Los activistas contra el eterno 'plan Caufec' se enfrentan a más de dos años de cárcel

Siete años después de participar en una manifestación contra el llamado plan Caufec, seis activistas acuden a juicio enfrentados a penas de entre dos y tres años de cárcel si prospera la petición de la fiscalía. Se les acusa de delitos de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos y faltas de desobediencia y lesiones, aunque ellos lo niegan y aseguran que su actitud en aquella protesta -de 6 de octubre de 2007- fue pacífica.

Este es el enésimo capítulo de la lucha contra el plan Caufec, un macroproyecto que pretende urbanizar parte de la falda de Collserola -en el acceso norte de Barcelona, término municipal de Esplugues- y que se remonta a 1991. Tras varias modificaciones del plan -rebautizado como Porta Barcelona- y pese a una obstinada oposición vecinal, las obras empezaron en 2005, pero ahora permanecen paralizadas. En las 40 hectáreas en las que deberían alzarse los bloques de más de 600 viviendas de alto standing crecen ahora los matojos. Tampoco hay rastro del parque empresarial con rascacielos de más de 100 metros de altura, ni del mayor centro comercial de la zona norte de Barcelona. Todo quedó paralizado cuando, al poco de urbanizarse la zona -entre 2008 y 2009-, la crisis inmobiliaria sacudió a la propietaria y ejecutora de los trabajos, la firma Sacresa.

“Lo que no pudo lograr la movilización de los vecinos lo consiguió la crisis en un momento”, recuerda Eulàlia Herranz, una de las activistas que ha seguido todo el proceso. Aunque lo cierto es que este año el Ayuntamiento de Esplugues ha tenido noticia de que Sacresa retomará las obras de la urbanización. La empresa salió de su concurso de acreedores gracias a un acuerdo firmado con varias entidades financieras, que entre otras medidas pasaron a ser propietarias de los terrenos en cuestión.

La zona es un punto estratégico de acceso a la capital catalana. Perteneciente al barrio de Finestrelles de Esplugues de Llobregat, la urbanización colindaría, de un lado, con la montaña de Collserola, y del otro, con el nudo que une la Avenida Diagonal con la Ronda de Dalt, una de las principales arterias de entrada a Barcelona.

Reguero de protestas contra el plan

Reguero de protestas contra el plan“Se presentó el plan con la intención de enterrar las líneas de alta tensión, pero resultó que querían llenar la montaña de cemento”, cuenta Herranz. El entierro de las torres de alto voltaje por fuerza debía ser celebrada por todos los vecinos, hasta que se dieron cuenta de que el plan iba acompañado de una macrourbanización.

Las protestas de los vecinos se intensificaron sobre todo a partir de 2005, cuando empezaron las obras de condicionamiento del terreno. Después de varios recursos contenciosos administrativos, que fueron rechazados por los jueces, la plataforma de oposición al plan Caufec inició una serie de movilizaciones, algunas muy sonadas, como la que protagonizaron tres activistas al pasar casi 72 horas colgados de lo alto del las torres Simbol, unos emblemáticos edificios de Esplugues.

Aquel mismo año unas 1000 personas participaron en una larga marcha en dirección al recinto de las obras. La protesta quedó interrumpida por cargas policiales, y semanas después seis de sus integrantes recibieron en su casa la notificación de que estaban imputados por varios delitos.

“Somos cabezas de turco”

“Somos cabezas de turco”José García se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados con una petición de cárcel de dos años pesando sobre él, además de una pena-multa de 1.000 euros. García sostiene que no protagonizó ninguno de los hechos que se le imputan, algunos de los cuales ni siquiera llegaron a ocurrir, según denuncia. “Nos acusan de subirnos a las vallas, de romper material de las obras... Incluso uno de los agentes nos ha identificado como los que hicimos los parlamentos durante la concentración, cuando todos los allí presentes sabemos que los parlamentos los hacían los miembros históricos de las asociaciones vecinales”, cuenta García, que se muestra seguro de que él y sus cinco compañeros son “cabezas de turco”.

García recuerda que la manifestación -con un carácter claramente festivo- transcurrió con tranquilidad hasta que unos manifestantes que estaban desplegando una pancarta se negaron a obedecer a la policía, que les ordenaban que se detuvieran. En aquel punto hubo algunas cargas, y, según comunicó la policía, diez mossos acabaron lesionados.

Para García, sin embargo, lo más increíble es que los agentes durante el juicio les han acusado “en plural”. “En ningún momento los agentes nos han identificado directamente, sino que iban hablando de nosotros en plural, como si todos los acusados hubieramos realizado los mismos actos”, relata García, convencido de que este matiz constituye una demostración de que se les quiere meter “en un mismo saco” y hacerles pagar “por el mal que hicimos al proyecto al visibilizar la protesta”.

Doble causa judicial: más probabilidades de cárcel

Doble causa judicial: más probabilidades de cárcelLas penas entre dos y tres años a las que se enfrentan los encausados permitirían cierto optimismo en cuanto a evitar la cárcel -con menos de dos años de pena y sin antecedentes no se entra en prisión- sino fuera porque cinco de ellos están pendientes de otro juicio, en este caso por irrumplir en un pleno del Ayuntamiento de Esplugues en 2009, cuando se votaba una moción sobre el plan Caufec. “Hubo tensiones cuando la policía no dejó entrar a los 300 manifestantes, y casualmente unos meses després nos llegó a cinco de los imputados una citación en la que se nos acusaba de agresiones durante aquella protesta”, recuerda José. “Nos conocen de sobra y tiraron de fichero policial”, denuncia el encausado.

En este caso piden para los acusados entre un años y seis meses y tres años de cárcel. El principal temor para los acusados es que si son considerados culpables en el primer juicio -el que se celebra esta semana- pasarán a tener antecedentes penales, con lo que una segunda condena les haría entrar en prisión con toda probabilidad.