Castilla-La Mancha pide que los autobuses de viajeros paguen menos en peajes
La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha dirigido una carta al director general de Carreteras del Ministerio de Fomento en la que le solicita reducciones tarifarias para el transporte público regular de viajeros en los peajes del semicírculo Sur de Madrid con afectación a las rutas de la red viaria castellano-manchega. Cumple así un compromiso adquirido con los responsables del sector del transporte de la Federación de Empresarios de Toledo, con los que se reunía recientemente en la capital regional.
En dicha reunión, celebrada en la Consejería con el presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte de Viajeros por Carretera de Toledo, Carmelo Casla, el secretario general de FEDETO, Manuel Madruga, el secretario de la Asociación, José Javier Tristán y el coordinador de la Federación Provincial de taxis de Toledo, Javier Raso, la consejera y el director general de Carreteras y Transportes del Gobierno regional, David Merino, se hacían eco de una queja generalizada en el sector del transporte en relación a estos sobrecostes.
Elena de la Cruz considera que el transporte de viajeros debería estar sometido, incluso, a un régimen de tarifas inferior al de los turismos, en lugar de ser objeto de un coste añadido. Explica que el rescate de las primeras autopistas en quiebra por parte del Estado “abre una oportunidad a replantear genéricamente las tarifas a la baja para fomentar la diversificación del tráfico” entre las vías de pago y las gratuitas de modo que aquellas “sirvan realmente para el objetivo que las hace socialmente útiles, que es descargar a la red dependiente del Estado”.
En el caso del transporte público, opina que “merece una política tarifaria especial, puesto que los autobuses restan la afluencia de vehículos particulares y reducen considerablemente la contaminación a partir de una determinada ocupación de usuarios por autocar”.
“Si de verdad queremos potenciar el uso del transporte público –continúa la consejera- debemos tomar medidas de estímulo tendentes a su generalización, no a dificultarlo”. La reducción de tarifas en los peajes contribuiría a un mayor uso por parte de las empresas, lo que considera que reduciría en algunos casos el tiempo de viaje, mejorando por tanto el servicio y repercutiendo además en una mayor rentabilidad para las empresas, incluso con posibles impactos en el precio de los billetes.
Situación actual de precios
La situación actual en las seis autopistas de peaje no contribuye a favorecer el paso de autocares por las vías de pago que atraviesan la región o afectan al tráfico de sus autovías paralelas gratuitas. En la R-2, la AP-36 y la AP-41, el sobrecoste que soportan los servicios regulares de viajeros sobre los turismos está en el entorno del 40%. En la R-3 y la R-5, los precios sobre los vehículos ligeros aumentan aproximadamente un 35 por ciento. La R-4 es donde menor diferencia tarifaria se produce. Los autocares de hasta tres ejes pagan un 14 por ciento más que los turismos en hora punta. Por el contrario, los descuentos por uso continuado utilizando el sistema Vía-T están dirigidos únicamente a vehículos ligeros.
Sólo en dos de estas autopistas existen posibilidades de reducción tarifaria destinadas a los autocares. En la AP-41, que enlaza Toledo con la R-5 en las proximidades de Móstoles, la rebaja puede alcanzar una reducción del 10 por ciento para el servicio regular de viajeros previo acuerdo con la empresa concesionaria.
En la AP-36, cuyas tarifas están definidas por épocas del año en lugar de por horas, los vehículos pesados se benefician de una equiparación de precios con los ligeros entre lunes y jueves de la temporada media o baja. La concesionaria de esta autopista ofrece reducciones del 10 por ciento por alta ocupación para turismos con tres o más personas a bordo. No hay ningún descuento similar para el transporte público.
Para Elena de la Cruz, estas políticas de precios no sólo son dispares entre sí, sino que no reflejan en ningún caso una “verdadera voluntad desde la Administración de estimular con incentivos el transporte público”, modalidad que “puede contribuir fácilmente a reducir la emisión de CO2 a menos de la mitad y evita la saturación de las carreteras que se produce a causa del uso intensivo del coche privado”. Además, apunta que “las cuentas de estas autopistas no son deficitarias porque paguen más o menos los autobuses”.
