La ley de Zonas Prioritarias que quiere impulsar un crecimiento “homogéneo” en la región

“Pistoletazo de salida” al anteproyecto de la Ley de Estímulo de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno. Patricia Franco, consejera de Economía, Empleo y Empresas ha señalado que se elabora en el marco de competencias de las Comunidades Autónomas en relación al fomento de la igualdad social y la eliminación de los obstáculos que impidan la participación de la ciudadanía.

“También está elaborada en base a las competencias exclusivas para la planificación de la actividad económica y el fomento y desarrollo de la región. Dirigimos la acción económica para afianzar la recuperación, pero de manera igualitaria”, explicó la consejera, quien destacó que se pretende crear empleo de manera “homogénea”. Esto, tras la merma en el sector laboral que significó la crisis, ya que entre 2008 y 2015 se perdieron unas 12.000 empresas lo que tuvo una repercusión “fuerte y palpable” en la desocupación en la región. Actualmente, destacó la dirigente, el escenario es distinto con una previsión de crecimiento por encima de la media nacional.

Es esta “actitud” de crecimiento la que pretende fomentar la Ley en trámite, a través de incentivos en zonas geográficas “menos favorecidas” y afectadas por la pérdida de tejido industrial. Según Franco, lo que se pretende es ofrecer un marco regulador de un conjunto de acciones e instrumentos que favorezcan la creación de empleo y reducir las diferencias entre las localidades castellano-manchegas, lo que también entra en el Acuerdo por la Recuperación Económica.

Criterios para ser 'Zona Prioritaria'

A través de esta nueva legislación se llevarán a cabo acciones prioritarias para corregir tanto los déficit de renta y de actividad productiva que “impiden” el desarrollo de la zona. Los municipios serán elegidos en base a dos criterios. El primero de ellos, relacionado con el paro, en concreto, aquellas localidades que presenten un porcentaje de paro registrado sobre la población en edad de trabajo de al menos tres puntos porcentuales por encima de la media regional que está actualmente en un 15,73%.

En este caso, además, deben representar, al menos, el 1% del paro de la provincia sobre la población activa. Por otro lado, los municipios deberán haber perdido, al menos, un 1% de la población en los últimos 5 años. Finalmente, el porcentaje anual del paro registrado en el municipio, respecto al total de la provincia, sea, al menos, el 10%. Entre los municipios evaluados se encuentra, por ejemplo, Talavera de la Reina, “donde la crisis se ha llevado el 11% de las empresas y el paro se ha duplicado”.

También en Toledo, ha señalado Franco, se encuentra Villacañas, donde se ha “triplicado” el paro. En Puertollano (Ciudad Real), la consejera ha lamentado la pérdida en el ámbito energético y la duplicación del desempleo. Lo mismo ha ocurrido en Cuenca, acompañado de una disminuición de la población “considerable”. En la albaceteña localidad de Hellín, por otra parte, el paro ha subido en un 60% desde la crisis.

Ayudas específicas

Entre los instrumentos que utilizará la Ley, se encuentran líneas de ayudas específicas para las zonas con pérdida de tejido empresarial y se contempla una reserva asignada de manera específica para los proyectos en las zonas prioritarias. Además, se incluirá un incremento de un 20% en la intensidad de las ayudas de carácter regional para proyectos e inversiones de los municipios en el ámbito de aplicación de la ley. Dichos instrumentos tendrán su propio desarrollo y también la posibilidad de establecer convenios.

Las áreas de actuación para estas zonas serán las relacionadas con el impulso económico y el empleo en la región. Esto no se limita al empleo, sino también a la formación, tanto en ámbitos más industriales, como dentro del medioambiente, la economía circular, el tecnológico o el territorial. Franco también señaló las industrias agroalimentarias, jóvenes agricultores o el servicio de ayuda y atención a las personas dependientes.

La ley entrará esta misma semana en audiencia pública durante 20 días y así se presentarán y recogerán las reclamaciones de quienes quieran “aportar algo”. “El objetivo como Gobierno es tratar de que cualquier persona, viva en una gran ciudad o municipio pequeño, tenga los mismos derechos y oportunidades, cumpliendo con la igualdad social”, explicó la consejera. La ley no contará con una cuantía económica, ya que se basará en convocatorias específicas para los municipios afectados. La consejera finalmente ha tenido palabras para Podemos: “esperemos que impere la cordura de los grupos parlamentarios. Se trata de que la región crezca a la misma velocidad”, señaló en cuanto a la futura aprobación de la legislación.