Con la excusa de los recortes presupuestarios, el 8 de febrero de 2011 el Gobierno de la Generalidad acordó suspender provisionalmente nuevas ofertas de empleo público. El Institut Català de la Salut (ICS) no ha hecho ninguna convocatoria desde 2010. Si añadimos medidas como el aumento de la jornada laboral, queda claro que se trataba, y se sigue tratando, de preparar más reducciones de plantilla y, en general, de llenar de precariedad el sector público.
En efecto, la falta de convocatorias ha venido acompañada de una pérdida importante del total de empleados públicos. Los datos oficiales son sumamente opacas y no cuadran. Así, del registro general de personal de la Generalitat se deduce que hay unas 6.832 personas menos trabajando, resultado de restar la cifra de 159.294 de junio de 2015 de los 166.126 trabajadores que había en el mismo mes de 2010. Esta pérdida se sitúa en un 55% en los sectores sanitario y docente. Pero la documentación presentada por el ICS, para explicar su Plan de Ordenación de Recursos Humanos, dice que sólo en esta institución se ha perdido entre 2010 y 2014 un 13,6% de sus empleados, pasando de 41.729 a 36.070 (5659). Una pérdida muy superior a aquel 55%. Suerte que tenemos ley de transparencia.
El 21 de Julio de este año, el Gobierno anunciaba un acuerdo, en contra del conjunto de los sindicatos de la Mesa de la Función Pública, para convocar 1.230 plazas repartidas entre los ámbitos de la Salud (340), Enseñanza (300), Bomberos (153), Asistencia Social (70), Inspección tributaria (20) y cuerpo técnico de gestores tributarios (40), entre otros. Para intentar darle un sentido a lo que no tiene, el Gobierno dice que se trata de 'cubrir ámbitos y sectores prioritarios', como si estos no estuvieran ya cubiertos por contrataciones temporales.
La oferta, también según el Gobierno, da cumplimiento a la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2015, que establece que sólo se pueden aprobar ofertas de empleo público ajustadas a la tasa de reposición de efectivos, siendo ésta del 50%. Aunque habría que ver cómo se ha calculado esta tasa, es patente la insuficiencia de la oferta. Convocar 340 plazas en el ICS, cuando calculamos unos 12.000 puestos de trabajo cubiertos interinamente, es una burla. Más que una burla, como veremos enseguida. La convocatoria deja a la mayoría de empleados públicos de Catalunya condenados a seguir siendo interinos/as por un largo plazo de tiempo, si tienen mucha suerte, o, si no tienen tanta, a atar un contrato precario con otro, de acuerdo con la tendencia global de precariedad del mercado laboral.
Por cuestiones ideológicas, si se pueden considerar como tales los objetivos de reducir el Estado por el Gobierno actual, la reposición de los empleados de las instituciones públicas no ha sido nunca una cuestión prioritaria, sino más bien un punto a olvidar. En un acto celebrado en el campus de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona el pasado mes de septiembre, Mas-Colell quiso dejar claro: “hemos encontrado los mecanismos para hacerle frente -a la recesión-, tales como la no-utilización de la vía funcionarial para dotar de personal las universidades catalanas”. Ninguna novedad. Es lo que hace 35 años que intentan hacer con el ICS, por mucho que su personal sea estatutario, no funcionario. Y si pueden hacer depender este personal de empresas externas, mucho mejor.
Pero buscando más explicaciones, miramos por qué Enseñanza ya ha declinado la oferta y ha optado por no llevar a cabo su convocatoria y en cambio el ICS continúa tirandolo adelante. ¿Por qué el ICS mantiene en pie una convocatoria que no cumple los objetivos que deben cumplir las convocatorias, de estabilizar la plantilla y asegurar condiciones de igualdad salarial y derechos laborales, contribuyendo así a una mejora de la calidad asistencial? El objetivo del ICS con esta convocatoria no es otro que ahorrarse que el personal que lleva más de 5 años de interinidad pierda la posibilidad de cobrar el complemento por su carrera profesional, reconocida en el II Acuerdo de la Mesa sectorial de Negociación.
Aparte de la agravación y la perpetuación de las desigualdades salariales y laborales entre trabajadores públicos que ello conlleva, presentarse a esta convocatoria-trampa ridícula implica pagar unas tasas de examen e invertir tiempo y dinero en cursos preparatorios a pesar de tener unas posibilidades reales muy exiguas de obtener plaza, haciendo cómplices a los propios trabajadores del mercantilismo que practica la propia Administración.
Se podría decir: quien lo vea tan claro que no se presente, que se presente sólo la gente que pierde la posibilidad de cobrar la carrera profesional, que no podemos ir regalando carreras. Pero no, la perversión de la maniobra del ICS va mucho más allá. Las personas que decidieran no presentarse porque saben que esta no es la convocatoria de su vida, quedarían penalizadas en la Bolsa de Trabajo. Porque se desprende del último acuerdo de la Bolsa de Trabajo que, aparte de los cursos y del tiempo trabajado, también suma méritos presentarte a la oposición, y aprobar la convocatoria. Como se llega a estos acuerdos con la administración, y qué sindicatos lo firman, es la gran pregunta.
Sin duda, son perversiones como ésta las que hacen desconfiar de la posibilidad de un estado propio mientras sea dirigido por la gente de siempre. Es necesaria la retirada inmediata de esta convocatoria trampa, hasta que no se acuerde una nueva con la parte social. Hay que anular una convocatoria que oprime los derechos laborales, en vez de intentar asegurarles, al tiempo que da al ICS todas las facilidades para la autodestrucción que anhela.
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