“Ahora se busca que el trabajo desaparezca como sistema de integración social”

Joaquín Aparicio Tovar  es  catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), de Albacete. En 2013 participó en la Comisión del Pacto de Toledo como experto para valorar el informe presentado por el llamado ‘Comité de Sabios’ sobre la reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones. En una entrevista, charlamos con él sobre los principales asuntos a debate, coincidiendo con la Fiesta del Trabajo en 2018.

‘Mejor empleo, mayores salarios, unas pensiones dignas y más igualdad’. Es el lema de este 1 de mayo en pleno siglo XXI. Parecen reivindicaciones de otras épocas…

No lo creo.  Lo que ha ocurrido desde 2012 para acá es algo muy preocupante. En realidad venía ya de 2010. Se ha producido una degradación incluso del valor constitucional del trabajo. Después de la Segunda Guerra Mundial en países como Italia se establecía una República fundada sobre el trabajo y España se basó en el Estado Social y Democrático de Derecho, como dice el artículo 1 de la Constitución. Ambas expresiones implicaron un paso importantísimo. Como el trabajo no se puede separar de la persona, no se podía tratar al ciudadano como mercancía. De ahí que el trabajo necesitase de garantías fundamentales.

Se ha venido desarrollando el Sistema de Seguridad Social y por otro lado del derecho al Trabajo que garantice el equilibrio entre quien ostenta los medios de producción y quien produce. Eso requiere unos sindicatos fuertes que garantice la negociación colectiva. Todo esto es lo que se está desmoronando peligrosamente en toda Europa y especialmente en España porque se pone en cuestión la misma esencia de la democracia.

O sea que, en realidad, derechos que a estas alturas debían estar más que consolidados están de plena actualidad por todo lo contrario

No solo de actualidad sino de rabiosísima actualidad. ¿Por qué? Pues porque la crisis se ha aprovechado para desmontar el Estado Social y Democrático de Derecho. El Producto Interior Bruto (PIB) está aumentando pero lo hace en una sociedad que no es la misma. Ahora las diferencias sociales aumentan.

A finales de los años 70, en el reparto de la renta nacional, en España y en otros países europeos, las rentas del trabajo suponían en torno al 52% del PIB y las del capital el  48%. Hoy estamos justo a la inversa. En los años de crisis, España ha sido, después de Bulgaria, el país donde más ha aumentado la desigualdad. Esto es preocupante porque vamos a un mundo que no es el que querían los ‘Padres de la Constitución’. En la práctica se está vaciando de contenido aunque formalmente esté sin derogar porque se incumplen los mandatos constitucionales y se va a una sociedad mucho menos igualitaria, menos libre y mucho menos democrática. 

En los últimos 8-10 años hemos pasado, entre otras cosas, por la “criminalización” (son palabras suyas) del derecho a huelga, por duras reformas laborales desde el punto de vista de los trabajadores, por reducir salarios … ¿En qué cree que se ha  traducido este panorama en 2018?

Se ha traducido en que lo que se busca es que el trabajo desaparezca como sistema de integración social. La seguridad de tener una vida más o menos digna ha desaparecido. Nos han abocado a la lucha competitiva de uno contra otro, de individuos aislados que luchan desesperadamente por salir adelante, en un panorama de pobreza para algunos, de riqueza para otros y de miedo generalizado.

Y cuando la gente intenta organizarse de algún modo para salir adelante, con lo que se encuentra es que, de un modo u otro, se penaliza ese deseo colectivo de organización. No solo hablo de los piquetes de huelga sino de cualquier manifestación de descontento o de disenso social, aunque sea en forma satírica. Eso supone un recorte de la libertad de expresión que es uno de los derechos que, en principio, no tienen que ver con los derechos sociales. Aumenta la atribución de delitos de enaltecimiento del terrorismo, cualquier cosa se considera ofensa… Hay un panorama muy importante de recorte de libertades, de derechos sociales por todos los sitios.  

Hoy en día el valor central no es el trabajo y la persona sino el beneficio. Y entonces todo vale. Sabemos que las leyes laborales que hoy existen en un porcentaje altísimo no se cumplen. Hay miedo a denunciar para no perder el trabajo. Las reivindicaciones de este 1 de mayo lo son en defensa de la democracia que es lo que realmente está en juego.

¿El papel de los sindicatos necesita una vuelta de tuerca?

Ya tienen en marcha un debate para repensar su función pero, claro, la pregunta tiene como trasfondo la afirmación de que los sindicatos están obsoletos. Es el mensaje que se traslada a la sociedad pero ya se decía en los años 80, incluso en privado lo decían algunos miembros del PSOE cuando hablaban de la modernidad de una huelga general diciendo que eso eran cosas del pasado. No lo son. En un tiempo en el que la precariedad se ha hecho crónica es muy difícil decir a los jóvenes que encuentran un trabajo temporal que se afilie a un sindicato. Será el primero en no ver renovado su contrato. Y sin  embargo es curioso que se reconozca la utilidad de los sindicatos allá donde existen.

