El Ajuntament de Barcelona reclama el indulto de los condenados de Aturem el Parlament
Los 8 condenados a tres años de prisión por hechos de 'Aturem el Parlament', la manifestación que rodeó el Parlament catalán en junio de 2011 para protestar contra los recortes sociales, tienen desde este viernes un nuevo aliado: el Ajuntament de Barcelona. El consistorio de la capital catalana ha aprobado, gracias a los votos favorables de Bcomú, ERC y la CUP y la abstención del PSC, una declaración que reclama el indulto de los condenados que así lo piden.
La propuesta, impulsada por el tercer teniente de Alcaldía, Jaume Asens, y pactada con la CUP, muestra la “preocupación” por unas condenas que consideran “severas y desproporcionadas”. Además insta al Parlament, institución personadas en la causa y que interpuso recursos contra la primera absolución, a “suscribir la declaración” para evitar que los condenados entren en prisión.
Asens ha defendido que las condenas son un “peligroso precedente” puesto que criminalizan el derecho a la manifestación e impone penas ejemplarizantes a unos acusados contra los que los propios magistrados reconocen que no hay pruebas inculpatorias. Del mismo modo, la CUP ha considerado que las sentencias por los hechos del Parlament son exponentes del “derecho penal del enemigo”, buscando castigar la disidencia política “pretendiendo atemorizar a la población con la posibilidad de ir a prisión” por protestar.
Por parte de ERC el regidor Jordi Coronas ha dejado constancia que los hechos sucedidos el 15 de junio de 2011 alrededor del Parlament le parecen “rechazables y condenables”, pero apoyan la declaración presentada ya que consideran las penas desproporcionadas y que responden a un castigo colectivo. “Una sentencia de prisión sin pruebas concluyentes tiene una intención ejemplificante”, ha asegurado. El PSC ha optado por la abstención al considerar también que las penas son desproporcionadas.
CiU, PP y C's han vuelto a votar en bloque contra la propuesta de apoyo a los acusados. El portavoz de CiU, Joaquim Forn, ha considerado que los hechos fueron muy graves y antidemocráticos, mientras que los portavoces de Ciutadans y PP, Carina Mejías y Alberto Fernández, han coincidido en señalar la propuesta como una “injerencia” que no respeta la separación de poderes.
