Ahora sí toca. Es momento de decidir cómo queremos salir de la crisis que deja la pandemia

Casi un año después de que la pesadilla de la pandemia recorra el mundo, hasta los más incrédulos se han convencido de que recuperar la economía es una tarea que no podrá empezar hasta que seamos capaces de controlar sanitariamente al virus.

Estamos más cerca de hacerlo, gracias a las esperadas vacunas, pero no podemos caer de nuevo en el error de las prisas. Conseguir esa nueva normalidad que permita una actividad social y laboral como la que vivíamos hace 12 meses requiere calma, gobernantes que miren más allá del corto y medio plazo, gobernantes que compartan esa toma de decisiones en el ámbito del diálogo social.

Es por ello el momento de plantearnos colectivamente cómo queremos que sea la era poscovid, qué medidas debemos darnos como sociedad para que la recuperación llegue, llegue pronto, y este nuevo tiempo sirva de instrumento corrector frente a los errores de las últimas décadas.

Para que esos errores no se repitan, para que esta vez la crisis no traiga más paro, para que no haga más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, los sindicatos CCOO y UGT nos movilizamos esta semana frente al Gobierno, con las tres reivindicaciones que desde hace meses hemos planteado en mesas de negociación y diferentes foros públicos: Continuar con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la derogación de las reformas laborales, y la derogación de la reforma del sistema de pensiones de 2013, garantizando a su vez un sistema que genere pensiones dignas, en particular para nuestros mayores.

No hay comparación posible con países asimilables al nuestro que eche para atrás estas propuestas. El nuestro es un país de bajos sueldos. Tenemos además una región como Castilla-La Mancha con salarios inferiores a la media, donde aumenta el número de trabajadores pobres.

Nada de eso no nos ayudará a remontar esta situación. Quienes auguraron que esta era la fórmula para ser productivos se equivocaban, o intentaron engañarnos. Por eso pedimos este jueves que el Gobierno cumpla sus compromisos, y dé un nuevo empujón al SMl. Otros 14 países de Europa han tomado esa decisión tras aparecer la pandemia, como una forma de reactivar el consumo interno y que los sectores que peor lo pasan ahora puedan salir cuanto antes del bache.

Tomemos ejemplo, caminemos hacia ese objetivo de tener un SMI que es el 60% del salario medio. Esa subida debe marcar además nuevas subidas en los convenios colectivos, para que, de verdad, nadie quede atrás. Lo mismo cabe decir de la derogación de las últimas reformas laborales, una normativa hecha para promover el despido fácil y barato. Tenemos un mercado de trabajo abocado a la temporalidad, con un paro juvenil insostenible, personas cualificadas abocadas contratos precarios que duran unas pocas horas, jornadas parciales, horas extra que se trabajan y no se remuneran, una salud laboral que en muchas empresas se considera un lujo prescindible…

Duele ver que los que pregonaban que la flexibilidad era la fórmula para cambiar las relaciones laborales no quieran ahora asumir que esa flexibilidad sólo ha supuesto el poder casi absoluto del empresariado frente a trabajadores que perdieron en 2012 buena parte de sus posibilidades para defender colectivamente sus derechos. Aquella austeridad fue la solución a una crisis que los trabajadores y trabajadoras no habían provocado, pero sí acabaron pagándola, con más paro, pobreza, desahucios.

Toca que por fin nos demos un marco regulatorio distinto, capaz de crear empleo estable por la senda de la negociación colectiva, la recuperación del poder adquisitivo, y fórmulas que eviten el fraude en la contratación. Este austericidio por remediar, que tantas víctimas ha dejado en la década anterior, se completó con una reforma del sistema de pensiones impuesta en 2013, contra la que también nos movilizamos.

Que nadie se llame a engaño, no hay un problema de viabilidad en la caja de las pensiones, como quieren hacernos creer los que llevan años diciendo que esto se arregla acudiendo a planes privados. Las pensiones públicas deben servir para procurar medios suficientes a quienes las reciben. Tenemos pensiones indignas, más en esta comunidad, donde el 40% de las pensiones necesitan el complemento a mínimos para alcanzar el mínimo legal.

Es momento de que, desde el Pacto de Toledo, se asegure al fin la sostenibilidad del sistema, mejorando los ingresos y sacando de la caja de la pensiones gastos que no le corresponden, como muchas veces hemos sugerido.

La situación sanitaria ha hecho que las movilizaciones por estos tres puntos, que se plantearon como ultitudinarias, vayan a ser simbólicas. La prevención de nuevos contagios impide que este jueves seamos miles las personas que se congreguen en todas las capitales de la región y del país. Pero el mensaje tiene que llegar igual, aunque estas concentraciones ante la Delegación del Gobierno y las subdelegaciones en las cinco provincias sean contenidas. Tiempo habrá para replicar las protestas en un formato más amplio si la situación sanitaria cambia y el Gobierno continúa sin atender unas políticas justas, necesarias y oportunas. Esperemos que no sea el caso.

Aplicar estas tres medidas o no hacerlo supone elegir cómo salimos de la dura coyuntura. Son dos formas de superar esta crisis: Una, mantener las reglas actuales, con las recetas de la década pasada y dejar a miles de familias abandonadas a su suerte; la otra, dictar medidas para la recuperación conjunta de empresas y trabajadores, con apoyo público y con políticas sociales decididas.

Los tres puntos que reivindicamos, SMI, reforma laboral y pensiones, se conectan entre sí para esa solución distinta a la que padecimos en la anterior crisis. No es un capricho. Es cuestión de responsabilidad, y los sindicatos la tenemos. Nuestros gobernantes no pueden dejarse llevar por quienes dicen que para salir del hoyo tenemos que cavar hacia abajo. Escuchen el mensaje. Ahora sí toca.