Organizar el interés colectivo es muy difícil en una sociedad en la que la fragmentación está muy extendida. De ahí la necesaria reorganización de la estructura sindical.

¿Y cómo hemos llegado a esta fragmentación?

A finales de los años 70 había un principio universal de estabilidad en el empleo. Existía una preferencia por los contratos de trabajo a tiempo indefinido. Los temporales debían obedecer a una causa concreta. Era el esquema.

Cuando llega la crisis del petróleo de los años 70, lo que tenemos en España es una transición de cambio político con una situación económica muy grave en la que aumenta el desempleo. Debido a esa situación se acepta como norma de coyuntura que los empresarios puedan utilizar para tareas permanentes los contratos temporales.

Eso fue así durante años y el desempleo no bajaba. Desde los años 80 el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido más de 50 modificaciones. En 1994 se hizo una reforma muy importante y se admitió el contrato temporal con total libertad. En muy poco tiempo más de 33,5% de la mano de obra en España se convirtió en temporal. Llego a ser inconveniente grave de tal forma que en 1996 un acuerdo de UGT, CCOO y CEOE reconoció serios problemas en las empresas. España debía competir con cierta calidad. El pacto social a dos bandas fue llevado al Parlamento y se creó el contrato de fomento del empleo indefinido, un gran instrumento para transformar temporales en indefinidos. El atractivo para el empresario era que tenía una indemnización en caso de despido de 33 días por año trabajado en vez de 45.

Lo curioso es que esa legislación que funcionó relativamente permitió llegar hasta 2007 a las tasas más altas de empleo, un 7% de desempleo que para nosotros es casi pleno empleo. Pero la cultura de temporalidad ya se había instalado. 

El gran golpe fue la negociación colectiva de 2012. Ahora el convenio de empresa prima sobre el del sector que antes garantizaba unos mínimos comunes a todos los trabajadores y ahora no. Todo eso  lleva a una situación de desigualdad en el trabajo y también en la sociedad.

El fenómeno “insólito” de la pobreza laboral

El Defensor del  Pueblo ha dicho  que “el trabajo ya no es garantía de salida de la pobreza”. Eso no son buenas noticias…

España no tiene ninguna competencia en política monetaria, depende del Banco Central Europeo que es autónomo. Si no fuera así, en un momento de crisis para mejorar las exportaciones, sobre todo del sur de Europa, el Gobierno podría haber devaluado la moneda para que nuestros productos fueran más baratos en el mercado exterior. Eso hubiera encarecido también las importaciones favoreciendo el consumo interno. Pero eso no se puede hacer y el BCE recomendó la devaluación salarial.

Los funcionarios desde 2010 no ha recuperado poder adquisitivo y los del sector privado lo mismo. Solo algunos sectores privilegiados lo han logrado. En general, ha habido un  número importante de trabajadores que han perdido hasta un 10% del salario perdido respecto a 2008. Trabajos temporales, devaluación salarial y situaciones de precariedad laboral han provocado que hoy exista el fenómeno insólito de la pobreza laboral.  

CCOO dice que hay reforzar el Sistema de Protección por Desempleo que está “muy debilitado” en nuestro país. ¿Coincide?

Sí. El problema es que con una alta tasa de desempleo, el coste de la financiación de las prestaciones se dispara, es inevitable, pero es justo cuando son más necesarias. No hay que verlas como un gasto. Son un importantísimo instrumento de freno de la espiral de crisis. Como decían los clásicos, el trabajo es la fuente de obtención de rentas generalizada en nuestro tiempo. Si uno pierde el trabajo, pierde ingresos y afecta al consumo. Si no se compra, la empresa deja de vender y despedirá. Es una espiral grandísima.

Las prestaciones por desempleo cumplen una función muy importante de estabilidad pero también hay una necesidad puramente social. Es el drama del desempleo que puede llevarnos a un aumento de delincuencia y a lo mejor lo que no gastamos en desempleo hemos de invertirlo en cárceles y policía.

De hecho, hoy la mitad de las personas en paro no tienen cobertura de desempleo

Es grave. Y claro que hay que reformar el sistema, mejorando ciertas rentas básicas de garantía de ciudadanía, de subsistencia. Hay que buscar fórmulas que garanticen a las personas en estado de necesidad el mantenimiento de un cierto nivel de rentas que les impida caer en la desesperación. ¿Qué ocurre? Hay una especie de ideología neoliberal individualista muy peligrosa que por otro lado es muy antigua: cada uno tiene lo que se merece y quien no trabaja es porque no quiere.

No es cierto, no es culpa de la  gente que queriendo no puede trabajar. Es culpa de una organización social que no ofrece puestos de trabajo para quien está deseando ocuparlos. Hay que buscar soluciones alternativas.

