Educación contratará un servicio de mediación para evitar “problemas de imagen” en algunos centros

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes contratará un servicio de mediación para los centros educativos de Castilla-La Mancha “con el ánimo”, ha explicado el titular del departamento, Ángel Felpeto, de evitar “los problemas que alteran la imagen de los centros y conducen a menos solicitudes (de matrícula)”. Lo anunciaba durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Educación de las Cortes regionales, donde el PP había pedido su intervención para explicar el cierre de colegios públicos en Castilla-La Mancha.

No ha sido la única medida anunciada por el consejero. En septiembre, ha dicho, al menos el 50% del incremento de los recursos humanos para los centros públicos - que ha situado entre 400-420 profesores- serán docentes dedicados a Educación Infantil y Atención a la Diversidad que, ha detallado, “tienen mucho que ver con el mantenimiento de las escuelas rurales”. En este sentido, abundaba, los recursos humanos se centrarán en la pedagogía terapéutica, la orientación o audición y lenguaje, entre otras.

Ángel Felpeto ha desvelado también que ha pedido a los directores de los centros educativos que presenten proyectos orientados a “mejorar la convivencia” porque, en este caso, “tiene mucho que ver” con el mantenimiento de algunos centros educativos urbanos. “O hacemos algo o los condenamos al cierre”, sostiene para poner como ejemplo proyectos relacionados con las comunidades de aprendizaje u otros “desde la autonomía de los centros”.

El consejero ha aclarado que su departamento, en el caso más extremo de cierre, no se comunica hasta el 1 de septiembre y “no se hace por decreto” sino que “les decimos a los alcaldes que intenten un alumno más durante el verano”.

“Medidas excepcionales” para “proteger” la escuela rural y evitar cierres en la urbana

Las medidas anunciadas por Felpeto se tomarán para “proteger” a la escuela rural y también a los centros ubicados en ciudades y que pierden alumnos, entre otras causas, por la baja natalidad. Ha hablado de la necesidad de tomar “medidas excepcionales” y se ha ofrecido a escuchar propuestas desde el ámbito político y sindical en este sentido después de reconocer el cierre, en la presente legislatura, de dos centros públicos, uno concertado y varias unidades en centros rurales agrupados (CRA).

En este último caso porque, pese al compromiso del actual Gobierno regional, de mantener abiertos centros rurales con cuatro alumnos, la pérdida de población con hijos y el hecho de que algunos de los alumnos que estaban en los colegios rurales hayan pasado a Secundaria, ha provocado que en algunos casos se hayan quedado con menos de cuatro escolares y hayan tenido que cerrar después de su reapertura. En este punto volvió a comprometer reabrirlos si recuperan el número mínimo de escolares.

Felpeto se ha referido también al cierre de dos centros públicos en Ciudad Real. Por un lado el Colegio Juan Alcaide y, por otro, el CEIP Ciudad Jardín. “Si un centro de deja de incorporar alumnos en Infantil y los pierde en el paso a Secundaria presenta una matrícula insuficiente”, ha dicho, y eso, sostiene, es lo que le pasó a ambos centros. En el caso del Colegio Juan Alcaide pasó de tener 84 alumnos en 2012 a 11 en 2016. En el caso del CEIP Ciudad Jardín pasó de 103 alumnos en 2012 a 21 en 2016. “En los cursos de tres y cuatro años pasó a cero”, concretaba Felpeto.

En este sentido, el portavoz del PSOE en la Comisión, el diputado Fausto Marín, ha acusado a los ‘populares’ de ir a las Cortes a “a hacer ruido mediático” con los dos centros cerrados en Ciudad Real que “eran guetos” y para acusar al Gobierno de Cospedal de propiciarlo al “cortar la admisión de alumnos” para “dejar caer” al centro. “Este Gobierno lo que hace es cumplir la ley”.

El cierre del colegio concertado de Villanueva de los Infantes

A ellos se suma el cerrojazo al Colegio concertado Trilema Sagrado Corazón de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) que se ha producido, según decía, a petición de los titulares del centro y de forma consensuada con la comunidad educativa. Tras las acusaciones de la diputada del PP Claudia Alonso sobre el cierre “forzado” del centro al que, decía, se llegó a enviar a un inspector para “coaccionar a las familias para que hiciesen las matrículas en el colegio de enfrente”, Felpeto ha comentado que se desplazó a la localidad para reunirse con familias y profesores. “Les ofrecí mantener el centro abierto con las mismas unidades, como si fuera un centro público, pero la titularidad no se comprometió porque dijo que no resultaba rentable”.

