Un año de la operación 'Enredadera': políticos extorsionados, contratos amañados e informes pendientes de la Udef
El 3 de julio del 2018 nacía formalmente la operación 'Enredadera' tras más de dos años de investigación secreta, una macroperación contra la corrupción emanada de Badalona y que concluyó en su primera fase con 50 detenidos, 21 de ellos a disposición judicial, más de medio centenar de registros y una veintena de requerimientos de información.
Hace un año 25 ayuntamientos de toda España como León, Arroyomolinos, Oviedo, Lleida, Palencia o Astorga amanecían con la Policía Nacional registrando sus oficinas buscando pruebas de presunta corrupción, en un despliegue de medio millar de agentes.
'Enredadera' nacía de una denuncia en la localidad catalana de Montgat sobre presuntas irregularidades en la Policía Local y en adjudicaciones de contratos de tráfico. A partir de ahí un extrabajador de una de las empresas bajo sospecha, Gespol, abrió la investigación a presuntas irregularidades por toda España.
La investigación sobre esta presunta “organización criminal” se compone de dos partes. La primera está conformada por los gestores de una empresa llamada Gespol y sus socios, que gestiona uno de los sistema de gestión para cuerpos de policía local, y cuyos responsables eran los hermanos José Alberto y Jesús Carlos Bueno Regodón.
La segunda parte, descubierta a raíz de la primera, implica al empresario constructor y de medios de comunicación José Luis Ulibarri, que junto a su socio Ángel Luis García 'El Patatero', habrían urdido, según la Fiscalía, una red de amaños de contratos, desarrollada especialmente en Castilla y León.
'Enredadera' supuso las dimisiones de políticos como el entonces alcalde de Arroyomolinos por Ciudadanos, Carlos Ruipérez, o la entonces alcaldesa socialista de San Andrés del Rabanedo, María Eugenia Gancedo, además de mociones de censura y comisiones de investigación fallidas como la de León.
La situación actual
La investigación sobre la trama Enredadera ha varado desde que en el verano del año pasado se abrió el secreto de sumario de todas las piezas, desvelando miles de horas de conversaciones entre políticos, funcionarios y empresarios para presuntamente chanchullear contratos públicos.
Aquellas conversaciones implicaron al alcalde de León, Antonio Silván, que informó en directo a Ulibarri de cómo iba una adjudicación, o al consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ofrecía una carretera al mismo empresario con la famosa frase de “La Administración soy yo”.
Las últimas actuaciones concretas emanadas de la Fiscalía respecto de la pieza principal de Badalona son que, ante el descubrimiento en las conversaciones interceptadas de hechos casuales que pueden ser delitos, ha pedido la apertura de hasta 25 piezas separadas distintas, que afectan a algunos de los ya investigados o algunos nuevos vinculados a la Xunta de Galicia, tal y como adelantó eldiario.es
La parálisis en las piezas separadas de León y Astorga en cambio es casi total en los últimos meses. La pieza leonesa había llamado como testigos al exconcejal del PP en el Ayuntamiento de León José María López Benito y dos funcionarios a declarar en septiembre de 2018 pero éstas se aplazaron 'sine die' hasta que la UDEF aportara toda la documentación de la causa. A día de hoy siguen sin haber sido citados.
La investigación en la provincia de León lleva seis meses sin ninguna iniciativa de la Fiscalía para avanzar en la misma. Desde el órgano fiscal niegan parálisis y achacan a la complejidad de la causa y a la falta de informes de la UDEF sobre la documentación hallada en los registros que la causa no pueda avanzar a más velocidad, recordando el volumen incautado y los medios limitados de la Policía. Y recuerdan que desde enero se declaró la 'causa compleja', lo que habilita más tiempo para la investigación.
Fuentes de las defensas consultadas denuncian el lento desarrollo de las causas de 'Enredadera'. El exconcejal de León imputado José María López Benito considera su situación de “total indefensión” desde que fue imputado hace un año “ya que no sé exactamente ni de que se me acusa”, explica, al no haber prestado todavía declaración pese al tiempo transcurrido.
“Estamos tranquilos con lo que pueda salir”, explica otro de los abogados personados en la causa ante la apertura de nuevas cajas de documentación que se han realizado el pasado 27 de junio, y que considera que “al final todo quedará en nada o en muy poco”. Lo que sí lamenta es la lentitud de la Justicia y el posible “daño irreparable” a sus clientes políticos, hoy fuera de la actualidad pública.
Desde la acusación popular que ejerce IU señalan, sin embargo, que el volumen de la causa puede indicar que estamos ante otro caso Gürtel. “Es una causa muy profunda que ha tocado de lleno al poder establecido”, explican desde la formación que creen que “en ella se intuye un entramado mafioso que no puede quedar sin investigar”.
