Los funcionarios evaluarán la eficacia de las políticas de la Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un decreto para crear un mecanismo de evaluación de las políticas públicas de esta misma Administración, que encomienda el trabajo práctico a “empleados públicos especializados”, para “evitar el gasto” de un consultor externo.

“No hay nadie mejor que sus propios empleados” para acometer esta labor, ha sostenido el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aunque el propio decreto deja abierta la puerta que, como “excepción” y por “razones de su complejidad o volumen”, una entidad externa pueda asumir en el futuro ese trabajo.

En una primera fase, la Consejería de la Presidencia, de la que depende su despliegue, se centrará en formar a los empleados públicos que se encargarán de esta labor y, en los próximos 4 meses, determinar qué planes o programas quedarán sujetos a esta evaluación.

Sobre la posible sobrecarga de trabajo que pudiera generar sobre los funcionarios y un posible acuerdo con los sindicatos al respecto, Carriedo ha negado que el trabajo vaya a recaer en el conjunto de los empleados públicos, sino que algunos de ellos, por lo que ha considerado que ese conflicto no se producirá y ocurrirá algo similar a los pasos dados en materia de protección de datos, cuando se implantó.

Carriedo ha defendido que este decreto y los pasos que le seguirán es un “cambio sustancial” vinculado a la normativa aprobada a nivel autonómico y estatal y también a las recomendaciones de entidades como la AIREF, que según ha manifestado el portavoz es partidaria precisamente de que sean los funcionarios los que asuman esa labor.

El objetivo de esta nueva norma, en palabras de Carriedo, es contribuir a la mejora de la calidad de los servicios que presta la Administración autonómica, así como a la eficiencia de la comunicación y transparencia con el ciudadano, ya que hasta ahora había evaluaciones sobre planes concretos que no tenían que ser necesariamente publicadas, algo que cambiará con esta normativa.

Con este sistema de evaluación se conocerá en qué medida se han logrado los fines pretendidos en las distintas materias que aborden, aunque está por delimitar el ámbito temporal en que se producirán estas evaluaciones.

El procedimiento

La idea es que todos los planes sujetos a evaluación necesitarán un llamado ‘análisis de evaluabilidad’, que se llevará a cabo con carácter previo a su aprobación, y que será supervisado por la Consejería de la Presidencia.

Este análisis permitirá valorar si el plan cuenta con los elementos necesarios para su seguimiento y posterior evaluación.

Realizado el informe preceptivo, el plan será sometido a una ‘evaluación ex ante’, es decir, realizada en la fase del diseño de plan, siempre con anterioridad al inicio de la intervención pública, para analizar los resultados que se esperan con la aplicación de dicho plan.

Una vez que la vigencia del plan llegue a su fin, se realizará la ‘evaluación ex post’, que servirá para comparar esos resultados esperados con los realmente alcanzados.

No obstante, en el caso de planes cuya vigencia se extienda a un periodo superior a cuatro años, además se realizará una ‘evaluación intermedia’ durante su periodo de vigencia.