluso con ese contexto a nivel nacional, y también teniendo en cuenta elementos de inestabilidad en estos dos primeros años, podemos decir claramente que estamos revirtiendo los recortes y reconstruyendo el Estado de Bienestar que en apenas cuatro años se puso o a la venta o en proceso de destrucción absoluta por parte del Gobierno del PP. Hemos conseguido recuperar parte de lo que se destruyó pero vamos a necesitar ocho años para recuperar todo.

En materia de empleo tenemos casi 50.000 ocupados más. La gente está encontrando un puesto de trabajo y hemos ayudado a más de 160.000 personas a través de planes de empleo y de formación en tan solo dos años. Esto es importante no solo por la dignidad de las personas, sino porque ayuda a generar mayores ingresos que nos permiten reconstruir y mantener el Estado del Bienestar. Hemos pasado de una legislatura en la que se destruían puestos de trabajo de funcionarios públicos en sanidad, educación o dependencia, a otra en la que estamos contratando a más profesionales e invirtiendo en ayudas y educación, pese a los recortes que mantiene el Gobierno central.

¿Es el único caso en el que el Gobierno de Rajoy mantiene los recortes en esta región?

Otro recorte que se mantiene desde el Estado es el de Dependencia: persiste una deuda histórica de 353 millones de euros. Tanto que dice el Gobierno central que hay que cumplir las leyes, pero luego incumple repetidamente la Ley de Dependencia.  Nosotros también defendemos que se cumplan todas las leyes, de la Constitución para abajo, incluida la de Dependencia. Eso es lo que nos hace españoles y españolas, el saber que en cualquier punto de España existen los mismos derechos y la misma calidad de servicios. Ese es el modelo de hispanidad que defendemos y eso es lo que significa ser un verdadero patriota. Además de emocionarnos con los símbolos, también hay que hacerlo por cómo se aplican los servicios públicos.

¿En eso no se incluyen también las cifras del paro, sobre todo del juvenil?

Sí, los jóvenes son los que más han sufrido por los recortes y por eso hemos puesto en marcha el Plan de Retorno del Talento, y tenemos ya 3.300 visitas al portal abierto que pusimos en marcha hace un mes, con peticiones de más de 30 países. Esto significa que podemos incorporar esta herramienta a toda una estrategia que ha conseguido que en dos años hayamos llegado a casi 16.000 jóvenes en nuestras políticas de empleo y formación. Coincide con que hay 14.900 jóvenes ocupados más en Castilla-La Mancha y un descenso del paro juvenil de más del 10%. Esto significa que los jóvenes ya no están migrando y además están encontrando trabajo, no solo por la formación que ofrecemos sino porque también están yendo más a la universidad a raíz de medidas como el fraccionamiento del pago de matrícula (ya hay 7.700 beneficiarios que se han acogido) y la bonificación por desplazamiento (con 2.800 beneficiarios).

Sin embargo, no terminan de generarse nuevos puestos de trabajo y la temporalidad sigue siendo muy destacada. ¿Está combatiendo la Junta esta tendencia?

Por nuestra parte, en las políticas de ayudas, cualquier subvención que le damos a una empresa es a cambio del compromiso de un contrato indefinido, porque queremos que se genere un empleo de calidad. También en lo referido al Plan de Retorno del Talento, todos los contratos tienen que ser indefinidos porque entendemos que ningún joven va a volver si no es con una mayor seguridad laboral. Queremos puestos estables de trabajo. Una cosa distinta es el Plan Extraordinario de Empleo, que ha beneficiado a decenas de miles de personas que se encontraban en una situación de cuneta social donde les habían metido tanto los recortes del PP como la crisis económica. Eso es una cuestión de humanidad más que una política activa. Había que defender la dignidad y la autoestima de familias enteras y con ese plan hemos descendido un 25% el número de hogares de la región que tenían a todos sus miembros en paro y hemos bajado un 30% el desempleo de larga duración. Todo forma parte del objetivo de reducir la brecha social.

¿Ahí entra en juego el Plan de Garantías Ciudadanas?

