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Los sindicatos demandarán a la Junta de Castilla y León por el desahucio de la sede del Serla y acusan a la patronal de “dar llave” al conflicto

El futuro próximo de la financiación del Serlaes analizado en una reunión convocada por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones

Europa Press

2 de julio de 2024 12:59 h

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Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han asegurado este martes que presentarán una demanda ante los tribunales como consecuencia de la decisión que adoptado la mayoría que representa a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el patronato de la Fundación Serla para desalojar la sede de este organismo en la calle Los Molinos de Valladolid, mientras que el representante de UGT, Raúl Santa Eufemia, ha advertido a la CEOE de que con su abstención en la votación “ha dado la llave al conflicto”.

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Fernando Fraile, y el secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social de UGT CyL, Raúl Santa Eufemia, han ofrecido este martes una rueda de prensa después de que en la jornada del lunes el Patronato del Serla acordara el desalojo de la sede con los votos favorables de los representantes de la Junta y la abstención de CEOE.

El acuerdo, supone, a juicio del representante de CCOO, un “fraude de ley”, pues entiende que una decisión de “cambiar de sede social” de manera voluntaria, como la que interpreta que se adoptó este lunes en el Patronato del Serla, debe aprobarse por unanimidad de acuerdo con la Ley de Fundaciones.

Por ello, Fraile ha recalcado que “lógicamente” los sindicatos pondrán la situación “en manos” de los servicios jurídicos y “acabará en los tribunales”, de modo que se sumará a las cuatro demandas judiciales que ya se han interpuesto por parte de las organizaciones sindicales al respecto de la gestión de la Consejería de Industria con el Serla.

Eso sí, posteriormente los representantes sindicales han explicado que la mencionada ley se va a modificar “con efecto automático” para eliminar la necesidad de adoptar determinados acuerdos por unanimidad, algo que estiman que entrará en vigor “a mediados de enero”.

Sin embargo, Fernando Fraile ha defendido que ese cambio no debería afectar al Serla, pues entienden que es “la única fundación tripartita” que existe en Castilla y León, al tiempo que ha recordado que el organismo se creó “por Ley” como resultado del acuerdo para la solución de conflictos laborales de manera autónoma.

Por su parte, Raúl Santa Eufemia ha reprochado que ante el próximo cambio de esas condiciones para toma de acuerdos interpreta que los representantes de la CEOE de Castilla y León decidieron abstenerse ayer en la votación sobre la sede del Serla, algo que ha criticado fuertemente.

De hecho, el secretario de Acción Sindical de UGT ha acusado a la representante de CEOE Teresa Cetulio --secretaria general de la patronal castellano y leonesa--, a quien además ha definido como “la punta de lanza de la CEOE más casposa”, de “dar la llave al conflicto” con su abstención.

Ello se debe, ha explicado, a que “a partir de hoy” cuando se produzca un conflicto laboral éste, en lugar de resolverse en el Serla, se abordará en los “centros de trabajo” y “el 100 por ciento de los delegados saben que los conflictos se van a resolver en las empresas y nos vamos a encargar nosotros”.

“Los centros de trabajo se han vuelto a convertir en un nicho de conflictividad”, ha enfatizado Santa Eufemia, que ha advertido de que “al cien por cien” el conflicto “está servido” porque interpreta que “ya no hay mediación legal”.

El PP “no puede lavarse las manos”

Las críticas también han llegado hasta el Partido Popular, ya que Fraile ha reprochado que toda esta situación está “permitida” por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que consideran que “no puede lavarse las manos” pues interpretan que podría decidir otro camino ya que tiene la mayoría en el Gobierno autonómico.

Por el momento, la sede del Serla en la calle Los Molinos sigue en funcionamiento, porque lo acordado ayer, como ha explicado Santa Eufemia, supone que en una fecha que los representantes de la Junta “no aclararon” se “sacará todo” de las oficinas de la calle Molinos.

