Cuando la justicia anula los contratos locales de agua: el caso de Almodóvar del Campo
Una sentencia judicial ha abierto un nuevo frente en Castilla-La Mancha sobre la gestión local de los ciclos urbanos del agua. En Almodóvar del Campo (Ciudad Real) ha quedado anulada, mediante resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJCM), la adjudicación a Acciona que se realizó en el año 2013 para la gestión del agua en la localidad, y cuyo contrato se firmó por una duración de 20 años por un valor de más de 17 millones de euros. Este contrato fue aprobado en pleno con los votos a favor del PP, que gobierna en la localidad, el rechazo del PSOE y la abstención de IU. El asunto sigue ahora judicializado debido a la intención del Ayuntamiento de recurrir al Tribunal Supremo.
La sentencia, de enero de 2018, revoca la dictaminada en primera instancia por la vía contencioso-administrativa que sí que avaló esta contratación y que recurrió posteriormente ‘Aquona, Gestión de Aguas de Castilla-La Mancha’, la que por entonces era adjudicataria del servicio. En esta última resolución, el tribunal cuestiona el proceso de adjudicación que finalmente recayó en Acciona y concluye que hubo “irregularidades esenciales” que “han supuesto una vulneración del régimen de valoración de ofertas” que regula la Ley de Contratos en cuanto al orden de la apertura de sobres.
Concretamente la “antijuricidad” de este acto administrativo, reza la sentencia, se ve “reforzada” por la propia actuación de la Mesa de Contratación, ya que vio alterada su composición y funcionamiento. “Necesariamente se vincula al proceder ulterior y anómalo de la propia Corporación local, con relación a la valoración de las ofertas”. Se refiere con ello al hecho de que la mesa actuara en todo momento sin la presencia del técnico municipal, al que no se citó formalmente
“Dicha ausencia afectó a la motivación de la decisión de la mesa pues no sólo estaba huérfana del miembro que había emitido el informe técnico-valorativo de las ofertas sino que, eludiendo dicho informe técnico, alteró sustancialmente dicha valoración, en un tiempo récord y sin pedir informe que pudiera avalar su decisión”, añade. Con esta resolución quedó revocada la sentencia de primera instancia y se anuló el acto administrativo de adjudicación.
Tormenta política
Tras ello, la tormenta política en la localidad ciudadrealeña no ha cesado. Los concejales socialistas solicitaron un pleno extraordinario para aclarar los términos del contrato municipal anulado, pidiendo que se incluyera en el orden del día la información pertinente por parte del alcalde sobre “por qué la mesa de contratación actuó de manera irregular”; y la petición de dimisión del alcalde, José Lozano como “responsable máximo de la manipulación del proceso”.
Desde el principio, el regidor municipal ha negado la mayor y se ha negado a dimitir. Asegura que la sentencia que anula la adjudicación tan solo aprecia un “defecto de forma” en cuanto a los informes que se solicitaron una vez se habían abierto los sobres de oferta económica que concursaban. “No hay ningún tipo de irregularidad” ha reiterado.
Las posiciones de ambos se han mantenido en el mismo punto tras la celebración del pleno extraordinario, que no sirvió para clarificar los hechos. La portavoz socialista, Carmen Pimienta, sigue denunciando que el alcalde “echa balones fuera”. “No asume el juego democrático, la crítica le molesta y llega a pedirnos que nos retractemos, cuando es algo que aparece en una sentencia. Los hechos están probados y seguiremos pidiendo explicaciones, porque no nos ha quedado clara la relación entre el PP y Acciona, ni cómo ha llegado esta empresa al pueblo”.
El Grupo Municipal Socialista pide además la asunción de responsabilidades patrimoniales por parte del alcalde y los concejales miembros de la mesa de contratación cuyo acto ha sido declarado nulo, “de manera que en el futuro no suponga una merma económica de cualquier tipo en las arcas municipales”. Ahora, el asunto puede enrocarse aun más porque el alcalde ha anunciado que llevará a los tribunales las “graves acusaciones sin ningún fundamento ni prueba” que vienen vertiendo sobre él ante sentencias judiciales “que no son firmes”.
De hecho, ha hecho un llamamiento a los ediles socialistas “para que intervengan y corten cuanto antes esta locura desenfrenada en que están instalados”, porque “en su afán por dañarme como alcalde están fracturando muy seriamente la convivencia en esta villa, que siempre ha sido afable y de buena vecindad”. El regidor incluso a ha acusado al PSOE de utilizar ‘fakenews’ (noticias falsas) para desestabilizarle. De cualquier forma, desde el equipo de Gobierno municipal mantienen que la celebración de esta sesión sirvió para dar firmeza a las explicaciones ya ofrecidas anteriormente por el alcalde y “despejan toda sombra de duda” acerca del proceso relativo a la concesión del contrato de agua.
Por su parte, desde IU han mostrado su “frontal rechazo” a la “actitud desafiante” del alcalde y expresan también su preocupación por el coste que supondrá para los vecinos las costas procesales de la resolución judicial de este asunto. “No entendemos la obsesión del Partido Popular por huir hacia delante cuando en el pasado pleno se les instó a que tomaran la salida más honrada y honorable como es la dimisión. Ese intento de ganar tiempo sumado al ‘show político’ nos demuestra que el equipo de Gobierno va a la desesperada en un intento de salvar los muebles”.
Esta polémica recuerda por algunas similitudes al proceso judicial en el que sigue inmerso Alcázar de San Juan, aunque en este caso lo que permanece estancado es la remunicipalización del agua, es decir, la vuelta a la gestión pública. También contó con una de las mayores movilizaciones sociales del país en defensa del agua pública. En julio de 2016, con su regreso al Gobierno local, el PSOE anuló la decisión de los anteriores regidores del PP de cambiar de pública a mixta la fórmula de gestión de los recursos hídricos de la ciudad, recayendo la mayor parte en la empresa Aqualia. El proceso aún sigue en manos de los tribunales debido a los numerosos recursos de ambas partes.
Otro caso polémico en la región se produjo el pasado mes de marzo en la localidad toledana de Illescas. El Ayuntamiento decidió continuar con un servicio privado de gestión del agua hasta el año 2033, gracias a un nuevo contrato de 15 años de duración que contempla una subida del 17% en la tarifa de uno de sus tramos de consumo y que, no obstante, tendrá que licitarse para que las empresas interesadas en hacerse cargo del servicio -actualmente en manos de Aqualia- presenten sus ofertas.
Se da la circunstancia de que recientemente se celebraron unas jornadas sobre recursos hídricos en Toledo en las que varios expertos pusieron de manifiesto los “intereses creados” y la “mercantilización del agua” tanto a nivel de infraestructuras hidráulicas de gestión estatal como en el espacio municipal. Enrique Ortega, de la Red de Agua Pública, se refirió a la gestión del ciclo urbano del agua manifestando su apoyo a los procesos de remunicipalización.
“Ha habido un cambio de paradigma en cuanto a lo que anteriormente era el agua como mercancía. El derecho humano a este recurso implica que la gestión tenga que ser participativa, transparente, con rendición de cuentas, y ya hay nuevos modelos de gestión que no tienen que ver nada con los mercantiles. Esto va a costar pero nos ayudará a erradicar la turbia mercantilización del agua”.
