El Gobierno estudia tipificar el impago de pensiones como violencia de género

El Gobierno estudiará “con detenimiento” la propuesta de la magistrada Lucía Avilés para incluir en el Código Penal un precepto específico que contemple la violencia económica –tanto el impago de pensiones como el resto de sus modalidades– como un tipo de violencia de género.

Así lo ha anunciado la propia Avilés en Twitter, donde la magistrada titular del juzgado de lo penal 2 de Mataró (Barcelona), ha colgado las respuestas a su petición del pasado mes de octubre que le han dirigido distintos ministerios del Ejecutivo. En uno de los escritos, el Ministerio de Justicia comunica su voluntad de tipificar “de manera especifica y adecuada” la violencia económica como modalidad de violencia de género, tal y como reclama la togada.

La petición de Avilés es pionera e inusual ya que, aunque la ley lo permite, los jueces no acostumbran a proponer al Gobierno cambios en el Código Penal para castigar comportamientos merecedores de sanción penal. Pero Avilés lo hizo al detectar un vacío en la legislación a la hora de castigar la violencia por la que un hombre priva de forma intencionada de recursos a la mujer y/o a sus hijos.

La manifestación más habitual de la violencia económica de género es el impago de las pensiones alimenticias, pero también engloba la apropiación ilegítima de bienes de la mujer o la obstaculización a la mujer para disponer de los recursos compartidos en el ámbito familiar. La norma actual solo contempla el delito de impago de pensiones solo en casos de separación legal o divorcio, y Avilés constató que quedaban fuera otros casos, como por ejemplo supuestos en los que las mujeres trabajan en el negocio familiar sin derechos sociales básicos.

El Ministerio de Justicia ha contestado en una carta a la magistrada. En la misiva, el Ministerio agradece la solicitud de la jueza y asegurará que valorará “con todo interés” la propuesta para “tipificar de manera adecuada” esta forma de violencia de género.

Según expone el Ministerio, la ley contra la violencia de género “merece ser actualizada y adaptada a las nuevas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres”, entre las que se encuentran “de forma expresa” las de naturaleza económica.

“Erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones y garantizar la protección, atención y recuperación de las mujeres que la sufren así como la de sus hijos e hijas debe ser objetivo prioritario de un Gobierno comprometido no solo con el bienestar y seguridad de las personas sino también con la justicia y la igualdad”, apostilla la misiva.