Los 4 días en los que se tambaleó el 9-N
El tono de gravedad imposible de disimular con el que el conseller Homs ofreció la comparecencia ante los medios, rayando las tres de la tarde del viernes, daba una señal inequívoca. Las cosas en el salón Virgen de Montserrat, donde estaban reunidos los representantes de los grupos del bloque de la consulta junto con los miembros más destacados del Govern, no iban nada bien. “Les comunico que la reunión continuará esta misma tarde y de no acabarse hoy continuará este fin de semana”, rompía Homs para pasar a enumerar los tres acuerdos pírricos que podía anunciar.
“Primero, mantener la convocatoria con tal de que la ciudadanía pueda participar y ejercer su derecho a voto el próximo 9 de noviembre. Segundo, reclamar al Tribunal Constitucional que con la misma celeridad con la que respondió a la suspensión levante esa suspensión tanto de la ley como de la convocatoria. Tercero, hacerles saber que en esta reunión se hará un análisis exhaustivo de cómo mantener la convocatoria del 9 de noviembre”. En realidad, el portavoz solo estaba anunciando que no había nada que anunciar. El cónclave seguía. Que la convocatoria no se había dado por extinguida era evidente desde que fue Homs y no Artur Mas quien cruzó la puerta de la sala de prensa. El levantamiento de la suspensión al Constitucional lo habían reclamado el martes y es una obviedad solo menor que el tercer punto, el de que iban a hacer un “análisis exhaustivo”.
El Constitucional cierra el camino
El conseller que daba la cara en las horas más aciagas era el mismo que había abierto la crisis de la convocatoria del 9-N, tres días antes. El martes Francesc Homs compareció ante la prensa después de la reunión semanal del Govern para anunciar que, pese a que intentarían seguir adelante, acataban el mandato del Tribunal Constitucional emitido un día antes y suspendían la campaña y preparativos del 9-N.
Aquella decisión sentó como una patada en ERC y la CUP. Mientras que los primeros, que son el principal apoyo del Govern de Mas y vienen sosteniendo una estrategia de imagen responsable y “de país”, contuvieron las formas centrando sus dardos en el Constitucional, la CUP criticó con dureza la decisión del Ejecutivo. “Se están tomando medidas que nosotros no quisiéramos tomar”, apuntó, enérgico, el diputado Quim Arrufat, “no entendemos que se haya retirado la campaña, y no creemos que sea una actitud acorde a los deseos de la mayoría social”.
Artur Mas siempre había sido explícito respecto a consensuar todos los cambios en la hoja de ruta con los partidos del bloque soberanista. Sin embargo, el martes había sido su gobierno, y concretamente él, quien había tomado la decisión de retirar la campaña. El argumento esgrimido por Homs fue proteger a los funcionarios, que podrían llegar a tener problemas judiciales si continuaban con los preparativos del plebiscito en contra del dictado del Constitucional. El miércoles, el president Mas mantuvo reuniones bilaterales con Junqueras, Herrera y Fernàndez en su despacho del Parlament y, finalmente, convocó una reunión con todos ellos para el viernes en el Palau de la Generalitat. El 9-N pendía de un hilo.
ERC, ICV-EUiA y la CUP se conjuran para seguir adelante
La razón de proteger a los funcionarios no terminó de convencer ni a Esquerra ni a la CUP, cuyos líderes se vieron a solas el jueves para preparar la cumbre del viernes. Los dos se mostraron de acuerdo en que había margen para continuar los preparativos echando mano de los trabajadores públicos que voluntariamente habían mostrado su disposición a continuar con el 9-N hasta el final. Tanto para Junqueras como para Fernàndez era urgente reactivar la campaña puesto que el calendario se les echaba encima.
Herrera, por su parte, no estaba de acuerdo con el empleo de funcionarios, ni siquiera voluntarios, contra el mandato del Alto Tribunal. Lo que sí convinieron los tres fue agotar todas las vías posibles para celebrar la consulta en los términos pactados el 12 de diciembre. Había una cuestión de fondo que pesaba como ninguna otra en el bloque a tres con el que ERC, ICV-EUiA y la CUP pensaban presionar en la reunión del viernes para seguir adelante con el 9-N: En el encuentro del miércoles en el Parlament, Artur Mas había sondeado a Junqueras sobre la posibilidad de formar una lista conjunta. No era la primera vez, pero el hecho de producirse justo después de la providencia del Constitucional y con la campaña bloqueada unilateralmente por el Govern, hacía presagiar que el president había abandonado la intención de celebrar la consulta y quería cambiarla por un adelanto electoral en clave de plebiscitarias.
La opción de las elecciones plebiscitarias ha sido recurrente una y otra vez desde el comienzo del proceso. Esta es una opción que brinda un desenlace en las urnas sin saltarse la legalidad constitucional española. Es la apuesta del Consejo Asesor para la Transición Nacional y su presidente Carles Viver Pi i Sunyer, uno de los hombres que forman el círculo político más cercano a Artur Mas. En su informe de julio de 2013 el Consejo Asesor recomendaba las plebiscitarias como la opción con más garantías dentro de las vías alternativas a la celebración de la consulta. Aún hay una razón de peso más para celebrar las anticipadas con lista única entre ERC y CiU, o más probablemente CDC. El partido de Mas está en su peor momento electoral, con todas las encuestas en contra que le pronostican una segunda caída histórica tras el varapalo de 2012. El president necesita una salida resolutiva para el proceso, pero también para su partido. Una lista única sería la opción que mejor le permitiría esconder su debilidad y mantenerle en el Govern.
