El Parlament abre la vía para que Borràs no pierda la presidencia si es juzgada por corrupción

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, está imputada y pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por un caso de presunta corrupción durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. Esta condición supone una espada de Damocles sobre la cabeza de la jefa de la Cámara, pues el reglamento impone que de abrirse un juicio por corrupción contra cualquier diputado, este quede apartado de forma automática, hasta que se resuelva el proceso penal. En el caso de Borràs, esta suspensión de “derechos y deberes” le impediría seguir ejerciendo como presidenta.. Por esta razón, la dirigente de Junts persigue desde hace tiempo un cambio en el reglamento que la blindaría hasta que haya sentencia, algo que en todo caso deberán validar los partidos.

 Este martes, en la reunión de la Mesa, los letrados del Parlament han expuesto un informe sobre esta cuestión, en el que han propuesto modificar, entre otros, el artículo 25.4 del reglamento, el que afecta directamente a la presidenta. El informe, avanzado por El Periódico, causó sorpresa en el resto de grupos, que conocieron este mismo lunes que la presidenta lo había encargado y que entraba en el orden del día de la reunión del órgano rector este martes. La presidenta había utilizado sus atribuciones para reclamar este informe, aunque en ningún momento se había planteado el caso del artículo que le afectaba, sino simples “mejoras” en el reglamento para eliminar o clarificar artículos que pudieran dar lugar a posibles equivocaciones o choques de interpretación.

El artículo en cuestión es fruto de una modificación impulsada en su momento por la CUP para cerrar el paso a los diputados salpicados por casos de corrupción. El redactado concreto dice: “En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata”. Es decir, que la presidenta quedaría apartada tan pronto como el TSJC le citase a juicio. Pero Borràs no es la única afectada, pues otros dos diputados de ERC, el líder del grupo, Josep Maria Jové, y Lluís Salvador, podrían correr la misma suerte si siguen adelante las causas que pesan contra ellos por su participación en el referéndum del 1-O.

Esta disposición, entienden los letrados, “no tiene ningún precedente ni referente” en otros reglamentos parlamentarios y es problemático en tanto que introduce la suspensión del ejercicio de un derecho fundamental antes de que haya juicio y, por tanto, sin respetar la presunción de inocencia. Por ello, según afirman los juristas, plantea “serias dudas de constitucionalidad” que harían conveniente eliminarlo. Plantean por ello cambiarlo por una suspensión para los diputados condenados por sentencia firme.

El artículo que aparta a los procesados por corrupción no es el único que está bajo la lupa de los letrados. Otra de las cuestiones que plantea el informe es la opción de un introducir un título inicial para establecer que el Parlament “es inviolable y solo puede ser disuelto antes del fin de la legislatura en los supuestos establecidos por el Estatut”. Con esta medida los letrados creen que se podría dificultar una disolución como la ocurrida en año 2017 mediante el artículo 155, que en su momento el cuerpo de técnicos de la Cámara ya llevó ante el Constitucional, aunque este avaló la media del Gobierno de Mariano Rajoy.