Hasta 70 escuelas rurales esperan una bajada de ratios para su reapertura
Cuando en 2012 la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal, decidió derogar el artículo 128.3 de la Ley castellano-manchega de Educación, provocó una reacción en cadena en el sistema educativo rural de Castilla-La Mancha. Este artículo establecía una ratio mínima de cuatro alumnos para mantener abierta una escuela unitaria rural y con su eliminación, se abrió el camino para la supresión progresiva de muchas de ellas: unas 70 en la actualidad en toda la comunidad autónoma. La mitad solo en la provincia de Cuenca, la zona más afectada por esta decisión, que también generó pérdida de docentes, de calidad educativa y despoblamiento.
Desde el Foro de la Escuela Rural de Castilla-La Mancha confían ahora en que el nuevo Gobierno de Emiliano García-Page proceda, o bien a la recuperación de ese articulado o bien a la aprobación de un decreto que vuelva a las ratios anteriores. En los últimos tres años, el número de alumnos mínimos necesarios para mantener abierta un aula ha sido de 11 por clase, casi tres veces más que los anteriores. Volver a la base de cuatro alumnos por aula, es decir, a la situación anterior, sería suficiente para que los Colegios Rurales Agrupados (CRA) volvieran a la normalidad tras su ‘mutilación’.
Desde el Gobierno anterior ni siquiera se reguló por decreto el establecimiento de una nueva ratio para las escuelas rurales. La cifra de estos 11 alumnos mínimos que ahora se necesitan para activar las unidades procede de los cálculos que se han hecho en los propios centros, puesto que se dejó en manos de las instrucciones de uso interno de cada colegio de cara a las negociaciones de las plantillas.
Los efectos en estos tres años han sido el cierre de 11 escuelas rurales en Albacete, cinco en Ciudad Real, 9 en Guadalajara, nueve en Toledo, y casi 40 Cuenca, según estimaciones de STE Intersindical. En esta última provincia, el efecto ha sido devastador para numerosos pueblos y pedanías, con un notable descenso de la población debido a las incomodidades producidas por los cierres. En los casos concretos de las unidades conquenses de Hontanaya y La Pesquera, ambas están cerradas jurídicamente aunque mantienen los cupos. Mientras, la última previsión es el cierre del aula rural de Alcañizo, en Toledo, que ya ha recibido la comunicación al respecto.
Cospedal y Marín justificaron los cierres en la falta de calidad educativa
El exconsejero de Educación y ahora secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, justificó estos cierres cuestionando la idoneidad de los centros rurales y afirmando que no garantizaban “la misma calidad e igualdad”. En el Foro de la Escuela Rural siempre han condenado tal afirmación y afirman que hay numerosos estudios que demuestran que las mejores notas se obtienen en este tipo de colegios.
“Cospedal y Marín utilizaron argucias legales, falacias y mentiras para defender una medida que lo único que hizo fue obligar a niños de dos años a desplazarse hasta 70 kilómetros todos los días”, afirman desde este colectivo. Explican que el Gobierno del PP “solo tuvo en cuenta criterios economicistas y no de calidad”, puesto que más de la mitad de los pueblos de la región tienen menos de 500 habitantes, y “había que adaptar la educación a esa realidad y no al revés, provocando el despoblamiento”.
La puntilla para las escuelas rurales públicas vino también de la mano de la aprobación de un mayor número de plazas para los colegios concertados, y de la fijación de ratios “diferenciadas” para estos últimos. “Un modelo de ideología de la enseñanza”, afirman desde el Foro, confiando en que el nuevo Gobierno tome cartas en el asunto, devuelva “la vida” a estos pueblos“ y solucione esta cuestión, para lo que todavía, antes del inicio de curso, ”hay tiempo“.
