Cataluña evitará los cortes de energía en invierno pero las familias acumularán la deuda
El Govern de la Generalitat ha aprobado este lunes un decreto ley para combatir la pobreza energética. El ejecutivo catalán modificará el Código de Consumo de Cataluña para evitar que las empresas puedan interrumpir durante el invierno el suministro de luz y gas a las familias que se encuentren en situación de pobreza. Sin embargo, pese a la tregua -que dura de noviembre a marzo-, los beneficiados por esta medida acumularán igualmente la deuda de los suministros recibidos, que deberán pagar entre abril y octubre del mismo año.
Los requisitos para evitar la interrupción del abastecimiento de luz y gas, que deberán acreditarse en un plazo de diez días desde que llegue el aviso de corte por parte de la empresa, son tres: que no haya posibilidad de reducir más el consumo de bienes y servicios, que el suministro contractado esté en la modalidad de tarifa social y que los ingresos sean inferiores al indicado de la Renta de Suficiencia. Esto es, que 569 euros de ingresos mensuales por unidad familiar -7.967 al año-, con un incremento de 30% a partir de la tercera unidad. El cumplimiento de estos requisitos se deberá presentar mediante un informe de los servicios sociales.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha anunciado el decreto tras su aprobación en el Consejo Ejecutivo. Homs ha señalado que la medida está incluida en la ley de medidas fiscales y financieras que acompañan los presupuestos de 2014, pero como el PP los paralizó -llevándolos al Consejo de Garantías Estatutarias por la partida de 5 millones de la consulta-, dice que se han visto obligados a aprobarlo por medio de un decreto ley para que entre en vigor cuanto antes, en este caso el 1 de enero de 2014. Con ello, Homs se ha mostrado convencido que se podrá “actuar ante la situación de pobreza energética” con “urgencia”.
Lo que no ha comentado Homs es cómo estas familias que no pueden pagar ahora los suministros podrán hacerlo a partir de primavera, entre abril y octubre, tal y como consta en el decreto. Según el departamento de Empresa y Ocupación -encargado de redactar la medida-, la deuda se pagará “en las condiciones que los usuarios y las empresas suministradoras acuerden”. Fuentes del mismo departamento aseguran que el pago del importe pendiente se hará con una fórmula ajustada a las capacidades del usuario, fraccionado si cabe, pero reconocen que la Administración no intervendrá en el acuerdo entre las dos partes.
ICV dice que se aplaza el problema en vez de resolverlo
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), que presentó una moción en el Parlamento catalán pidiendo un plan de choque contra la pobreza energética -que fue aprobado-, y que luego trasladó al Congreso una proposición de ley similar -rechazada con los únicos votos del PP-, ha criticado este lunes la medida adoptada por la Generalitat. “Dejas al consumidor vulnerable teniendo que negociar con la empresa cómo va a pagar”, ha lamentado Laia Ortiz, diputada en el Congreso de ICV, convencida de que con este decreto “no resuelves el problema, sino que lo aplazas, porque el usuario no podrá pagar”. En la propuesta de los ecosocialistas eran las empresas energéticas las que tenían que hacerse cargo del coste del suministro durante los meses de invierno, “dados los beneficios que obtienen tras su privatización”, apostilla Ortiz.
Además, la diputada de Iniciativa también ha criticado que el decreto “queda muy lejos de cubrir las necesidades de la gente afectada”. Con el umbral económico marcado por la Generalitat, Ortiz cree que se cubre una “ínfima parte” de las 200.000 personas que el año pasado sufrieron cortes de luz en Cataluña. La solución, según ICV, pasa por definir la figura del consumidor vulnerable, existe ya en otros países que cuentan con esta tregua invernal, y protegerlo debidamente. Además de cambiar la legislación.