Para Junqueras, que rechazó de plano negociar en este momento un escenario de anticipadas con lista única, las cosas son distintas. ERC vive un momento dulce con el electorado que sin embargo no le permitiría ni en el mejor de los casos gobernar en solitario. El líder independentista considera que aún puede seguir rascando votos desde las filas de CiU y desde las del ya mermado PSC. A Esquerra, en definitiva, no le convienen unas elecciones autonómicas a corto plazo.
Tampoco para Iniciativa las plebiscitarias son aceptables. Ha rechazado por activa y por pasiva una lista única de los soberanistas y ha apostado por la consulta como única salida al proceso. Sin embargo, a los ecosocialistas no les vale una consulta de cualquier tipo. Las “garantías democráticas” que han reiterado una y otra vez significan, por ejemplo, no poner a los funcionarios entre la espada y la pared. “El Constitucional y el Gobierno tienen mecanismos para impedir esas garantías”, reconocía el miércoles el secretario general de Iniciativa, Josep Vendrell, al que le parecía “razonable” haber paralizado los preparativos. Pero para el jueves, después de reunirse por separado con Junqueras y Fernàndez, Herrera consideraba que la única forma de salir del atolladero legal era apelar al mínimo común de la consulta y agotar las posibilidades de celebrar el 9N aún aflojando las condiciones de las “garantías democráticas”.
Conocedor de la postura que mantendrían el resto de partidos la mañana siguiente, el jueves por la noche Mas hizo un último gesto de buena voluntad firmando el decreto de nombramiento de los miembros de la Comisión de Control, el organismo encargado de ejercer de junta electoral el 9N.
El viernes más largo
Los representantes de los partidos y el Govern fueron llegando al Palau de la Generalitat antes de las 11 de la mañana. Acudían, por el Govern, el president Artur Mas y la vicepresidenta Joana Ortega, además del conseller de presidencia, Francesc Homs. Por los partidos, el portavoz del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull, el líder de UDC, Ramón Espadaler, los líderes de ERC, Oriol Junqueras y Marta Rovira, los de ICV-EUiA, Joan Herrera y Joan Mena, y los diputados de la CUP, Quim Arrufat y David Fernàndez.
Las cosas estaban así: Por parte de CiU y el Govern la intención era explorar las posibilidades de realizar la consulta, pero entendían que tras la providencia del Constitucional las posibilidades de hacerla de forma legal y sin poner en riesgo a funcionarios –o incluso la propia institución de la Generalitat– era mínima. Apostaban por cualquier fórmula que supusiera una salida democrática al proceso sin llegar al enfrentamiento abierto con el Estado, donde, consideraban, tienen las de perder. Unió marcaba las líneas rojas. Para ERC y la CUP, en cambio, desobedecer era la opción más plausible, ya que no consideraban ni por un momento cambiar la consulta del 9-N por algo que no fuera la consulta del 9-N. Pero mientras la CUP no tenía problema en enfrentarse con Mas y abandonar el bloque –Fernàndez había amenazado con levantarse de la reunión si el president proponía elecciones–, Junqueras no podía permitirse un enfrentamiento público con el Govern que sería interpretado como una muestra de deslealtad. Iniciativa, por último mantenía una posición intermedia. Por un lado, optaba por mantener el 9N y desplegar la ley de consultas. Por otro lado, no a cualquier precio, y siempre en los márgenes de la legalidad.
Las posturas parecían irreconciliables al comienzo de la cumbre pero, durante las más de siete horas de reunión de la jornada, las diferencias fueron limándose. Todos convinieron en la necesidad de no romper la unidad y por fin hubo acuerdo en mantener la consulta. Así lo escenificaron en la comparecencia celebrada ante los medios pasadas las 10 de la noche. El bloque se empleó a fondo en escenificar que la unidad por el 9-N estaba salvada.
La hoja de ruta para llevar a cabo la consulta, sin embargo, no salió a flote durante una rueda de prensa marcada por el secretismo. Si se relee el informe del CATN sobre las vías alternativas para celebrar una consulta, uno de los párrafos del octavo punto contiene una fórmula que, a priori, podría poner de acuerdo a todas las formaciones. Dice el CATN: “Una posible alternativa consistiría en que la organización de la consulta correspondiera exclusivamente a entidades de la sociedad civil, si bien contando con el respaldo indirecto de la Generalitat y de los ayuntamientos”. Un ‘Arenys’ a lo grande.
Esta opción, que fue considerada durante la reunión, tiene sus pegas. El Consejo desaconseja esta vía por la “fácil campaña de desprestigio desde los actores e instituciones contrarios a la consulta por su inutilidad (presentada como ilegal y anticonstitucional), previsible escasa o insuficiente participación, deslegitimación de los resultados –también en la esfera internacional–, problemas logísticos de organización, etc”. Pero hay que tener en cuenta que el informe está escrito en 2013, cuando todas las demás vías estaban vigentes. A día de hoy, la mayoría de las propuestas del informe han sido implementadas y fracasadas. Si es o no esta última bala la fórmula que consensuaron los partidos en el Palau solo podrá despejarse con el transcurso de los días. Lo único seguro es que, por el momento, la consulta sigue. Por el momento.
