Vuelven las negociaciones para el convenio colectivo de Geacam, pendiente desde hace más de una década

No es ni la primera ni la segunda vez que comienzan las negociaciones alrededor del convenio colectivo de la empresa pública , pero desde los sindicatos sí esperan conseguir por fin un final feliz. Y es que este conjunto de normas no se ha podido consensuar, explica el presidente del comité de empresa Manuel Amores (CCOO) desde el inicio de la empresa pública, hace ya más de quince años. Esto, el convenio colectivo propio de Geacam, con unos dos mil trabajadores. Hasta ahora han trabajado con dos convenios: el estatal de Ingenierías y Oficinas Técnicas, que caducó en 2020 y el de operativo de prevención y extinción de incendios, caducado desde diciembre de 2012.

“Esto es una reivindicación histórica desde CCOO, que Geacam tenga un convenio de empresa”, afirma Amores, ya que se trata de unas de las “mayores” empresas públicas de la región. “No tenemos normas pactadas entre la dirección y los trabajadores para realizar nuestra labor. Jornada laboral, permisos, promociones internas, ascensos o vacantes... Todo lo que puede ser, en definitiva, la relación del trabajador en el seno de una empresa”, recalca.

A pesar de que el grueso de la plantilla son, efectivamente, bomberos forestales, también hay personas dedicadas a trabajar para la consejería o con trabajos técnicos para Desarrollo Sostenible o Agricultura, Desarrollo Rural y Agua. “Pero queremos aglutinar y convenir las normas de las labores de trabajo para todo el personal, para que estemos todos bajo el mismo paraguas”, explica Amores, para poder “conseguir unas condiciones iguales”.

Las negociaciones no han salido adelante en los últimos años y Amores recuerda con especial amargura la legislatura del PP, cuando “ni siquiera se nos convocó”. También recuerda que en la primera legislatura de Emiliano García-Page se llegó a negociar mejoras salariales, que implicaban un gasto de unos tres millones de euros, pero que finalmente no salió adelante porque “no había dinero para eso”. Esto ocurrió en mayo de 2019.

Con el cambio de legislatura, relata, viene de nuevo el inicio de negociaciones. Esta vez, la empresa se adscribía a la consejería de Desarrollo Sostenible. “Queremos mejorar las condiciones de todo el equipo y toda la plantilla”, afirma Amores. Las reuniones se han llevado a cabo desde enero, y señala que cada sindicato tiene unas propuestas “legítimas” y en algunos casos no son comunes. “Pero todavía no se concreta nada”. Los objetivos, para él, son la mejora de permisos y licencias, así como mejor clasificación y promoción profesional y dar más estabilidad a la plantilla, de la que “un 25% siguen siendo contratos temporales”.