La jueza de la Trama Eólica pide que se declare la causa compleja y se incorporen funcionarios de Hacienda para analizar la documentación
La jueza de Valladolid que instruye el caso Trama Eólica, en la que empresarios y altos cargos de la Junta de Castilla y León forzaron adjudicaciones de parques de molinos para revenderlos y cobrar comisiones millonarias, ha pedido que se declare la causa como compleja.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, apoya la petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 4, y ha acordado remitir a la Unidad de Apoyo a las Causas Complejas por Corrupción del CGPJ el informe que ha elaborado. Así, ha elevado las medidas formuladas por el magistrado instructor al Consejo para comenzar su tramitación como causa de especial complejidad por corrupción al entender que el citado proceso merece tal calificación atendiendo a la clase de delitos que presuntamente se habrían cometido.
En concreto, en las diligencias previas se investiga la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Además, la instructora ha resaltado la pluralidad de personas investigadas así como la complejidad y la duración de la investigación debido al notable volumen alcanzado por las actuaciones.
La Sala ha informado favorablemente del refuerzo de personal especificado por el titular del Instrucción 4. En concreto, se ha considerado necesaria la integración en la actividad del órgano judicial de un equipo compuesto por un Inspector y un Subinspector del Ministerio de Hacienda, u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, para facilitar así el análisis contable, fiscal y mercantil de la documentación intervenida.
El TSJCyL ha visto conveniente también solicitar el apoyo al magistrado instructor mediante el nombramiento de otro juez en comisión de servicio sin relevación de funciones que se haga cargo del enjuiciamiento de los delitos leves para permitir así al titular del órgano una mayor dedicación a la causa compleja.
La Trama Eólica parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un informe de la Agencia Tributaria, en el que un inspector que había investigado el pago del impuesto de sociedades en varias mercantiles, detectó el presunto fraude. En Castilla y León se autorizaron parques eólicos a las eléctricas que formaron una sociedad mixta con empresarios locales. Parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. Para ello, en la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía, mediante la compra de las acciones, con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Hasta el momento, el fiscal del caso calcula unos 80 millones de euros en mordidas (las cantidades que pagaron Endesa e Iberdrola a los empresarios)
