Los jueces acusan al Parlament de “bloquear” el 25% de castellano y llevan la nueva ley lingüística al Constitucional

Habrá cambio de togas, pero la escuela catalana seguirá en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha consumado este viernes el envío de una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto del Govern y la nueva ley que aprobó el Parlament sobre la enseñanza de las lenguas oficiales al entender que la nueva normativa es un “fraude de ley” para “bloquear” la sentencia que impuso un 25% de clases en castellano.

En un duro auto, la Sala de lo Contencioso–Administrativa del TSJC que dictó la sentencia del 25%, con el visto bueno de la Fiscalía, la Generalitat y la Abogacía del Estado, pide al Tribunal Constitucional que analice si la nueva normativa catalana –aprobada con el apoyo de PSC, ERC, Junts y comuns– vulnera la Carta Magna y al Estatut.

El Consejo de Garantías Estatutarias, el 'TC catalán', ya ha dictaminado que las normas son plenamente legales, pero los magistrados del TSJC lo dudan. Según los jueces, el modelo lingüístico que introducen el decreto y la ley “no permite reconstruir la posición del castellano en paralelo a la del catalán sin incurrir en fraude de ley”. Las nuevas normas mantienen el catalán como vehicular pero por primera vez garantizan el castellano como lengua de enseñanza.

En un enfrentamiento institucional sin precedentes, los jueces acusan al Govern y al Parlament de pretender “bloquear” tanto la aplicación de la sentencia del 25% como “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”. Los togados mantienen que los otros dos poderes quieren “negar” el carácter vehicular del castellano en las aulas catalanas y convertir en “imposible” el 25% con la nueva normativa.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han informado a favor de plantear la cuestión de inconstitucionalidad y también lo ha hecho la Generalitat, que cree que si el tribunal tiene dudas sobre la nueva normativa lingüística, debe elevarla al Constitucional para que, de esa forma, el Ejecutivo de Pere Aragonès y el Parlament pueda defenderla ante esa instancia judicial.

Los jueces creen que el Govern ha aprobado un nuevo marco normativo inconstitucional para burlar su sentencia, pero por ahora evitan pedir a los togados de la Sala Civil y Penal que investiguen al conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, por desobediencia. No se ahorran reproches a las nuevas normas, que según los jueces impiden fijar “un criterio de garantía mínima –sea porcentual, numérica o de otro género– de la presencia y uso de las lenguas”.

Las normas que ahora se han aprobado, abunda el TSJC, responden a un modelo lingüístico diferente, en el que “una lengua se configura como preferente a la otra, como la única de uso vehicular normal, lo que desborda el objetivo de normalización social del catalán, que es lo que el modelo constitucional admite en el marco de una paridad lingüística”.

En su auto, la sala contenciosa del TSJC reprocha a la Generalitat que haya “utilizado de forma abusiva la institución de la legislación de urgencia”, haciendo un uso “arbitrario” de la misma, al usar de forma “irregular” el decreto ley con la “voluntad manifiesta de apartarse del cumplimiento” de la sentencia del 25%. El objetivo del Ejecutivo y el Legislativo catalán, según los jueces, es “bloquear” su sentencia y “la garantía del uso docente del castellano en términos constitucionalmente aceptables”.

Para la Sala, el nuevo marco normativo adolece de inconstitucionalidad porque establece el catalán “como única lengua de uso vehicular normal, esto es, como lengua habitual”, mientras que el castellano “queda ceñido a la enseñanza de la propia lengua y literatura”, sin fijar ninguna proporción mínima de uso. El papel que el nuevo modelo da al castellano como lengua curricular y educativa determina, para el TSJC, “su exclusión como lengua vehicular con carácter general”, lo que, a su juicio, no resulta “compatible” con la Constitución.