El Govern confirma que el exconvergente David Madí no está registrado como 'lobbista' pese a su intermediación por Uber

La agenda de David Madí es una de las más pobladas de Catalunya. El sumario del caso Voloh da cuenta de ello. El Govern ha dado ahora un nuevo dato al juez que investiga la actividad empresarial de Madí al informar de que el exdirigente de Convergència no está inscrito como 'lobbista' en el registro catalán de grupos de interés, situación que la defensa de Madí niega que tenga trascendencia penal ni administrativa alguna.

El juez Joaquín Aguirre cree que el exhombre de confianza de Artur Mas, hoy dedicado a la consultoría, traspasó una línea roja en los contactos que mantuvo con miembros de la Administración en nombre de las empresas a las que asesoraba, entre ellas Uber. La defensa del empresario, en cambio, alega que estos contactos se enmarcan en la relación habitual de un 'lobbista' con los organismos públicos.

El pasado mes de mayo, el juez Aguirre requirió al Govern si Madí, su esposa y una decena de “sociedades relacionadas” con el exconvergente estaban registrados como grupo de interés o 'lobbista'. El juez expuso que Madí, en su declaración judicial, alegó que sus reuniones y llamadas con altos cargos de la Generalitat estaban amparadas al estar inscrito en el registro de grupos de interés del Govern, pero agregó que no aportó ningún documento para corroborarlo y que “solo por este motivo” ya podría procesarlo por tráfico de influencias.

El Ejecutivo catalán ha respondido que Madí no se encuentra registrado como 'lobbista' y que tampoco “constan” reuniones con el exconvergente en las agendas públicas de los altos cargos.

En conjunto, el Govern ha informado de una veintena de reuniones registradas con altos cargos de dos de las empresas vinculadas con trabajos de intermediación de Madí, Uber y Aigües de Catalunya. Sin embargo en la información entregada al juez por el Ejecutivo catalán no consta una reunión de alto nivel mantenida por Madí sobre la implantación en la comunidad de los vehículos con licencia VTC.

Se trata de un encuentro que, según documentó la Guardia Civil, se produjo el 25 de octubre de 2019. En la reunión participaron Madí y los que por entonces eran máximos responsables de Uber y el departamento de Territorio: el empresario Juan Galiardo, el exconseller Damià Calvet y los altos cargos de la conselleria Isidre Gavín y Pere Padrosa.

En el registro de reuniones con empresas enviado al juez por el Govern –y que es público en virtud de la ley de catalana de Transparencia– solo consta una reunión de Calvet con Uber, celebrada el 30 de octubre de 2018.

Fuentes de la defensa de Madí recuerdan además que la ley de Transparencia, en su artículo 48, excluye del registro de 'lobbis' las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a defender los intereses afectados por procedimientos administrativos –como sería el caso de las VTC–, así como las destinadas a informar a un cliente sobre situación jurídica, o las actividades de mediación o asesoramiento que se realizan “con finalidades informativas para el ejercicio de derechos”.

Pese a la sucesión de encuentros y llamadas con consellers y altos cargos, los negocios de Madí que muestra el sumario del caso no llegaron a prosperar. La reunión con Calvet buscó reactivar las licencias de los vehículos con conductor, pero finalmente la legislación aprobada fue en contra de los intereses de empresas como Uber o Cabify. La Guardia Civil considera que la intención de Madí era eludir la obligación legal de precontratación con 15 minutos de antelación, que finalmente sí se aprobó.

A través de la empresa Global Omnium –de la que es filial Aguas de Catalunya, presidida por Madí–, el exhombre de confianza de Artur Mas también intentó suscribir un contrato con la conselleria de Justicia para analizar las presencia de COVID-19 en las aguas residuales de las cárceles catalanas, pero la operación no fructificó. Los contactos, según los investigadores, los hizo Madí a través del teléfono en pleno confinamiento con el entonces secretario general de Interior, Brauli Duart, uno de sus hombres de confianza en el Govern.

Al margen de las reuniones con el Govern que investiga el juez Aguirre en Barcelona, Madí tiene otra causa abierta ante la Fiscalía Europa por la que declarará como investigado este martes y que nace de uno de los pinchazos telefónicos acordados en el caso Voloh.

Se trata de una conversación entre Madí y el apoderado de una consultora, en la que asegura que, con la patronal Foment del Treball de la que forma parte, se reunió con Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para abordar el funcionamiento de los fondos europeos.

“Hay que establecer un canal para entrar. Yo me vi con Foment, formo parte de Foment, y tuvimos una reunión... de pequeño comité.... con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son 140.000 millones”, señalaba Madí en la conversación, de octubre de 2020 y que fue intervenida por la Guardia Civil.

La patronal negó que la reunión, en la que participaron más de una docena de empresarios, sirviera para repartir los fondos y la situó en sus encuentros institucionales habituales. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a investigar Madí por la charla sobre los fondos europeos al entender que sería una causa “prospectiva” que conculcaría sus “más elementales derechos”, pero la Fiscalía Europea, encargada de investigar cualquier asunto relacionado con un eventual desvío de fondos europeos NextGeneration, se quedó con el caso después de que se la enviara el juez.