La Junta propone que otra entidad del tercer sector gestione las polémicas viviendas de El Alamín
Continúa el conflicto en los bloques que agrupan las 96 viviendas de la denominada Operación Alamín de Guadalajara ante la orden de un nuevo desahucio previsto para mañana, día 19 de diciembre. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de esta ciudad y la sociedad promotora de las viviendas, la entidad religiosa San Vicente de Paúl, siguen enfrentadas ante las órdenes de desahucio que ha pedido esta última alegando impagos, desperfectos o por incompatibilidad al tener algunos inquilinos otras propiedades. En lo único que coinciden ambos colectivos es en la necesidad de que sea la Junta de Castilla-La Mancha quien resuelva el problema.
Ante esta situación, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado en primer término que el Gobierno regional siempre pone a disposición de las personas afectadas por desahucios las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, donde “se hace una labor encomiable y muy importante”. “En Guadalajara, es una situación mucho más compleja para identificar las claves del problema, pero también hemos estas oficinas a disposición de esas familias”, precisa a eldiarioclm.es.
Recuerda el consejero que hay una asociación promotora que “por una cuestión natural y de recursos”, ya no se ve capacitada para gestionar esas viviendas, existiendo además un conflicto social de fondo. Pero añade que no todas las soluciones “tienen que venir siempre de que la Junta se encargue y asuma la titularidad”.
“Conocen el terreno y siempre han sido aliados”
“Creemos en el tercer sector y en la labor que puedan hacer estos colectivos. Podrían ser aliados en este problema, como lo han sido siempre en otras cuestiones, ya que conocen el terreno, conocen a las personas y tienen esa capacidad y sensibilidad. Si la asociación promotora no se ve capacitada, no nos importaría participar en un proyecto de transición para que sea otra asociación del tercer sector quien tutele esas viviendas. Puede ser una forma de trabajar de cara al futuro”, señala.
Precisamente, la Sociedad San Vicente de Paúl se reunió recientemente con la Delegación de la Junta en Guadalajara a la que asistieron también miembros del Ayuntamiento de la capital provincial, y delegados provinciales de las áreas de Bienestar Social y Fomento. Según informa esta asociación, en ese encuentro se volvió a ofrecer a la Junta la cesión de las viviendas “a título gratuito” para que se encargue de su gestión. Pero confirman, como el consejero, que actualmente no es la mejor opción porque supondría la subida del alquiler, por lo que “se plantearon otras posibilidades” que van a ser estudiadas por los servicios técnicos y jurídicos de la Junta y del Ayuntamiento.
La entidad religiosa también detalla que se estudiará la situación social de las familias que habitan las casas, para llevar a cabo actuaciones con ellas, así como las condiciones en que se encuentran las viviendas.
Durante la reunión los representantes de la Sociedad de San Vicente de Paúl manifestaron que están siendo objeto de “acusaciones falsas y difamaciones” lanzadas por la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara, que les acusa de recibir varias subvenciones para un mismo fin y de no justificarlas. Por ser esto, según afirman, “completamente falso”, han pedido a las administraciones que hagan públicas las subvenciones que ha recibido la asociación, su fin y la justificación de las mismas.
Mientras, desde esta noche, a las 22.00 horas, activistas y simpatizantes de la PAH mantendrán una acampada de protesta que se prolongará hasta la nueva convocatoria de desahucio, prevista por la comisión judicial para mañana, día 19, a las 08.30 horas. Sería el tercero que se intenta llevar a cabo sin éxito, ya que fue retrasado en su primer señalamiento judicial.
También la sociedad promotora ha convocado su propia movilización para defender este desahucio. Según el informe de la Policía Nacional remitido a la Subdelegación, la sociedad pretende movilizar a otras familias del barrio con el fin de “apoyar la labor de la Comisión Judicial”, lo que desde la PAH se interpreta como “una provocación dirigida a generar incidentes y a provocar un enfrentamiento entre familias que es propio de organizaciones de extrema derecha”.
Frente a ello, la PAH “llama a movilizarse pacíficamente, a apoyar al activista al que pretenden arrebatar su vivienda y a seguir exigiendo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tome cartas en el asunto”.
