Los 'entes fantasma' del Govern: duplicidad y poca transparencia

Poco después de que Quim Torra accediera en mayo de 2018 a la presidencia de la Generalitat, anunció la creación de una serie de nuevos organismos que, en principio, iban a reforzar los planes independentistas del Govern. Su creación se pactó en la primera reunión del nuevo Ejecutivo catalán y los entes se repartieron entre JxCat y ERC, los dos partidos que sustentan el Govern. Transcurridos 15 meses desde ese anuncio, estos órganos tienen poca relevancia, presentan duplicidades con otras instituciones públicas catalanas y no es posible saber cuánto dinero cuestan exactamente.

Según el pacto alcanzado en junio de 2018, ERC controlaría la llamada Oficina de Derechos Civiles y Políticos, que dependería de la Conselleria de Economía. El objetivo de este organismo sería hacer un seguimiento de “las posibles vulneraciones de los derechos civiles y políticos y dar apoyo a las personas y colectivos que hayan podido ser víctimas”.

JxCat, por su parte, se quedaría con el Comisionado de la Presidencia para el Despliegue del Autogobierno, dependiente de la Conselleria de Presidencia. El cometido de este organismo sería hacer un informe sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 y “dar apoyo a los departamentos de la Generalitat y a las entidades adscritas en el impulso al despliegue del autogobierno”.

En octubre de 2018, unos meses después de anunciar estos dos nuevos órganos, Torra presentó un tercer proyecto del mismo tipo: el Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social. Este organismo, liderado por el exdiputado Lluís Llach, tenía como objetivo iniciar un “foro cívico y social” en el que se debatiera sobre cómo debería ser una hipotética constitución catalana. Para este consejo se juntó a una docena de personalidades de la política catalana, que no cobraban por formar parte de este organismo ni por asistir a sus reuniones.

Si bien el coste del Consejo liderado por Llach es prácticamente cero, los otros dos organismos sí que suponen un gasto para el erario público que a día de hoy es imposible de conocer con precisión. Ninguno de ellos tiene un presupuesto asignado -la Generalitat funciona actualmente con las cuentas de 2017- y el Govern no detalla con exactitud cuánto dinero cuestan ambos entes. Solo precisan que se sufragan con los recursos de las consejerías de las que dependen.

Lo único que se puede saber son los salarios de los nuevos cargos que se eligieron para dirigirlos. El ente controlado por ERC lo dirige Adam Majó, licenciado en filología alemana y exedil de la CUP en Manresa, que percibe un sueldo bruto de 89.200 euros. Majó trabaja junto a una técnica y explica que cuando les faltan recursos les echan un cable desde la Conselleria de Economía.

El ente controlado por JxCat está liderado por Pau Villòria, con un salario bruto de 114.800 euros. Villòria es licenciado en Derecho, pero según el currículum que figura en la web de la Generalitat, nunca ha ejercido de jurista. Toda su carrera la ha desarrollado en el sector público: en la empresa de vivienda pública ADIGSA, en los departamentos de Sanidad, Cultura, Territorio y Empresa de la Generalitat y en el Ayuntamiento de Sant Cugat (Barcelona). Este periódico ha preguntado por escrito cuánta gente trabaja en este Comisionado pero la Conselleria de Presidencia no ha respondido a esta cuestión.

Organismos paralelos

Tanto el Comisionado de la Presidencia para el Despliegue del Autogobierno como la Oficina de Derechos Civiles y Políticos presentan duplicidades con otros entes que existen en Catalunya desde hace años. La Oficina de Derechos Civiles y Políticos, controlada por ERC, presenta semejanzas con el defensor del pueblo catalán, que depende del Parlament y tiene un presupuesto de 6,2 millones de euros. El Comisionado de la Presidencia por el Despliegue del Autogobierno, en manos de JxCat, convive con el Instituto de Estudios de Autogobierno (IEA), cuyo presupuesto es de 1,1 millones de euros y también depende del Departamento de Presidencia.

“El IEA tiene funciones relacionadas principalmente con el pensamiento, el asesoramiento y la investigación en el ámbito del autogobierno con una visión más teórica”, responden por escrito desde la Conselleria de Presidencia sobre la posible duplicidad de estos dos organismos. “El Comisionado, en cambio, tiene funciones de representación y una visión más ejecutiva”.

Adam Majó, director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, explica que el ente que lidera se diferencia del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) en el hecho de que su oficina es un órgano del Govern y el otro depende del Parlament. “Nosotros tenemos menos presunción de objetividad”, señala en conversación telefónica. “El Síndic tiene que garantizar mucho más la apariencia de neutralidad y gestionar equilibrios. Nosotros tenemos más libertad”. También añade que su oficina se focaliza en los derechos civiles y políticos mientras que el Síndic abarca muchos más asuntos.

