El PP usa la Ley de Montes para volver a blindar el Tajo-Segura
No parece que el último varapalo del Tribunal Constitucional vaya a frenar al PP en su intento de crear un nuevo Trasvase Tajo-Segura a la medida de los intereses del partido. Así se deduce al menos de las enmiendas que este partido ha presentado, ahora a la Ley de Montes en el Congreso de los Diputados, una normativa que nada tiene que ver con el agua. Es el subterfugio que ha buscado para introducir el compromiso adquirido con los regantes murcianos y valencianos para blindar esta infraestructura, que intentó llevar a cabo mediante disposiciones a la Ley de Evaluación Ambiental, tumbadas por su inconstitucionalidad.
En esta ocasión, se trata de un conjunto de enmiendas adicionales que, bajo la excusa de hacer cumplir la sentencia del Constitucional, buscan otorgar rango de ley (una forma de consolidación) a la existencia del Trasvase, de forma que si se deroga, sea necesario indemnizar a los regantes. Este es el compromiso que se adquirió entre comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Ministerio de Agricultura y el Sindicato de Regantes, y que fue anulado por el Tribunal.
El Gobierno central aprobó esta normativa (y el Memorándum del Tajo) en diciembre de 2013 tras lograr un acuerdo con las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Vendido en su día como “un acuerdo de máximo consenso”, se dejó fuera a Aragón, por cuyo territorio discurre una mínima parte de la cuenca del Tajo. El máximo tribunal dio la razón a las Cortes aragonesas ya que se tendría que haber tenido en cuenta a esta Comunidad en la tramitación de la Ley, además de por no ser “admisible (...) una suerte de gestión fragmentada de las aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica”.
Tras esta resolución judicial, el Grupo Popular ya anunció hace unos días un paquete de enmiendas al proyecto de la Ley de Montes, para poder incorporar a este texto las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, restando importancia al asunto y asegurando que se trataba de un “error de procedimiento”.
Pero lo cierto es que en la exposición de motivos de las enmiendas adicionales, el PP argumenta que la sentencia del Constitucional ha generado “incertidumbre” y “pone en riesgo” el “normal funcionamiento del trasvase”, que califica de “esencial”. Añade que este desvío del agua garantiza el suministro de cultivos de gran valor añadido, que “precisan de un marco normativo claro y estable en el tiempo”, es decir, la búsqueda de un rango de ley que permita su blindaje.
