Los colegios destrozados por la policía el 1-O acaban el curso sin cobrar los daños
Los armarios destrozados, las ventanas rotas, las puertas reventadas... Todo está arreglado ya en los centros educativos en los que irrumpieron agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil durante la jornada de votación del 1-O. El problema es que todavía no han cobrado los daños. Nueve meses después, todo apunta a que la administración educativa catalana empezará el nuevo curso en septiembre sin haber recibido ni un euro de los 314.000 que se calcularon como desperfectos.
Fuentes del Consorcio de Educación de Barcelona, integrado en su mayoría por la Generalitat, han confirmado a eldiario.es que en los últimos meses el Consorcio de Compensación de Seguros (entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía) ha denegado las demandas correspondientes a la mayoría de centros de la ciudad, en total 56. Los directores de estos colegios recibieron a finales de 2017 varios correos en los que se les apremiaba a presentar denuncias a los Mossos, si no lo habían hecho ya, para justificar las compensaciones.
Si el Consorcio de Educación acudió de entrada al Consorcio de Compensación de Seguros es porque este organismo cuenta con una cláusula de indemnización por “acontecimientos extraordinarios” en España entre los que se incluyen “actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz”. Aun así, se han desestimado las solicitudes, con lo que la Administración educativa recurrirá ahora a SegurCaixa, la aseguradora con quien tiene la póliza por daños materiales.
A estas alturas, solo en la capital catalana el Consorcio de Educación estima que ha tenido que desembolsar alrededor de 100.000 euros para cubrir los desperfectos ocasionados por la actuación policial. Lo ha hecho en dos fases. Los días inmediatamente posteriores al 1-O se repararon todos los destrozos que afectaban al normal desarrollo de las actividades educativas, como pueden ser las puertas de acceso al centro o los armarios. Meses más tarde, se acabaron de arreglar otros desperfectos de carácter más estético, apuntan varios de los centros consultados.
Aparte de las denuncias de los colegios barceloneses, que dependen del Consorcio, en el resto de centros que fueron designados puntos de votación se ha seguido el mismo procedimiento. En este caso, ha sido el Gabinete Jurídico de la Generalitat el que ha aglutinado todas las demandas. Consultado por eldiario.es sobre el punto en que se encuentran los trámites, la Generalitat ha declinado responder.
Por demarcaciones, los desperfectos en Barcelona se calcularon en 98.000 euros. Le siguieron las escuelas de Girona, con 75.000 euros; Tarragona, con 35.000; y Lleida y la comarca del Vallès Occidental, con 30.000 euros respectivamente. En los centros de la demarcación de Barcelona comarcas la factura sube a 25.000 euros; en la Catalunya Central, a 15.000, y en el Maresme y el Vallès Oriental, a 6.000 euros.
En el plano penal, la Generalitat denunció a la Policía, además de por lesiones y amenazas, por daños en bienes públicos y privados por los destrozos que la requisa de urnas causó en algunos colegios. La investigación del juzgado se centra en las lesiones que los agentes provocaron en los votantes, si bien en el sumario también se incluyen las denuncias por los desperfectos presentadas por los directores de centros. Por ejemplo, en el auto por el que este miércoles fueron citados a declarar como imputados dos agentes por agredir a votantes en la escuela Mediterrània, el juez incluye que la directora denunció que reparar los daños materiales provocados por la intervención policial costó 845,74 euros.
