Pagos indebidos, sobrecostes y desorden: la Sindicatura saca los colores a la contratación COVID del Govern

El inicio de la pandemia puso patas arriba a todas las administraciones, que tuvieron que hacer frente a situaciones de urgencia sanitaria para las que no estaban preparadas. Casi dos años después de aquel terremoto, la Sindicatura de Comptes, el órgano de fiscalización catalán, ha analizado la contratación de emergencia realizada durante el año 2020 por la Generalitat y ha hallado que, pese a que la mayoría de los contratos fueron correctos, también hubo pagos “indebidos”, según sus palabras, sobrecostes en algunos bienes y servicios y, en general, mucho desorden en los expedientes.

Uno de los casos más flagrantes reflejados en el informe es el llamado 'expediente 69'. Se trata de un contrato con Innjoo Technology para obtener 300 respiradores de ventilación mecánica por valor de 4,4 millones de euros, firmado en abril de 2020. Esta adquisición fue adjudicada “a una empresa extranjera unipersonal que tiene un único trabajador, y su objeto social no incluye la actividad objeto de contrato”, según hace notar el informe de la Sindicatura, que subraya que en el momento de la adquisición esos respiradores aún no contaban con la licencia de la Agencia del Medicamento.

Pero las sombras sobre este expediente crecen porque, después de que ocurriera este intercambio, el Departamento de Salut le hizo al proveedor un pago incorrecto de 7,9 millones por encima del precio referido, debido a un fallo informático en la compensación de las facturas. El informe detalla que, en el mes de julio, el Instituto Catalán de la Salud reclamó al proveedor el importe de la deuda pendiente pero, “en la fecha de finalización del trabajo de campo, este importe no había sido resarcido en la Tesorería de la Generalitat”.

El expediente 69 es solo uno de los casos a los que el informe apunta en todo un compendio de caos en la contratación a lo largo de los casi 10 meses analizados. La Sindicatura ha revisado en total 6.114 contrataciones, por valor de 704 millones de euros, de los cuales se han hallado problemas en más de 200 expedientes. Uno de los más frecuentes ha sido el de los sobrecostes. Así ocurrió por ejemplo en contrataciones del propio ICS, o también del Consorci Sanitari de Terrassa, que facturaron materiales que no se incluían en el contrato, o en otros dos casos del ICS, en los que hubo un recargo de 260.000 y 440.000 euros sobre el importe previsto en la resolución, porque se entregaron suministros superiores a las cantidades acordadas.

En un expediente de compra de mascarillas FFP2 a China, cerrado en octubre de 2020, la Sindicatura ha detectado que según los albaranes se entregaron 422.400 unidades menos de las acordadas, lo que supone que 206.976 euros se perdieron. U otros dos casos, en esta ocasión por prestación de servicios, en el que los costes total superaban “de forma significativa el precio de adjudicación del contrato”, con unas desviaciones detectadas de 570.005 y 438.206 euros. Además, hasta en hasta una decena de expedientes el ICS decidió modificar los términos de la compra en medio de la ejecución de los contratos, según recoge la documentación aportada.

A lo largo de una decena de páginas de conclusiones, la Sindicatura hace un repaso somero de lo que fueron varios meses en los que el desorden se instaló en los órganos de contratación, que bajo el estado de alarma corrieron a hacer contratos inmediatos, sin concurrencia pública ni concursos. En muchos de los casos los problemas detectados tienen que ver con que falta documentación, algunos de los trámites no se cumplieron o la justificación del organismo no es satisfactoria. En sus alegaciones tanto el ICS como otras instituciones sanitarias del sector público reclaman tener en cuenta la situación de presión con la que trabajaron.

Pese a todo eso, la Sindicatura también saca los colores al Govern por uno de los contratos más polémicos y, también, más abultados económicamente, como fue el contrato adjudicado a Ferrovial para las labores de rastreo de positivos en junio del año 2020, por valor de 17 millones de euros. El informe subraya que esta adjudicación se hizo mediante varias modificaciones del contrato que Salut ya tenía en marcha para gestionar el teléfono de información sanitaria 061, lo que supuso un aumento del precio de un 50% desde el inicio. Pero, además, indica que se incumplieron los plazos para dar publicidad a una de las modificaciones y que, las otras dos, “se tramitaron con posterioridad al inicio de la ejecución de los gastos que los motivaron”.

Con todos estos casos sobre la mesa, la Sindicatura hace varias recomendaciones. La primera es que, aunque está permitido, se eviten cerrar contratos verbales pero, en el caso de que sea imprescindible, que se deje posteriormente constancia por escrito. El informe ha detectado 71 expedientes en los que no se formalizó el contrato de forma documental. Además, sobre la nueva normativa aprobada por la Generalitat para la contratación de emergencia, la Sindicatura recomienda que se evite habilitar a organismos concretos o en situaciones concretas a hacerlo. Por último, el informe urge al Govern a reclamar a tres proveedores en concreto a devolver los pagos abonados en exceso.