¿Cuál es la asignatura pendiente de Castilla-La Mancha en violencia de género?

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobarán en breve su nueva normativa regional contra la violencia de género. Con ello, esta comunidad autónoma seguirá siendo un referente en la lucha contra los asesinatos machistas. En ella se establecen medidas muy innovadoras como decretar la orfandad absoluta para hijas e hijos de asesinos por motivo de género y diferentes iniciativas que dependen de resoluciones que deben adoptar los jueces. Sin embargo no cuenta con una cobertura judicial cien por cien eficaz que complete el círculo de protección que necesitan las mujeres. Así lo ha vuelto a manifestar este año la Memoria Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) correspondiente al año 2017 y recientemente publicada.

Este informe se realiza todos los años con los datos estadísticos comunicados por los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma y con los existentes en la Secretaría de Gobierno del Tribunal y ha sido aprobado por unanimidad en la Sala de Gobierno del TSJCLM.

Un dato muy importante responde a una realidad que no ha cambiado en los últimos años: la planta judicial de Castilla-La Mancha sigue ocupando el último lugar de todos los tribunales superiores de justicia autonómicos en cuanto a número de jueces por habitante. Es por ello por lo que requieren un aumento en el número de jueces y magistrados.

¿Cuál es la situación en el caso específico de la violencia de género? En la memoria se establece que el Juzgado de Violencia contra la Mujer de Albacete sigue siendo el único y exclusivo de toda la comunidad autónoma desde su creación en diciembre de 2006. Se trata de un partido judicial que no ha variado su planta en los dos últimos años y que también tiene un juzgado compartido de forma parcial en materia de Familia. En ambos casos, los jueces apuestan por el aumento de plantilla, si bien apuntan que la carga de trabajo es “moderada” y que puede ser atendida “con eficacia y prontitud”.

En 2017 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo de Albacete registró 653 asuntos de orden penal (de esos, 228 fueron diligencias previas y 253 diligencias urgentes) y se resolvieron 65 asuntos. En total, se adoptaron 105 órdenes de protección.

En el resto de provincias castellano-manchegas no hay juzgados exclusivos y así se hace notar en la Memoria. En Ciudad Real, vuelven a insistir (es una petición de hace años) en que el Juzgado con competencia en materia de violencia de género (el nº 5) sea exclusivo y con jurisdicción provincial o comarcal, asumiendo el conocimiento de los asuntos en materia de violencia de género de partidos judiciales limítrofes.

También en Guadalajara se reitera un año más la demanda de crear un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo con jurisdicción provincial, dado el volumen de trabajo que en esta materia registra el Juzgado de Instrucción nº 2 de Guadalajara, competente en estos asuntos judiciales.

El caso de Toledo

Lo mismo sucede en Toledo: al igual que en memorias precedentes, los jueces consideran conveniente dotar al Partido Judicial de una sala exclusiva, cuya competencia asume actualmente el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5. Añaden que dicho Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo podría ser de ámbito provincial o comarcal, añadiendo a su jurisdicción los asuntos en esta materia procedentes de los partidos judiciales de Illescas, Ocaña, Orgaz y Torrijos.

“Siguiendo lo reseñado en el repaso de cifras por cada provincia, se insiste una año más en la propuesta de creación de al menos un Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo por cada capital de provincia, teniendo prioridad Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, y estudiar en sus respectivos casos la posibilidad de extender su circunscripción a nivel provincial”, establece la Memoria como conclusión.

De hecho, y con carácter general, los jueces piden en total 32 plazas más en toda Castilla-La Mancha. La propuesta que se hace es que a las nueve plazas de Jueces de Adscripción Territorial consolidadas se sumen otras ocho plazas definitivas, con el siguiente reparto por provincias: dos en Albacete, dos en Ciudad Real, una en Cuenca, una en Guadalajara y dos en Toledo, alcanzado de esta forma 17 plazas definitivas. Esta propuesta se hace con el objetivo de atender todas las necesidades de sustitución de larga duración y de refuerzos de todo tipo.

De forma alternativa y mientras no sea posible la adecuación de la planta con el aumento de plazas judiciales en ese número de 32, la solución temporal pasa por la “obligatoria adopción de medidas de refuerzo y su mantenimiento y ampliación”. En ese sentido, se hace referencia a los refuerzos que han funcionado durante 2017 en Castilla-La Mancha, y que se han repasado a lo largo del balance de datos que recoge la memoria en los diferentes órganos colegiados y unipersonales.