Tres historias cotidianas que explican el nacimiento del Sindicato de Inquilinos de Barcelona

Adriana, Mercè y Jaime son sólo tres de los muchos vecinos que han vivido una situación de exclusión residencial los últimos meses por los alarmantes precios del alquiler en Barcelona. El incremento en los alquileres –un 9% más caros en la ciudad que hace un año– les ha hecho dejar sus barrios, o les ha hecho asumir un aumento que dilapida su economía familiar. Los tres se han unido al Sindicato de Inquilinos, nacido este martes para luchar por los alquileres justos.

Jaime se topó, de forma inesperada, con un aumento del 30% en su alquiler. Este antropólogo de profesión recibió en febrero un burofax en el que se le alertaba de que, cuando en abril finalizase su contrato tras tres años, el nuevo acuerdo con la propiedad debía pasar de los 800 a los 1.100 euros. Jaime vive en Sant Antoni, barrio en el que los precios han crecido un 12% desde 2014.

Jaime y su pareja entraron a vivir a su piso hace tres años, cuando ya estaba en marcha la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del PP, que hizo pasar la duración mínima de los contratos de cinco a tres años. Jaime es, por tanto, uno de los 44.000 inquilinos que verán finalizar su alquiler entre este año y 2019 en Barcelona. Pese a que él y su pareja intentaron hacer valer que habían sido buenos inquilinos, no hubo negociación posible con la propiedad. Cuando Jaime vio los precios de su alrededor, decidió aceptar los 1.100 euros mensuales.

No tuvo tanta suerte Mercè, vecina también de Sant Antoni. Tras 58 años viviendo en la finca en la que nació, el mes de setiembre del pasado año la propiedad le notificó que le rescindirían su contrato. Sin opción a negociar: su casero quería hacer de sus pisos apartamentos turísticos, después de haber conseguido una licencia. “No hubo nada ilegal, pero yo igualmente me tuve que marchar de mi barrio”, lamenta Mercè. Ella y su hijo han tenido que mudarse a Santa Caterina.

“Nuestro alquiler es prácticamente un sueldo [1.100 euros], y tenemos ventaja porque somos una pareja”, comenta Jaime. Diferente es el caso de Adriana que, cuando se divorció, pese a tener trabajo asalariado –“mileurista”, aclara– tuvo que dejar su piso en el Poblenou. “No lo podía asumir”, indica. La media de alquiler en la ciudad está en los 800 euros. Ante este situación, y con 34 años, Adriana se vio forzada a volver a compartir piso con más personas. En este caso, en Sants.

Pese a que Adriana sabe que su situación no es la más extrema (Barcelona ha detectado en los últimos meses situaciones graves de mobbing inmobiliario), considera que el encarecimiento del mercado del alquiler en la ciudad ha “mermado considerablemente” su autonomía.

Derogar la LAU y un mayor parque público de vivienda

Según ha anunciado en su nacimiento este martes, el Sindicato de Inquilinos perseguirá la defensa de un alquiler “justo, estable y seguro” para evitar situaciones como la de Jaime, Mercè y Adriana. El objetivo pasará por conseguir la “estabilidad” del alquiler, lo que implicará “revisar o eliminar” la LAU del PP del año 2013. Algo que colectivos como la PAH Barcelona también habían pedido en otras ocasiones, calificando la citada ley como la responsable del incremento de precios por la corta duración de contratos que promueve.

Otra de preocupaciones del sindicato será la de velar por un aumento del parque de alquiler público en la ciudad: Barcelona está en un estos momentos por debajo del 2% de parque público. Por contra, ciudades como Estocolmo –según datos del propio sindicato– disponen de un 20% de vivienda social. La clave, según destaca el colectivo, es movilizar los pisos vacíos, algo que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha intentado.

Por último, el Sindicato de Inquilinos quiere luchar contra los fondos de inversión que ahora mismo ejercen compras verticales en la ciudad. Son varias las firmas que adquieren bloques enteros con inquilinos dentro a punto de finalizar sus contratos para no renovarles y luego vender las propiedades. El sindicato quiere presionar a las administraciones para que graven a las empresas que realizan compraventas en cortos períodos de tiempo.

Un espacio de apoyo vecinal

Adriana, Mercè y Jaime echan ahora una mano en el neonato Sindicato de Inquilinos. En el caso de Jaime, incluso ejerce una portavocía compartida. “Asistí a una asamblea... Y allí conocí a cantidad de vecinos y vecinas. En poco tiempo generamos un espacio, un espacio fresco”, destaca el residente en Sant Antoni.

Jaime, que ha vivido la construcción del Sindicato, deja claro que es un espacio para vecinos, no un “lugar de negociación entre entidades”. Eso sí, varias de las plataformas que luchan por el derecho de la vivienda en la ciudad y que son próximas a la alcaldesa Ada Colau –PAH Barcelona o Observatori DESC– han brindado apoyo al proyecto desde buen inicio.

“El sindicato permite que dejemos de vivir nuestros problemas de forma aislada”, apunta Adriana. “Hace falta que nadie se esconda de su situación”, sostiene Jaime. El apoyo del Sindicato irá más allá de una red de soporte personal: el colectivo dará servicio jurídico a los arrendados gracias a la aportación de una cuota de socios (30 euros anuales) que “no será una barrera de entrada para nadie”. “Hay que crear una gran masa de afiliados, por lo que para participar no habrá que aportar obligatoriamente”, argumenta Jaime.

Para hacer crecer esa base se harán talleres para empoderar a los vecinos en materia de derechos del alquiler, haciendo especial hincapié en los barrios periféricos, que todavía se ven afectados de forma tan severa por los incrementos y, por tanto, no cuentan con proyectos vecinales. Adriana, Mercè y Jaime participarán de dichos encuentros: no quieren que nadie más tenga que abandonar su barrio o vivir en la precariedad por culpa de precios desorbitados.