Claro, pero nuestro objetivo no es cronificar una serie de ayudas, aunque hayan dado muy buenos resultados como las de pobreza energética. No queremos mantener a la gente siempre con el agua hasta el cuello. De ahí que nuestro Plan de Garantías de Rentas vaya a conectar todos estos servicios en un circuito, un pasillo, de la igualdad, y la primera puerta a la que se llame sea siempre un empleo digno y de calidad. Pero si son personas que no pueden trabajar, en ese circuito abrimos más puertas para poder ayudarles, o bien a través de un Ingreso Mínimo de Solidaridad que hemos aumentado hasta los 420 euros mensuales, o a través de la dependencia, o medidas de rescate más concretas. Pero en definitiva la idea es que ese circuito empiece y termine con el empleo, porque es lo que le da autonomía a las familias.

Aunque el objetivo es que ese Plan se convierta en una Ley Integral de Garantías Ciudadanas, ¿el Gobierno regional trabaja con algún plazo fijo para reducir el 38% de riesgo de exclusión social que hay en Castilla-La Mancha según la tasa AROPE?

Si se pudiera hacer para mañana, mejor que para el día siguiente, eso sin duda. Pero aquí más que un problema de tiempo, es de esfuerzos, de cuánta gente y de cuántas instituciones están haciendo algo. Y solo el Gobierno de Castilla-La Mancha se está esforzando en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Si solo tira del carro la comunidad autónoma, estaremos haciendo menos de lo que podríamos hacer si también lo hiciera el Gobierno de España. Todo esto tiene que ver con un programa piloto que hemos elaborado desde la región pero que tiene que convertirse en el Estado del Bienestar 2.0 y que tiene que asumir el Estado. Es la única forma de hacerlo viable y de blindarlo de futuros recortes.

Precisamente, este plan es un área gestionada por Podemos en el Gobierno. ¿Cuál es el balance de estos dos meses desde que este partido entró a formar parte del Ejecutivo?

Hacemos una valoración positiva por el nuevo escenario que nos abre. Estábamos en una situación límite en primavera, donde no exagero al decir que  lo más probable hubiera sido convocar unas elecciones anticipadas porque sin el presupuesto de 2017 lo que afrontábamos como gobierno eran todas las puertas cerradas. Sin cuentas públicas, en otoño no solo no hubiéramos podido avanzar, sino que por falta de ingresos y nuevos gastos, hubiéramos tenido que recortar, nos hubiéramos convertido en Cospedal y bajo ningún concepto lo hubiéramos permitido. De ahí que hubiéramos tenido que ir a elecciones anticipadas, con lo que hubiera conllevado en ese camino de reconstrucción social que habíamos iniciado y que ya iba a velocidad de crucero. La clave está en que tenemos que trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos comunes dentro de un escenario con el Presupuesto de 2017 ya aprobado y con el de 2018 avanzando. Nos permite un escenario de estabilidad donde todos los compromisos se van a poder cumplir y eso forma parte de la vocación política de intentar mejorar la vida de la gente. ¿Cómo lo hacíamos, tirándonos los trastos a la cabeza o intentando llegar a un acuerdo? Hicimos lo segundo y de ahí la belleza de la política.

Hay muchos ojos puestos en este acuerdo por si puede ser exportable a otras regiones o a nivel nacional. ¿Trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha condicionado por esa trascendencia?

Trabajamos conscientes de la trascendencia que fue ganarle a Cospedal en tan solo cuatro años y de la tarea titánica de reconstruir la región. Es, bajo mi punto de vista, mil veces más trascendente que si es exportable o no, que yo considero que no lo es. Ni lo considero a nivel estatal ni considero que cualquier turbulencia nacional tenga que ser importabale a Castilla-La Mancha. Por supuesto que se podría dar un pacto PSOE-Podemos a nivel nacional, pero no va a ser con las mismas circunstancias ni de la misma manera que este acuerdo presupuestario, porque se dan determinadas condiciones, al igual que el ‘eye-cloud’ nacional no tiene por qué ‘hackearnos’ nuestro dispositivo regional.

¿Con este acuerdo están salvados los presupuestos de 2018?

Bueno, con la experiencia que hemos tenido estos dos años, hasta que todos votan que sí, nadie va a decir que están salvados, pero dentro de la normalidad y estabilidad que hemos abierto, evidentemente estamos todos trabajando, incluidos los miembros de Podemos, en que salgan adelante unas medidas que ellos consideran tan vitales como nosotros. Espero que si algo tiene que ser exportable es la vocación que tenemos de trabajar juntos para que las cosas salgan bien.