La versión de la Consejería es que esa fecha, según relata el representante de UGT, la determinará el juez, pero Santa Eufemia ha discrepado de ello porque ellos han acordado “desalojar” ya.

“Fango y embarramiento”

Por otra parte, los representantes sindicales han reprochado que la Consejería de Industria, según entienden, “acusa al director del Serla” de no haber hecho efectivo el traslado de la sede a las dependencias de la Oficina Territorial de Trabajo (OTT) en la calle Santuario, un espacio que los sindicatos consideran “no idóneo” para las necesidades del Serla.

Fraile ha tildado esa acusación de “falsa” y ha definido la situación como “fango y embarramiento” por parte de la Consejería, dentro de una política que considera que siguen de promover “bulos y falsedades” sin “aclara nada ni hacer nada por nadie”.

Además, han recordado que hay una deuda con la arrendadora por que el presupuesto asignado al Serla en 2024 se condicionó a que no se destinara a pagar el alquiler de la sede, por lo que desde principios de año no se ha pagado el alquiler. Por ello, pese a que ahora la Consejería haya adoptado la decisión de desalojar las dependencias, la deuda seguirá vigente y los propietarios del inmueble tendrán derecho a ejercer las acciones correspondientes para cobrar lo que se adeuda.

Como ha precisado Fernando Fraile, el desalojo puede ser “en un plazo de diez días”, como ha apuntado que aseguraron este lunes los representantes de la Consejería, de modo que a partir de ese momento los trabajadores envueltos en conflictos laborales quedarían sin este instrumento.

Actualmente, según los datos de Santa Eufemia, hay actualmente 78 expedientes de conflictos colectivos, que afectan a unos 21.000 trabajadores y 420 empresas. “Sólo en Valladolid hay cinco expedientes en colectivos que afectan a 900 trabajadores y cinco empresas”, ha añadido.

Pero las dependencias a las que la Consejería de Industria ha decidido, con su mayoría, que se traslade el Serla ofrece “una sala, además de otra compartida con la OTT” frente a las cinco existentes en el inmueble de la calle Los Molinos.

Veganzones, sobre el desahucio: “se tenía que haber producido ya hace un año para evitar esta situación”

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha sostenido este martes que se atenderá “sin más demora” el requerimiento judicial de desahucio de la sede del servicio de mediación laboral SERLA y hacer efectivo su traslado a la oficina territorial de trabajo de Valladolid, que “se tenía que haber producido ya hace un año para evitar esta situación”.

En rueda de prensa para analizar los datos del paro de junio, Veganzones se ha referido a preguntas de los periodistas al desalojo de la actual sede del SERLA después de que la justicia comunicara una orden de desahucio por impago del alquiler.

“Es una decisión que no quisieron tomar los sindicatos en su momento”, ya que el 30 de junio de 2023 se cedieron estos espacios, en la oficina de trabajo, gratuitamente y totalmente acondicionados“, ha sostenido Veganzones.

Los sindicatos “se negaron” a un traslado aprobado

El consejero ha insistido en que los sindicatos se negaron al traslado aunque estaba aprobado por el patronato de la Fundación del SERLA, y debía haberse hecho efectivo hace un año.

“Con lo cual, pues es normal que la propietaria del inmueble, la inmobiliaria, haya llevado a cabo sus acciones judiciales pertinentes y lo que tenemos que atender ya, sin más demora, es el requerimiento judicial de desahucio y hacer efectivo ese traslado” con el que se hubiera evitado lo ocurrido y se hubieran ahorrado 100.000 euros, lo que no se ha producido sino que se ha incrementado en 140.000 euros.

“Cuando llegamos a nuestra a la Consejería y tomamos posesión de los mandos de la Consejería y también había una situación parecida de 70.000 aproximadamente entonces, con lo cual no hay ninguna situación excepcional”, ha analizado.

A su juicio, “lo que hay es la ejecución de un traslado que se tuvo que producir hace un año y que no se produjo por falta de voluntad de los sindicatos y por cuestiones ideológicas, básicamente”.

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