Los profesionales de la región podrán ejercer “sin restricciones” fuera del lugar donde estén colegiados

En Castilla-La Mancha, si un trabajador de cualquier profesión está colegiado en una ciudad, no puede ejercer fuera de allí salvo si cambia de colegio profesional. Esta circunstancia cambiará con la modificación de la Ley regional de Creación de Colegios Profesionales, que data de 1999 y que el Gobierno autonómico va a actualizar aprovechando que debe adaptarla a la normativa estatal básica, a las directivas europeas y a una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en 2017 su artículo 8.

El Consejo de Gobierno ha dado el primer paso de trámite del anteproyecto que modificará la actual ley y que afecta a un centenar de colegios profesionales y a diez consejos regionales que los agrupan en Castilla-La Mancha, tal y como ha detallado la portavoz de la Junta, Blanca Fernández.

La principal novedad es que se modificará el precepto por el que actualmente, en esta comunidad autónoma, una persona colegiada no puede ejercer su profesión en otro lugar distinto al de su registro en el colectivo profesional. Con los cambios, ha adelantado la portavoz, podrá ejercer su profesión “sin restricciones y en libertad”.

El artículo 8

Se modificarán en total 11 artículos para su adaptación, incluido el artículo 8 anulado por el Tribunal Constitucional. En este apartado se establece que los profesionales titulados vinculados con las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha no precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas.

A ello se añadió el inciso de que tampoco es obligatoria su colegiación “para la relación de actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta de las Administraciones Públicas, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Administración”. En estos casos, la colegiación sí es obligatoria cuando los destinatarios del acto profesional sean los ciudadanos.

Aprovechando esta actualización, el Gobierno castellanomanchego incluirá algunas novedades para “dar más garantías de acceso a la ciudadanía” y “mejorar la prestación de los servicios profesionales”. De esta forma, se obligará a colegios y consejos a tener una web, un servicio de Ventanilla Única para facilitar los trámites, un servicio de atención al consumidor y realizar una memoria anual de sus actividades.