Sobre la presencia de un inspector en el centro ha detallado que se produjo porque los titulares del colegio concertado “no querían ser responsables por la tensión que había con las familias” al anunciarse el cierre.

Felpeto ha acusado al PP de “llegar tarde” en su interés para recordar que “el mayor cierre se produjo en 2012”, durante el Gobierno de Dolores de Cospedal y ha querido “ligar” los datos a causas concretas. Por un lado, ha asegurado, tuvo que ver con la regulación de los procesos de admisión aplicados por el Partido Popular. Por otro, se ha referido a la situación de la escuela rural en la pasada legislatura. “En 2012 cerraron ustedes aquellas que contasen con menos de 11 alumnos. Unilateralmente y sin aviso cerraron más de 70 sabiendo que era acelerar la despoblación”.

“Me parece una huida hacia delante de que trate de justificar el cierre por el distrito único”, respondía Claudia Alonso. En su opinión, ahora la Administración dice a las familias “dónde tienen que ir los niños a clase, con criterios políticos”. Alonso encontró la respuesta del consejero: “En zonas urbanas donde la oferta es menor que la demanda hay que establecer criterios que han sido consensuados en un 99% con la comunidad educativa” y apuntaba datos del presente curso escolar. Si en el anterior se presentaron 3 y 4 solicitudes por familia, en el actual “cero incidentes y ninguna familia ha hecho más de una solicitud. Mayoritariamente se confía en el proceso”.

Felpeto ha dicho que “es falso que el Gobierno les diga a las familias dónde tiene que ir. El criterio primado es la proximidad al centro y está aceptado por la mayoría de la sociedad castellano-manchega” y añadió que también “se han mejorado” otros criterios relacionados con los hermanos en el mismo centro o la renta familiar.

Se han reabierto 22 de las 70 escuelas rurales cerradas

¿Y cuántas de estas escuelas rurales cerradas por el PP ha reabierto el Gobierno de Emiliano Garcia-Page?, preguntaba la diputada de Podemos, María Díaz. El consejero detalló que hasta la fecha han reabierto un total de 22 de las 70 clausuradas, aunque en este punto la diputada ‘popular’ Claudia Alonso insistió en que, en la vigente legislatura, “el hecho objetivo es que se han cerrado tres centros públicos” y justificó el cierre de escuelas rurales en la etapa de gobierno del PP por un “criterio ideológico”: el de un PP que sostiene que el resto de centros tiene “mejor servicio” que las escuelas rurales.

Pero no se cerraron todas, le recordaba el socialista Fausto Marín. “En Fuentelespino de Haro no se cerró porque creo que es el pueblo del presidente de la Diputación de Cuenca” para acusar al PP de “arbitrariedad” y “tráfico de influencias”. Por su parte, Claudia Alonso acusó al presidente regional, Emiliano García-Page, de “utilizar a un menor para ponerle a borrar una frase con un altísimo contenido político”, en alusión a la inauguración del curso 2015-2016 en Puente Vadillos (Cuenca), un centro rural cerrado por Cospedal, decisión que el Supremo anuló en febrero de 2017.

“Después lo cerraron ustedes. Son muy cínicos. No pueden llegar tres años después y decirme que con el cierre de los centros, no pasa nada porque la organización educativa así lo necesita pero que si lo cierra otro partido político no afín al mío, me rasgaré las vestiduras y llevaré una pancarta”, ha dicho Claudia Alonso. El consejero reconocía que algunos de estos centros “se abrieron pero tuvieron que cerrar de nuevo porque no quedaban ya niños”.

“Podemos recrearnos en los cierres de la legislatura anterior pero hemos de centrarnos en la apertura y ver cómo podemos recuperar aquel alumnado que se perdió y que una vez que se marcha es difícil que vuelva”, apuntaba María Díaz desde Podemos. “Ha sido dramático”, decía la diputada. “Los cierres se acompañaron de una tremenda campaña de desprestigio de la escuela rural de la que ahora algunos dicen preocuparse tanto” y concluyó que tras “aquella mala experiencia” pedía “política de prevención frente a la política de cierre”.