Eduardo Garzón: “La ejecución del pleno empleo es una cuestión totalmente política”
El economista Eduardo Garzón volvió a Toledo para explicar su propuesta del trabajo garantizado, esta vez, desde la importancia que la misma tendría desde el punto de vista municipal. Acompañado por la asesora jurídica de Ganemos-Izquierda Unida en la Diputación de Toledo y el responsable de convergencia de IUCLM, Ángel Carrasco, Garzón trazó las principales líneas de su propuesta con el plus de contar con una experiencia local y más cercana, los Ayuntamientos.
“Lo que queremos es que la gente se una y comparta esta iniciativa, porque no queremos que se imponga, queremos que la gente sea la que impulse la idea del trabajo garantizado y que también trabaje en su ejecución”, explicaba el economista a eldiarioclm.es. Por eso, la propuesta es clara: “queremos que la gente comprenda que la ejecución del pleno empleo es una cuestión totalmente política, de voluntad, no técnica”, asegura. Garzón afirma que los recursos están ahí y que no se trata de un “problema matemático” que no se pueda resolver.
El profesional señala que en un país como España, con “tanto desempleo”, sólo haría falta que el Gobierno central iniciase acciones para llegar de verdad al pleno empleo. Para ello, bastaría con hacer caso a las necesidades sociales, ecológicas, culturales y medio ambientales que no se encuentran satisfechas. Aquí entra la importancia del plano local, pues es la “mejor forma” de atender a las necesidades que la misma población va detectando.
“Es este el ámbito en el que los vecinos están más cerca de los problemas, son los que los palpan día a día y saben donde hay necesidad de cubrir más mano de obra para atender a servicios de cuidados a niños o adultos dependientes o enfermos, o necesidades para cuidar el equilibrio medioambiental”, afirma Garzón. Por eso, deben ser los Ayuntamientos los que deben entrar a identificar los puestos de trabajo que hacen falta.
Necesidades cubiertas sin lucro
Eduardo Garzón hace hincapié en un punto que es necesario en la propuesta del trabajo garantizado y es que no puede haber intención de lucro, debido a que la financiación vendría a través de fondos públicos. “La idea es que se cubran las necesidades, sí, pero sin lucro de por medio”. Además, reconoce que llegar a la financiación de la propuesta es un proceso complejo, pero “no utópico”, ya que depende, simplemente, de la organización.
“Podemos articularnos para que se pueda atender a todas estas necesidades, sin requerir de una exigencia abismal de recursos. Es tan simple como que tenemos personas que quieren y pueden trabajar y a la vez queda mucho por hacer”, asegura. La propuesta es “holística”, ya que el fin es que lo que se lleve a cabo recaiga finalmente en beneficio de toda la sociedad, a través de un fondo de ámbito estatal, una “caja común” de todo el país.
Ángel Carrasco, concejal en la localidad de Torrijos, recalca también la necesidad de que la financiación sea estatal, ya que para un Ayuntamiento como el toledano en el que trabaja sería, sino, “imposible”. En su pueblo hay actualmente 1.600 personas en paro, lo que implica un 25%. Es más alto que la media nacional y de Toledo. “Deben ser las asambleas vecinales abiertas las que deben decidir en qué gastar el dinero, que podría llegar a actividades que ya existen y no están remuneradas”, asegura.
Finalmente, el tiempo que se necesitaría para implantar el trabajo garantizado no sería tanto. “Técnicamente se podría lograr en apenas unos meses”, afirma Garzón. Así lo demuestra una experiencia en Argentina que se llevó a cabo en 2002, tras la crisis del Corralito, cuando se puso en marcha un proyecto de trabajo garantizado a tiempo parcial que logró crear 2 millones de puestos de trabajo en 5 meses, con puestos de trabajo cuidando de las personas y del espacio público.
“No es un problema laborioso. Evidentemente necesitamos leyes y, en definitiva, todo un proceso, pero es una cuestión sobre todo política. Sabemos que la fuerza dominante política y gobernantes aquí no está dispuesta a llevar esto a cabo porque creen que el puesto de trabajo debe venir de la empresa privada para, además, crear beneficios”, afirma Garzón. Y concluye: “pero nuestro planteamiento es que si no se ha creado el puesto es que las empresas no lo necesitan y, por tanto, debe intervenir el sector público.