¿Cuáles serán las principales partidas de las nuevas cuentas públicas?

Va a haber un incremento enorme en el ámbito social. Los nuevos ingresos se van a dedicar a educación, sanidad y dependencia, y vamos a poder avanzar enormemente en el Plan de Garantías Ciudadanas, que además va a disponer de más dinero destinado a ese circuito que comentaba de la manera más eficiente y rápida.

¿Y cuánto aumentará la partida del presupuesto concreto para ese Plan? ¿Más de los 120 millones de 2017?

Todavía no sabemos cuánto, pero partimos de la base de que en el momento en que estás incluyendo el Ingreso Mínimo de Solidaridad -que podría tener algún tipo de mejora, si no en la cuantía, sí en la gestión del mismo-, y de que también se va a mantener el Plan Extraordinario de empleo, habrá un aumento atendiendo a esos elementos sensibles de la realidad.

Debate, agua y almacén nuclear

Bajo este contexto, ¿espera el Gobierno un Debate sobre el Estado de la Región menos bronco y con más acuerdos que el año pasado?

El PP seguramente mantendrá la línea de la tramitación de los Presupuestos de 2017, que ha sido verdaderamente radical pero también rozando lo ridículo. Yo le tengo respeto al PP pero aquí en Castilla-La Mancha se ha convertido en un partido tan radical como la CUP. Por parte de Podemos, entendemos que esta nueva etapa de entendimiento y objetivos comunes, sin olvidar los matices que nos diferencian de una manera bien sana, propiciará llegar a acuerdos, sin descartar diferentes opiniones. Eso es lo normal. Lo que no podemos esperar es uniformidad. Podemos esperar unidad en las medidas de gobierno, pero lo otro es una quimera, no tiene sentido.

Con el último trasvase ‘encubierto’ del Gobierno central, da la sensación de que ya no hay límite en el Gobierno central para derivar agua del Tajo al Segura. Sin embargo, la Junta sigue apostando por un pacto nacional. ¿Realmente es posible actualmente?último trasvase ‘encubierto’

Da la sensación de que con todas las cosas urgentes que están pasando en España, el Gobierno no tiene tiempo para abordar lo necesario. Tenemos que convencerlo de en este caso no es solo necesario sino también urgente. En menos de dos años no va a quedar ni una gota de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía, según nuestros cálculos. No hay otra solución que no sea el acuerdo, ni otra que no sea girar el cuello desde el Atlántico y el Tajo hacia el Mediterráneo y las desaladoras, porque el día que se acabe el agua, se acaba para todos, también para Murcia y para la Comunidad Valenciana. Tienen que asumir que no es una guerra del agua para ver quién se queda con el botín, es que ya no hay botín.

¿Qué ha sucedido con los 24 recursos que ha presentado la Junta contra otros tantos trasvases aprobados en la presente legislatura?

No hay ninguna respuesta, aunque entendemos que no es culpa de los jueces ni de los tribunales. Entendemos que con motivo del proceso catalán haya sido necesaria una celeridad, pero también lo es en el caso del agua. Es urgente. Para solucionar este problema hace falta una colaboración de la Justicia, y si eso significa que el Gobierno de España tiene que dedicar más recursos a la justicia, que así sea, pero no tenerla atada de pies y manos y sin poder defender los intereses de los ciudadanos.

Otro frente abierto con el Gobierno central es la construcción del basurero nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) y que desde Moncloa ya dan casi por segura. ¿Qué le queda por hacer a la Junta después de que la ampliación de la protección de la Laguna del Hito para impedirlo no funcionara?

Nuestro mayor aliado en esto va a ser Europa, porque no puede permitir que la Red Natura 2000 se vea atacada por una infraestructura sobre la que los propios técnicos y expertos del Consejo de Seguridad Nuclear dicen que no se puede construir ahí porque conlleva un riesgo. Y no solo es un riesgo para Villar de Cañas, sino que al ser un sistema centralizado de gestión, pone en peligro a 219 municipios por los cuales se tiene que transportar un material radioactivo, teniendo en cuenta que en Estados Unidos e Inglaterra ha habido entre 500 y 700 incidentes y accidentes de riesgo de vertido de este material. Esto no es una broma, esto significa que cualquier error sale carísimo, y no solo para una legislatura sino para miles de años. También denota un comportamiento muy preocupante por parte del Gobierno.