Preguntado por el hecho de que un organismo relacionado con los derechos civiles y políticos dependa de una consejería como la de Economía, Majó reconoce que el motivo es el repartimiento de estos órganos entre los partidos del Govern. “Es un tema político en el que yo no intervine”, sostiene. “La propuesta salió de ERC y por eso depende de la Conselleria de Economía. Es un tema de repartirse las funciones entre los socios de Govern”. Majó insiste en que su oficina nada tiene que ver con el Departamento de Economía: “Estamos aquí porque dependemos de la vicepresidencia del Govern”.

227 denuncias y tres informes emitidos

¿A qué se dedican estos organismos? El objetivo del Comisionado controlado por JxCat era hacer un informe sobre los efectos de la aplicación del artículo 155, que ya fue presentado en noviembre de 2018. A preguntas de este periódico, desde la Conselleria de Presidencia responden que el Comisionado también gestiona la Casa de la Generalitat en Perpiñán (Francia) con la que “se mantiene un alto nivel de actividad y relaciones institucionales con la Catalunya Norte”.

También aseguran que este comisionado participa en la redacción de la nueva ley del deporte, en el Consorcio de Formación Profesional de Automoción y en la “lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la integridad pública”. En el mismo correo, añaden que “continuarán trabajando en el análisis del estado de reversión de las afectaciones provocadas por la aplicación del artículo 155” y “trabajarán en completar el despliegue institucional de Catalunya”.

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos, por su parte, ha recibido este año 227 denuncias por presuntas vulneraciones de estos derechos. Majó detalla que la función de su organismo es ofrecer “cierto asesoramiento legal” a las personas que presentan estas denuncias, sin llegar a personarse en ninguna acusación porque no tienen ningún equipo de juristas. “Nos ponemos en contacto con estas personas a nivel telefónico para que se sientan apoyadas y escuchadas y entiendan que no están solas”, señala a eldiario.es. “Para mucha gente esto ya es importante”.

Majó detalla que su Oficina no solo se dedica a recibir estas quejas, sino que también hace otro tipo de trabajos que se perciben menos, relacionado con el asesoramiento al Govern y entidades en materia de estos derechos. “También difundimos los derechos civiles y políticos y su debate para darlos a conocer a la ciudadanía”, sostiene. “A su vez, reflexionamos y hacemos propuestas para mejorar la calidad democrática de Catalunya”.

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos presentó un informe el pasado enero en el que alertaban de la existencia de una veintena de grupos de ultraderecha en Catalunya. Posteriormente el Parlament le encargó una “cartografía de la represión del 1-0”, presentada a principios del pasado julio. Según Majó, próximamente presentarán un nuevo estudio sobre los “ataques a la pluralidad política y a la libertad de expresión” en Catalunya durante los últimos dos años.

Las divisiones en el Consejo liderado por Llach

En julio de 2019 Llach daba por disuelto el Consejo Asesor para el Impulso del Fórum Cívico y Social y anunció que “pasaba el relevo a la ciudadanía”. Según el exdiputado, este septiembre empezarán los “debates ciudadanos” para articular una propuesta de constitución que se llevará posteriormente al Parlament.

Las actas de 12 reuniones celebradas entre el 26 de octubre de 2018 y el 22 de febrero de 2019, a las que ha tenido acceso eldiario.es mediante una petición de transparencia, reflejan un organismo con profundas discrepancias entre sus miembros y con dificultades para concretar sus acciones. En algunas actas se constata también cómo los miembros del Consell no prevén que este organismo se disuelva a los pocos meses de haberse creado, tal y como ha acabado ocurriendo finalmente.

“Existen aún profundas discrepancias en relación a cómo estructurar los debates y el objetivo que deben tener”, dice el acta de la reunión celebrada el 13 de enero de 2019, en la que también se ponen de relieve las “profundas diferencias de concepto y objetivos” entre los miembros de este organismo. “Estamos lejos de llegar al consenso en algunos de los puntos básicos”, reitera el acta del 1 de febrero. “Debemos estar atentos por si tenemos que acelerar el proyecto, antes que condenarlo a desaparecer”, se dijo en la reunión del 22 de febrero.

A ninguna de estas 12 reuniones asistieron todos los miembros del Consell. En todas faltaron tres o más representantes y, en alguna de ellas, había solo el 58% de los consejeros. Algunos de ellos, como Antonio Baños, no asistieron a ninguno de estos encuentros celebrados entre octubre y febrero. Otros, como Miquel Puig, también se ausentaron de todos las reuniones excepto la del 22 de febrero, en la que asiste para comunicar al resto del Consell que se presentará en las listas de ERC al Ayuntamiento de Barcelona. El exdiputado de Catalunya Sí Que es Pot Albano Dante-Fachín faltó a ocho de esas 12 primeras reuniones mientras que Àngels Martínez, exdiputada del mismo grupo parlamentario, faltó en siete ocasiones.