Artur Mas busca que los voluntarios del 9-N le salven de la inhabilitación
“Somos la avanzadilla de lo que vendrá”. Así se expresaba Artur Mas el pasado viernes sobre el juicio por la consulta simbólica del 9-N. El expresident se ha encargado de calentar el arranque del juicio enmarcándolo en una escalada represiva del Estado contra el proceso soberanista. Mas y las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega se enfrentan a diez y nueve años de inhabilitación por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por haber continuado con el 9-N pese a la suspensión del Tribunal Constitucional. Los tres declararán este lunes.
La clave del juicio es determinar si los tres acusados desobedecieron al Constitucional una vez el Alto Tribunal suspendió la consulta soberanista el 4 de noviembre del 2014. En una providencia, el TC aceptó la impugnación al 9-N que había interpuesto el Gobierno el 31 de octubre, y acordó la suspensión de cualquier actuación de la Generalitat relativa a la consulta.
A partir de ahí, según la Fiscalía, Mas encabezó “una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión” del Constitucional, y continuó con la organización del 9-N. Lo hizo, para la acusación pública, “intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad”. Por contra, la defensa de Mas argumenta que el expresident obedeció en todo momento al TC, y descarga en los voluntarios toda responsabilidad en la ejecución del 9-N desde su suspensión.
Con este argumento, Mas vuelve a usar a los voluntarios de la consulta, en este caso para intentar salvarse de una condena penal. Antes lo hizo para capitalizar en exclusiva el éxito de movilización que fue el 9-N. Logró lo que deseaba y ERC se avino a formar la lista de Junts pel Sí. No está nada claro que ahora repita victoria: la misma estrategia no impidió que fuera procesado tras la fase de instrucción.
“Cumplimiento absoluto” con el TC
Según su defensa, el expresident interrumpió la gestión y organización del 9-N a partir de la providencia del TC. Una actuación de “cumplimiento absoluto” con el Alto Tribunal. Y ahí aparecen los más de 40.000 voluntarios que sostuvieron la votación. El escrito de defensa dice que “nunca se convocó oficialmente” a la ciudadanía a votar desde la Generalitat, sino que “se dio la oportunidad a los ciudadanos de organizar un proceso participativo”.
Las acusaciones, por contra, creen que Mas, Rigau y Ortega “generaron la apariencia” de que paralizaban la preparación de la consulta desde el 4 de noviembre hasta el momento de la votación, “cuando en realidad no era así”.
Por si no fuera suficiente con el argumento de la obediencia total y de los voluntarios, los tres políticos llegan a poner en duda la providencia del TC que suspendió todas las actuaciones “de preparación de la consulta o vinculadas a ella”. Las defensas consideran la orden del Alto Tribunal “demasiado indeterminada y abstracta” y creen que no reúne los requisitos necesarios para justificar las consecuencias penales por desobediencia. La Fiscalía, por contra, lo tiene claro: “No había margen de duda en cuanto al contenido de la suspensión”.
No obstante, la Fiscalía no lo vio siempre así. En un primer momento, los fiscales catalanes se opusieron a encausar a Mas porque consideraron, al igual que ahora hace la defensa del expresident, que no existió una orden concreta del TC sobre las consecuencias de la suspensión de la votación. Finalmente la Fiscalía General del Estado impuso la querella que ha terminado en juicio. Mas explotará los bandazos de la Fiscalía ante el tribunal.
Fuera la providencia clara o imprecisa, Mas sostiene que acató al TC en todo momento. “Es sorprendente que el acusado de desobediencia fuera el único que mostró interés en obedecer”, remacha el escrito de defensa.
Como los acusados insistirán en su inocencia ante el tribunal, las bases para una eventual condena saldrán de la documentación que obra en la causa y de las declaraciones de los testigos. En este sentido, resultarán clave los testigos de los inspectores del departamento de Enseñanza para averiguar si desde la Generalitat se instó a abrir los colegios pese a la suspensión. También una carta del director gerente del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI), Jordi Escalé, en la que comunicó a la empresa T-Systems que “ninguna de las actividades” del encargo para el 9-N que hizo la Generalitat “resultaban explícitamente afectadas” por la resolución del Constitucional.
La vista oral del juicio del 9-N durará toda la semana. Ante el tribunal se alternarán los discursos políticos con los alegatos de contenido jurídico para salvar a Mas, Rigau y Ortega de la inhabilitación. La decisión que tome el tribunal, presidido por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos y que completan los magistrados Carlos Ramos y Eduardo Rodríguez, será de calado: una condena liquidaría las opciones de Mas para volver a la primera línea política.
Mas ha repetido que se trata de un “juicio político” y da por descontada la condena, por lo que ya ha avanzado su intención de acudir a la justicia europea. Con todo, el expresident no ha escondido que tiene ganas de declarar –aunque no ha aclarado si rechazará contestar a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones populares, como hizo en fase de instrucción. Jugará el partido, aunque cree que perderá.
