La Junta acataría un registro de objetores con el aborto si fuera “constitucional” y sin acceso libre

El Gobierno castellanomanchego “acataría” la ley si finalmente se llevara a cabo la regulación de un registro de médicos objetores de conciencia con los abortos si fuera conforme a la Constitución y, por lo tanto, no de acceso libre como en su momento dictaminó el Tribunal Constitucional en el caso de la adopción de esta medida en Navarra.

Se ha referido a esta cuestión la portavoz y consejera de Igualdad de la Junta, Blanca Fernández, reiterando primero que en esta comunidad autónoma la objeción de conciencia “es la que es” -muy mayoritaria entre el personal médico de la sanidad pública- pero que cuando se realizan abortos por riesgo o peligro para la madre y el feto, “siempre se pone por encima la salud de la paciente”.

Tras recordar que el amplio nivel de objetores ha hecho que en esta región las interrupciones del embarazo se deriven a la sanidad privada, se ha referido a la posible creación de un registro de los médicos que se niegan a realizar abortos subrayando que el Ministerio de Igualdad “dice una cosa” y el de Sanidad “dice otra”. Por ello, ha remarcado que “cuando haya una posición oficial, la podremos valorar”.

Dicho esto, Blanca Fernández ha remarcado que, de crearse el registro, habría que hacerlo “conforme a la Constitución” y al hecho de que ya hay precedentes, como en el caso de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la aprobación de esta medida en Navarra en 2014, avalando su creación pero no con un acceso libre. Y, de cual forma, ha concluido afirmando que en ese caso, “acataremos la ley como siempre hacemos”.