¿Y qué le parecen las políticas de empleo del Ejecutivo regional? Hablamos del Plan Especial de Empleo, el Plan de Retorno del Talento, el cambio en las oficinas de empleo, primando la orientación laboral, un Plan de Garantías de Rentas…

Mi valoración es positiva. Ante una situación grave de desempleo hay que buscar políticas activas de empleo inteligentemente organizadas. Hay necesidades sociales que están mal cubiertas: sabemos que hay personas mayores con determinadas necesidades, problemas ambientales serios, dificultades para que familias con niños pequeños puedan cuidarlos… Son necesidades sociales que hay que colmar. Esos planes, creo que van en la dirección correcta. Pero no son fáciles, no hay varitas mágicas.

La movilización feminista del 8 de marzo marcó un hito y a muchos les pilló por sorpresa. ¿La igualdad real está más cerca también en el ámbito laboral para la mujer?

Creo que todavía no por desgracia. Incluso en algunos convenios colectivos, de forma un poco tramposa, no se garantiza la igualdad salarial. Hay muchas formas sutiles de vulnerar la igualdad salarial. Se publicitan empleos como femeninos: camareras de pisos que ganan menos que el camarero… No tiene sentido.

Hay sentencias que dicen que a trabajo de igual valor, salario igual. Pero no se dice a trabajo igual, salario igual. Creo que todavía hay un trecho que recorrer, pero esa manifestación feminista fue una llamada de atención. Es algo unido, de  nuevo, a una consideración de conjunto de nuestra vida social. Es el respeto por la mujer que en una sociedad patriarcal como la nuestra ha estado sistemáticamente postergada.

¿Quiénes se han ocupado de cuidar a nuestros ancianos y niños? ¡Mujeres no hombres! Y o bien se les ha impedido el desarrollo de una vida profesional, o bien si lo han conseguido han tenido doble trabajo. El de cuidados ni siquiera valorado y tan necesario. Espero que cada vez influya más en la conciencia de los jóvenes. Debe transformarse en otra dirección.

“La reforma de pensiones del PP viene a decirte: Sea usted solidario y muérase”

Hay opiniones muy diversas sobre el presente y el futuro de las pensiones. Usted participó como experto en 2013 en la Comisión del Pacto de Toledo para valorar el informe presentado por el llamado ‘Comité de Sabios’ sobre la reforma del factor de sostenibilidad de las pensiones. ¿Qué opina cinco años después?

En primer lugar se hace un diagnóstico falso sobre la llamada insostenibilidad de las pensiones en el futuro. En 1995, en el primer Gobierno Aznar había muchos informes, casi siempre ligados a instituciones financieras, que decían que en 2005 el sistema de Seguridad Social estaría quebrado y recomendaban a la gente que suscribiera un fondo de pensiones. No solo no ocurrió sino que tenía superávit.

En mitad se produjeron los Pactos de Toledo. Allí se establecieron algunas reformas, manteniendo el sistema de reparto o lo que es lo mismo, los activos de hoy son los que están financiando las prestaciones de los pasivos de hoy. Hay una solidaridad de dos tipos: interés generacional (sanos y enfermos, ocupados y desempleados…)  e intergeneracional (jóvenes con viejos).

En las cuentas de la insostenibilidad hay una especie de  ‘cuenta de la vieja’: en un mundo en el que hagan falta menos trabajadores, debido a los medios técnicos,  en el que la tasa de natalidad será baja y en el que la expectativa de vida va a aumentar espectacularmente, habrá muchos pasivos y unos pocos activos con una carga insoportable.

Se hicieron reformas como aplicar una subida de edad de jubilación a los 67 años para 2027 y alargar los periodos de cotización. Y sin esperar a ver los resultados de esas reformas en 2013 el PP hace una reforma muy dura. Dentro de unos meses, en enero de 2019, se aplicará el factor de sostenibilidad, un mecanismo automático que, en resumen, lo que hace es castigar por vivir más. Me parece durísimo porque lo que viene a decirte es “sea usted solidario y muérase”.

Y además esto tiene un segundo problema de justicia: no todos los que se jubilen el año que viene vivirán lo mismo. Se presupone la misma expectativa de vida para todos pero la pensión es individual. 

España justificó ante la Unión Europea que con el factor de sostenibilidad se compensaría la mayor esperanza de vida. El error de base está en la demografía. No se pueden hacer proyecciones a tan largo plazo. En 2045 no sabemos lo que ocurrirá, lo dicen los más serios demógrafos. Y luego lo más grave tiene que ver con la financiación del sistema de Seguridad Social. El 83% de sus ingresos viene de cuotas calculadas sobre salarios. Es cierto que si avanza el desempleo tendríamos un problema. Pero, ¿dónde dice que  eso tenga que ser así exclusivamente? En ningún sitio. Se puede recurrir a impuestos específicos, a redistribución de rentas…Parece razonable pedir a los que más tienen que aporten más a la caja común. Otra cosa es que no quieran. ¿Margen? Claro que hay.