La doble exclusión sanitaria a 'sin papeles' que practica el Gobierno de Cospedal
Se cumplen tres años del Real Decreto de 2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, calificado como medida de “exclusión sanitaria” a inmigrantes en situación irregular por parte de los colectivos defensores de derechos humanos. Con motivo de esta fecha y tras numerosas denuncias de esta normativa, Amnistía Internacional ha realizado un estudio sobre el impacto en derechos humanos de la reforma sanitaria en Castilla-La Mancha, la única comunidad autónoma que desde entonces no ha desarrollado ningún tipo de programa para extender la atención sanitaria más allá de lo previsto en el decreto, “ni siquiera para personas con bajos recursos”.
Esta medida propició hace tres años que pudiera excluirse de la atención sanitaria a los inmigrantes ‘sin papeles’ salvo en tres excepciones: situaciones de urgencia hasta alta médica; embarazo, parto y postparto; y atención sanitaria a menores de edad. La organización internacional recuerda en primer lugar que en Castilla-La Mancha, además de no haberse establecido ningún programa para su desarrollo, los centros de salud y hospitales de la región no siguen un procedimiento único a la hora de atender inmigrantes, “lo cual puede tener un efecto negativo en su disfrute del derecho a la salud”.
Amnistía Internacional indica que algunos centros han seguido prestando asistencia sanitaria en atención primaria, mientras que otros derivan a urgencias hospitalarias, y pasa a analizar la situación en varios bloques. En primer lugar, en cuanto a la exclusión sanitaria y la aplicación del decreto de 2012, denuncia que en la región, la personas inmigrantes excluidas por la norma “no pueden solicitar una cita para hacer seguimiento de la patología identificada en urgencias”, lo que impide “la debida continuidad asistencial en la atención sanitaria”.
Según interpreta, en la práctica, la atención finaliza con el alta de urgencias, que no tiene por qué coincidir con el momento de resolución del problema, lo que constituye “otra forma de exclusión sanitaria”, además de la ya regularizada en el decreto. Recuerda que esta falta de continuidad asistencial y las posibles consecuencias en el estado de salud de las personas han sido objeto de preocupación por parte de la Defensora del Pueblo.
Añade a estas críticas otro bloque referido al “caos administrativo” e “incumplimiento” del decreto en Castilla-La Mancha. Reseña que aunque la atención de urgencias debería estar garantizada en todos los casos, algunos hospitales “han enviado facturas o avisos de su envío próximo a personas migrantes que han sido atendidas en urgencias”, algo que vulnera “claramente” la normativa estatal.
Emisión de facturas que incumplen el decreto
Amnistía Internacional también ha podido constatar que, en ocasiones, se han emitido cartas de compromiso de pago en el mismo momento de la atención de urgencia. La emisión de esos compromisos de pago y facturas constituyen también “un claro incumplimiento” del decreto, convirtiéndose “en barreras adicionales” al acceso a la asistencia sanitaria. Con estos datos, la organización defensora de derechos humanos considera que la emisión de estas facturas y compromisos de pago “debe cesar inmediatamente” y recuerda a las autoridades sanitarias que el cumplimiento de la legislación y el respeto a los derechos humanos “no puede depender de la presencia o no de organizaciones de la sociedad civil”.
Pero el análisis sobre Castilla-La Mancha no termina ahí. A todo lo mencionado añade que la “falta de información” en relación a la normativa “afecta tanto al personal sanitario como a las personas migrantes”. Es decir, que a pesar de la existencia de instrucciones internas, personal sanitario y trabajadores sociales han comunicado a Amnistía Internacional que la información les llega más a través de las organizaciones sociales que del propio servicio de salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
Según los testimonios que ha recogido, el llamado “convenio especial” es algo de lo que algunas personas han oído hablar pero “nadie sabe exactamente en qué consiste”. Desde AI no se ha conocido a nadie que se hubiera acogido o conociera a alguien que se hubiera acogido a esa medida prevista en el decreto de 2012.
Preocupación por el “efecto disuasorio”
El último toque de atención de Amnistía Internacional a la política sanitaria de Castilla-La Mancha tiene que ver con lo que califica de “efecto disuasorio”. Explica que a pesar de esta falta de información, muchos inmigrantes han visto o han oído hablar de las facturas y de los compromisos de pago, lo que “acrecienta el temor a acudir” a los centros sanitarios. “El potencial efecto disuasorio de las prácticas de facturación y compromisos de pago o de atención, dependiendo del personal médico o de administración, preocupa a Amnistía Internacional, al igual que el alcance e impacto de estas prácticas en el número de personas que acuden al médico”, añade.
Es más, habla del contenido de una carta remitida por la Gerencia de Atención Primaria de un centro a un facultativo advirtiéndole de las sanciones en las que podría incurrir en el caso de que se proporcionara atención sanitaria a inmigrantes más allá de lo previsto en la norma. “Los profesionales del sector sanitario que siguen proporcionando atención a personas migrantes, independientemente de su condición administrativa, son defensores del derecho humano a la salud y no deberían sufrir represalias por ello”.
Como complemento a este análisis, la organización defensora de derechos humanos aporta una serie de testimonios de inmigrantes en situación irregular que han vivido en primera persona estas experiencias en Castilla-La Mancha. Por último, realiza una petición al Gobierno regional para que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud “sin discriminación”, para que realice evaluaciones de impacto en derechos humanos de la reforma, para que mitigue al máximo el efecto disuasorio y para que informe debidamente al personal sanitario.
Como dato curioso, el estudio aparece encabezado por la polémica frase del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, sobre esta cuestión: “No hay que olvidar que la sanidad gratuita ha sido fundamental para fomentar el efecto llamada. Mucha gente ha cogido una patera porque sabía que en España tenía la asistencia sanitaria garantizada”. Se da la circunstancia de que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ha afirmado en referencia al naufragio de un barco con 700 personas en el canal de Sicilia: “si viviera en un país como estos, me montaría en un barco”.
